Esther Gómez, consejera de la EMT: “Almeida está protegiendo al hijo de un ex alto cargo de Esperanza Aguirre”

Esther Gómez (Madrid, 49 años) es concejal de Más Madrid y consejera de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde 2015. A principios de este mayo, EL PAÍS desveló que Pablo Pradillo, jefe de división de la EMT e hijo de un exalto cargo de Esperanza Aguirre, cobró una comisión del 3% (150.000 euros) por ayudar a una constructora a ganar una adjudicación de la compañía pública. La empresa y la Oficina Anticorrupción...

Esther Gómez (Madrid, 49 años) es concejal de Más Madrid y consejera de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) desde 2015. A principios de este mayo, EL PAÍS desveló que Pablo Pradillo, jefe de división de la EMT e hijo de un exalto cargo de Esperanza Aguirre, cobró una comisión del 3% (150.000 euros) por ayudar a una constructora a ganar una adjudicación de la compañía pública. La empresa y la Oficina Anticorrupción del Ayuntamiento de Madrid han concluido que el trabajador cometió una “falta muy grave”, pero descartan cualquier sanción porque habría “prescrito”. Gómez, a la que han negado una copia del expediente, acusa al Gobierno del PP de “proteger” a Pradillo y no querer investigar el caso.

Pregunta. ¿Cómo valora que la EMT considere prescritos los pagos recibidos por Pablo Pradillo?

Respuesta. Nosotros pensamos que no ha lugar. Nos basamos en que Pradillo, ya en sede judicial, a respuesta de una de las preguntas de los abogados, dijo que la última factura la emitió en junio de 2021. Su labor no era solamente asesorar a la empresa durante la oferta, sino también durante el periodo de ejecución de la obra; y esta obra todavía no había finalizado a principios de este verano. Luego, perfectamente, los servicios de Pradillo se han podido estar dando hasta hace unas semanas. Por lo tanto, para nosotros no es una falta que haya prescrito y, por eso, vamos a pedir en el pleno de septiembre en Cibeles, [la sede del Ayuntamiento de Madrid], que se le abra un expediente disciplinario para sancionar lo que ya sabemos y nosotros ya afirmábamos, aunque negaba la EMT, que es una ilegalidad lo que se ha cometido.

P. ¿Cree que el Ayuntamiento no ha querido investigar este caso?

R. Absolutamente. Ha puesto problemas desde el primer minuto. Para empezar, desde que fueron conocedores de la noticia, han estado ocultando la información. No se nos ha informado de nada a los consejeros durante todo este tiempo. Ha habido una ocultación continua, una falta de transparencia y nosotros llevamos pidiendo, ya desde hace varios meses, que se nos facilite la copia del expediente informativo completo de Pradillo. Se nos está negando continuamente. El Ayuntamiento y Almeida están ocultando cosas y, además, están protegiendo a este trabajador, que no deja de ser el hijo de un alto cargo de Esperanza Aguirre.

P. ¿Por qué cree que el Ayuntamiento ha actuado así?

R. Nosotros vemos claro que esto es un caso más de un familiar de un alto cargo del Partido Popular. Pablo Pradillo entró en la EMT prácticamente a dedo, sin ningún proceso de selección, por ser el hijo del anterior gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con Esperanza Aguirre, que también fue en su momento consejero de EMT. Por lo tanto, era una persona de la casa del Partido Popular. Está claro que se ha pretendido protegerle. Es un nuevo caso de una comisión pa’ la saca de familiares, amigos y conocidos del entorno del PP.

P. ¿Por qué piden la dimisión del gerente?

R. Pensamos que ha ocultado información y que no ha actuado como la ley le obligaba. Una de las cosas que deja clara el informe de la Oficina Antifraude, basado también en un informe de la Dirección General de Función Pública, es que lo que ha hecho Pablo Pradillo es ilegal. No es compatible con la ley de incompatibilidades del personal que trabaja en la Administración Pública. También saben que se ha incumplido el código ético de la EMT. Tenían que haber tomado medidas cuando fueron conocedores de la situación. Ellos lo sabían, como mínimo, desde que fueron a declarar al juzgado en febrero de este año.

P. El director de la Oficina Antifraude insta a que, más allá de que haya podido prescribir la falta grave de Pradillo, el Ayuntamiento tome medidas para evitar estas prescripciones. ¿Les han traslado algún avance desde el Ayuntamiento en este sentido?

R. Nada. Hay oscurantismo y falta de información. No se puede permitir que unos hechos prescriban. Está claro que la dirección de la EMT y el PP han estado dilatando todo el procedimiento, y eso no se puede volver a consentir.

P. ¿Cree posible que el gerente y el otro alto cargo que declararon en un juicio no informaran a la cúpula política de la EMT?

R. Pues, sinceramente, no me lo creo.

P. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, dice que este contrato se aprobó un día antes de que ellos llegaran al poder y, por tanto, este contrato formaría parte del anterior equipo de gobierno. Es decir, de ustedes...

R. La decisión de esta mesa de adjudicación, un día antes o después, habría sido la misma. A menos que lo que esté insinuando el señor Almeida es que ellos no iban a seguir el informe de la mesa de adjudicación. Resulta patético que lo que pretenda el señor Almeida es hacer cargar al anterior equipo de gobierno con esta ilegalidad. Es el PP el que tiene que dar estas explicaciones. ¿Por qué han estado ocultando información?, ¿por qué se ha protegido a alguien que ha cometido una ilegalidad?

P. ¿Borja Carabante, como presidente de la EMT, ha sido transparente desde que se conoció el caso?

R. Él es el máximo responsable porque es el presidente y delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Son todos responsables políticos. Aunque jurídica y administrativamente haya prescrito, hay una responsabilidad política. Es un acto muy grave. Estamos hablando de más comisiones pa la saca. Son 150.000 euros, un 3%, que no deja de ser un modus operandi similar al caso de las mascarillas de la pandemia en el Ayuntamiento, con Luis Medina y Alberto Luceño.

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