Podemos y sus aliados llevan al Tribunal Constitucional la ‘ley Uber’ de Ayuso

Podemos, sus aliados del grupo Confederal del Congreso (En Comú Podem; Galicia en Común; Bildu y ERC), y los del grupo Plural, se han unido para llevar al Tribunal Constitucional la reforma de la ley de transportes impulsada en junio en la Comunidad de Madrid por PP y Vox con el fin de que los vehículos con conductor (VTC) que compiten...

Podemos, sus aliados del grupo Confederal del Congreso (En Comú Podem; Galicia en Común; Bildu y ERC), y los del grupo Plural, se han unido para llevar al Tribunal Constitucional la reforma de la ley de transportes impulsada en junio en la Comunidad de Madrid por PP y Vox con el fin de que los vehículos con conductor (VTC) que compiten con el taxi (Cabify, Uber, Bolt) puedan seguir operando en la región. Así lo ha anunciado este martes, durante la segunda jornada del debate del estado de la región, Alejandra Jacinto, coportavoz del partido de Ione Belarra en la Asamblea autonómica, y aspirante a ser candidata regional en las elecciones de 2023 si se impone en las primarias internas del partido. Los proponentes piden que la reforma sea declarada inconstitucional y que se anule.

“Mientras sucede este debate, se registra un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias municipales”, ha dicho Jacinto. “No son ustedes nadie para hundirle la vida a 25.000 familias pisoteando la autonomía municipal”, ha añadido. “Lo que ha quedado claro es que usted se ha situado al lado de empresas trasnacionales como Uber, al lado de la ilegalidad. Necesitamos proteger nuestros servicios públicos, con tarifa regulada, frente a los monopolios”, ha añadido. “Frente a cada tropelía suya, se encontrarán con una acción judicial nuestra”.

Podemos y sus aliados consideran que la reforma legal invade las competencias municipales en materia de transporte urbano al otorgar autorización para realizar transporte urbano en el conjunto de la Comunidad a todas las VTC que ya tenían autorización nacional. “Es una intolerable invasión y vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local garantizada en los artículos 137 y 140, que supone una grave degradación de los servicios públicos locales de transporte urbano de viajeros, con afectación al interés general local y a sus ciudadanos”, se lee en el recurso, al que ha accedido EL PAÍS. “La Comunidad de Madrid se ha excedido inconstitucionalmente en la regulación establecida en la norma impugnada”, se añade, subrayando que la modificación, según los recurrentes, también atenta contra el principio de igualdad.

En cumplimiento de un decreto estatal, Madrid tenía que aprobar la norma antes de octubre para que las VTC pudieran seguir operando en la región como hasta ahora. Lo hizo en junio, con el apoyo de Vox, y a cambio de comprometerse al siguiente desarrollo reglamentario con la extrema derecha: los taxis y sus competidores compartirán las mismas condiciones en los servicios previamente contratados; y se acabará con la restricción de que un mismo titular no pueda tener más de tres licencias de taxi. Además, este lunes, durante su intervención en el debate del estado de la región, Ayuso dio más detalles sobre una reglamentación que aún está en proceso de elaboración, y contra la que los taxistas se están movilizando.

“Los taxis podrán circular las 24 horas todos los días de la semana, se autorizarán los servicios mediante coche compartido, donde los usuarios tendrán la opción de reservar una única plaza en un vehículo que lleve a otras personas, reduciéndose de esta manera el precio para cada uno de ellos”, dijo Ayuso, calculando que eso permitirá ingresar hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos. “En lo que respecta a los VTC (...) los conductores deberán superar un examen obligatorio que incluirá conocimientos del idioma español, la ciudad de Madrid y puntos clave de la Comunidad, así como del manejo de dispositivos de navegación”, añadió, en un intento de reducir la distancia que separa los requisitos que deben cumplir estos profesionales y los taxistas. “Además, no podrán tener antecedentes por delitos de naturaleza sexual y la antigüedad del carnet de conducir será como mínimo de un año”, recalcó. “En el caso de que la empresa cancele un viaje precontratado con anterioridad, estará obligada a resarcir al cliente con la misma penalización que si fuera el usuario quien lo incumpliera”.

Unos cambios que no han cerrado el conflicto abierto entre los dos medios de transportes, uno con precios regulados (taxi) y otro sin regular, y que se extiende desde hace años por la calles de la región. El siguiente capítulo se vivirá en el Tribunal Constitucional.

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