La factura infinita del tren sin acabar de Aguirre: la constructora pide 53 millones tras recibir 162

El tren que Esperanza Aguirre prometió para unir Móstoles con Navalcarnero no ha llevado nunca a un solo pasajero, pero sus costes han ido vaciando de dinero público la tesorería de la Comunidad de Madrid a la misma velocidad que si fuera un AVE: el gobierno regional comunicó a la Asamblea en diciembre que la constructora reclama 53,4 millones de euros por la parte de la infraestructura que está acabada, pese a que ese mismo mes el consejo de Gobiern...

El tren que Esperanza Aguirre prometió para unir Móstoles con Navalcarnero no ha llevado nunca a un solo pasajero, pero sus costes han ido vaciando de dinero público la tesorería de la Comunidad de Madrid a la misma velocidad que si fuera un AVE: el gobierno regional comunicó a la Asamblea en diciembre que la constructora reclama 53,4 millones de euros por la parte de la infraestructura que está acabada, pese a que ese mismo mes el consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó pagarle 162 por unos restos abandonados e incompletos, como adelantó EL PAÍS. Así, el desembolso millonario por una obra prometida en 2005, abandonada sin acabar en 2010, y por la que nunca ha circulado ni un solo convoy, es de nuevo materia de discusión judicial.

“Se trata de una reclamación por obras complementarias que OHLA dice que ejecutó y cuyo importe reclama”, explica un portavoz gubernamental sobre la comunicación enviada por el Ejecutivo a la Asamblea, a la que accedió este diario. “Esas obras no estaban previstas, no están soportadas por ningún contrato ni encargo, y por tanto no existen a efectos de la Administración y no se pueden pagar”, asegura. “Eso ya se reflejaba en el informe de los técnicos que establecieron el importe de las obras sí ejecutadas y reconocidas, y que efectivamente se pagó a finales de diciembre a OHLA”.

La constructora comunicó la recepción del dinero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a finales de 2021, y elevó la cifra final hasta los 188 millones: 123,4 por la infraestructura, 39 por la demora en el pago, y 25,9 en concepto de IVA.

La Comunidad no ha aclarado qué le impidió vincular el pago decidido en diciembre con el compromiso de que la constructora no emprendiera nuevas acciones judiciales o renunciara a las que ya tenía en marcha. Este diario se puso en contacto con la constructora para conocer su versión del nuevo conflicto judicial, sin obtener respuesta. OHLA valoraba el activo en sus cuentas en 203 millones, y había reclamado casi 240 en los tribunales.

Todo empezó así. En 2007, OHL gana el concurso de 360 millones de euros para construir y explotar la línea que uniría a Móstoles con Navalcarnero, dando servicio a 225.000 personas. La inauguración se espera para 2013. A mitad de camino, sin embargo, llegan los cambios que encarecen el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). Una puerta abierta al choque judicial que ha acabado teniendo un frente penal relacionado con la infraestructura.

Así, el magistrado Manuel García-Castellón ha abierto juicio oral en el marco del caso Lezo contra el expresidente Ignacio González al ver “indicios racionales de criminalidad” en la concesión de las obras, ya que presuntamente habría cobrado parte de una comisión de casi 2 millones de euros.

Mientras se resuelven todas esas diferencias, los túneles tapiados languidecen a la espera de cumplir con su cometido. Desde la carretera se observa la cicatriz abierta entre las dos poblaciones para acoger las vías del tren, que nunca se pusieron. Y allí siguen esperando los vecinos a que llegue el tren, muchos tras haberse mudado a la zona atraídos por el anuncio de Aguirre, que aseguró que 225.000 madrileños se beneficiarían del transporte público gracias a la obra.

No parece que la solución a sus problemas esté próxima. La Comunidad de Madrid considera el proyecto un fiasco, entre otras cosas porque no le correspondía a ella llevarlo a cabo: fue Aguirre quien decidió rivalizar con el Gobierno de España al impulsar un tramo de la red de cercanías, que es de competencia estatal. Con ese argumento, el Ejecutivo de Díaz Ayuso espera ahora que el Estado se haga cargo del final de la obra. Una tarea compleja: además de completar las partes del trazado que faltan, habría que auditar las que ya están construidas para auscultar cómo les ha afectado el paso del tiempo y la falta de uso.

De hecho, durante la tramitación de los Presupuestos generales del Estado para 2022, Más Madrid presentó enmiendas en el Congreso y el Senado para que se incluyera una partida destinada a acabar la obra. No fueron aprobadas en ninguna de las dos Cámaras. Todo un indicio de que el futuro del tren que debería unir Móstoles con Navalcarnero es tan negro como su pasado.

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