La Fiscalía pide el archivo de la causa de los sabotajes al Isabel Zendal porque no hay nadie al que acusar

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo de la causa por los sabotajes al hospital Isabel Zendal denunciados por el Gobierno regional. En un escrito remitido al juzgado de instrucción número 9, el ministerio público pide el sobreseimiento del proceso por “falta de pruebas sobre la autoría de los hechos”. En febrero de este año, la Comunidad aseguró que en el centro sanitario se ...

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo de la causa por los sabotajes al hospital Isabel Zendal denunciados por el Gobierno regional. En un escrito remitido al juzgado de instrucción número 9, el ministerio público pide el sobreseimiento del proceso por “falta de pruebas sobre la autoría de los hechos”. En febrero de este año, la Comunidad aseguró que en el centro sanitario se habían producido hurtos, activaciones de alarmas y llamadas anónimas en las que se alertaba de un incendio en las instalaciones.

La policía comenzó a investigar tras la denuncia interpuesta por el coordinador de gestión del Servicio Madrileño de Salud para el hospital por lo que consideraban daños “al parecer intencionados”, ocurridos en diversas instalaciones y aparatos “prácticamente desde su inauguración”, en diciembre de 2020. “Son cosas imprescindibles para salvar la vida de un paciente”, aseguró en su momento Raquel Heras Fernández, la supervisora de gestión de productos, equipamiento y tecnología sanitaria del hospital.

En la denuncia detallaban que había desaparecido instrumental y utillaje médicos que, en su mayoría, se encontraba en los denominados “carros de parada” ubicados en la UCI, aunque esos robos o hurtos se produjeron en otras dependencias, como en la unidad de cuidados intermedios. El argumento principal de la fiscalía es que, “a pesar de la investigación policial llevada a cabo”, no hay nadie al que acusar con pruebas.

Otra de las incidencias que registraron los responsables del hospital fue la activación de la alarma de incendios de manera manual. Según la Comunidad, este dispositivo se encendió desde el cuarto de celadores del pabellón 2, en la madrugada del 24 de diciembre de 2020. Al ponerse en marcha la alarma, también comenzó a sonar en el edificio la locución de voz que insta a la evacuación del edificio. Esta circunstancia causó, según la Fiscalía, “gran temor y desasosiego entre el personal sanitario y trabajadores que se encontraban en aquellos momentos, pero sobre todo entre los 65 pacientes que en aquella madrugada estaban ingresados en el hospital”.

El ministerio público sí ha comprobado que, en efecto, se encendió la alarma de incendios hasta en ocho ocasiones en poco más de 10 minutos sobre la una de la madrugada. “Todas de manera manual y todas desde el mismo lugar″, recalca. El escrito de la fiscalía subraya que a través de los informes técnicos de la empresa instaladora “quedó descartado el fallo en el sistema” y que, de haber habido un error técnico, “en ningún caso hubiera activado la locución de voz para evacuar el edificio”, porque está diseñado precisamente para que esta locución no se ponga en marcha en caso de fallo.

Un investigado

Llegó a declarar ante el juez como investigado un celador, pero, para la fiscalía, no ha quedado acreditado que haya ningún testigo de los hechos. También argumenta que, al no existir grabaciones, tampoco se puede dirigir la acusación contra una persona en concreto porque, además de que la puerta de celadores estaba cerrada sin llaves, “esa madrugada había más personas, además del investigado, trabajando en el hospital por lo que cualquiera de ellos pudo activar la alarma”.

Cuando la Comunidad de Madrid hizo públicas estas circunstancias no señaló a nadie en concreto como sospechoso, pero sí apuntaba al propio personal del centro. “No sabemos qué tipo de profesional ha sido, aquí hay muchos de distintas categorías, pero tiene que ser alguien de aquí”, afirmaba Heras Fernández en febrero. “No ha sido económico, ha sido para fastidiar”, aseguraba tajante la supervisora, quien añadía: “Hay que ir dejando a un lado la parte política porque nosotros somos sanitarios, no políticos. Lo que nos están haciendo es de juzgado de guardia”.

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