Ayuso apuesta por las rebajas fiscales mientras calcula que la crisis reducirá un 4% la recaudación de sus impuestos en 2023

La crisis económica que se vislumbra en 2023 pondrá a prueba los presupuestos autonómicos de récord que este miércoles ha presentado la Comunidad de Madrid y su política de rebajas fiscales. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha combinado en su anuncio una cifra de gasto nunca vista (27.738 millones de euros); la previsión de que la recaudación de los impuestos propios y los cedidos se re...

La crisis económica que se vislumbra en 2023 pondrá a prueba los presupuestos autonómicos de récord que este miércoles ha presentado la Comunidad de Madrid y su política de rebajas fiscales. El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso ha combinado en su anuncio una cifra de gasto nunca vista (27.738 millones de euros); la previsión de que la recaudación de los impuestos propios y los cedidos se reduzca el próximo año un 4%; y la apuesta firme por seguir aprobando recortes fiscales en la Asamblea regional. El proyecto de ley de las cuentas, cuya entrada en vigor depende del voto favorable de Vox, y que se sustenta sobre un incremento del 17% de los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, ha provocado la crítica inmediata de la oposición de izquierdas.

“Estos Presupuestos son imposibles”, ha afirmado Alejandra Jacinto, la portavoz de Podemos. “No se pueden hacer dos cosas a la vez”, ha argumentado. “No se pueden anunciar bajadas de impuestos y, simultáneamente, un incremento de gasto”, ha ejemplificado. “O bien no cumplirán el volumen de inversiones, o bien le pegarán un golpe para arriba a la deuda”.

En la misma línea se ha expresado Mónica García, líder de Más Madrid: “Son unos presupuestos obsoletos, porque siguen apostando por las rebajas fiscales de los ricos, como Liz Truss [la breve ex primera ministra británica], en lugar de hacer caso al consenso económico global y al sentido común”.

“Le pido al PP que tenga responsabilidad”, ha reclamado, finalmente, Juan Lobato, portavoz del PSOE. “2023 es año electoral”, ha recordado sobre los comicios municipales y autonómicos de mayo. “Eso merece un presupuesto de consenso, porque estamos ante un año de transición”.

Sin embargo, el PP y Vox están convencidos de la solidez del proyecto, por lo que afrontan con optimismo los días decisivos de la negociación para aprobarlo antes de finales de año. Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha avalado las previsiones macroeconómicas regionales este mismo miércoles, pese a considerar optimista la estimación de crecimiento del PIB para 2022 (4,6%) y 2023 (1,8%).

Casi 400 millones menos

“La estimación de ingresos es extremadamente prudente”, ha defendido el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. “Calculamos que el año que viene recaudaremos menos [por impuestos propios] de la previsión de recaudación que tendremos a 31 de diciembre de este año”, ha seguido durante una rueda de prensa en la que le ha acompañado el número dos del Gobierno, Enrique Ossorio. “Para los tributos cedidos y propios hemos calculado un 4% menos de lo que estamos recaudando en lo que llevamos de año”, ha añadido tras la reunión semanal del consejo de Gobierno. Y ha subrayado: “[En los Presupuestos] se consolidan todas las bajadas de impuestos. No se recoge ni se recogerá ninguna subida de impuestos, por más que pretenda eso el Gobierno de la Nación”.

En lo que va de 2022, la política de rebajas fiscales del Ejecutivo regional ha incluido una deflactación del IRPF y nuevas bonificaciones de ese impuesto para casos concretos. Aunque esas reformas sumarán un impacto negativo para las arcas autonómicas de casi 400 millones de euros si se activan en su conjunto, la Consejería de Hacienda no contempla que la recaudación del IRPF vaya a bajar. Así, en el departamento que dirige el consejero Javier Fernández-Lasquetty aseguran que la reducción en la recaudación vendrá por el lado de los impuestos que gravan los actos jurídicos documentados, las transmisiones patrimoniales, y las sucesiones y donaciones.

“El impuesto de transmisiones patrimoniales está ligado a la compraventa de viviendas en su mayor medida”, ha argumentado un portavoz gubernamental. “En 2022, el mercado inmobiliario ha estado muy activo, pero se prevé un estancamiento de esa evolución”, ha añadido. “Sucesiones y Donaciones tampoco tiene un comportamiento homogéneo, por eso procuramos siempre ser prudentes en la estimación de ingresos”.

Sin embargo, este último impuesto está bonificado en la región al 99% entre cónyuges, padres e hijos por decisión del Ejecutivo, que además acaba de aprobar en la Asamblea la ley que amplía hasta el 25% la bonificación del impuesto entre hermanos, tíos y sobrinos. A ese recorte voluntario en los ingresos públicos, finalmente, se le quiere añadir próximamente, por ejemplo, la activación de una tarifa cero para nuevos autónomos y madres que se reincorporan al mercado laboral, según anunció Ayuso en el último debate sobre el estado de la región.

Rescate al metro

En contraposición, aumentan todos los gastos. Sanidad se dispara hasta los 9.789 millones (11,4% más, pese a que la cifra es inferior a lo gastado en 2020 y 2021, dos años marcados por la pandemia). Educación, hasta los 6.279 (9,1% más). Y Políticas Sociales llega a los 2.450 millones (11,8%). De esta manera, estas tres áreas suman el 72% de un presupuesto en el que también crece la inversión para sostener a la compañía del metro, que vive una grave crisis económica.

No es un dato menor. La compañía pública estimó en su balance de 2021 que necesitaría un rescate de 150 millones de euros por parte de las arcas regionales, si el coste de la electricidad no bajaba. Tras cerrar ese curso con pérdidas de 57 millones de euros, los nuevos presupuestos le conceden en 2023 una cifra muy cercana a la que calculaba para el peor escenario: 158 millones de euros más que en 2022 (pasa de 1.345 millones a 1.503, un 11,7% más).

Nada refleja mejor que el proyecto se ha elaborado, y se va a negociar con Vox, en medio de un escenario de máxima incertidumbre. Un 2023 marcado por la guerra en Ucrania, los precios de la energía, y las consecuencias de la pandemia, pondrá a prueba los nuevos presupuestos si finalmente se aprueban en la Asamblea.

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