La lucha de Miguel Vázquez para que los mayores tengan en las residencias un defensor

Cuando el mes pasado un hogar de mayores de Madrid expulsó a una residente por supuesta mala conducta, la familia encontró al otro lado del teléfono la ayuda experta de Miguel Vázquez. Este abogado jubilado de 69 años es el presidente de Pladigmare, una asociación de derechos en residencias que ha ganado fuerza gracias al boca a boca, las múltiples apariciones en medios de comunicación durante la pandemia y la inagotable tenacidad de Vá...

Cuando el mes pasado un hogar de mayores de Madrid expulsó a una residente por supuesta mala conducta, la familia encontró al otro lado del teléfono la ayuda experta de Miguel Vázquez. Este abogado jubilado de 69 años es el presidente de Pladigmare, una asociación de derechos en residencias que ha ganado fuerza gracias al boca a boca, las múltiples apariciones en medios de comunicación durante la pandemia y la inagotable tenacidad de Vázquez.

El presidente de Pladigmare no pudo impedir que Los Nogales Hortaleza echara a la calle a Pilar Larena, una persona con enfermedades psíquicas que llevaba seis años en el centro, pero reveló a la prensa lo sucedido y con posterioridad la Fiscalía anunció que está investigando el desalojo, que la residencia efectuó sin una orden judicial. La familia de Pilar, quien ha sido realojada en otro centro, lamenta que antes de la expulsión las autoridades ignoraron sus denuncias. “Sin Pladigmare, nos habríamos sentido desamparados”, afirma agradecida la hermana, Concha.

Vázquez sospecha que esta expulsión no es un caso aislado y dice que ha trascendido gracias a que Concha es socia de Pladigmare y se rebeló contra el atropello. En las residencias, afirma, casi nadie denuncia lo que sucede dentro. Los trabajadores temen un despido, la empresa protege con celo su imagen y las familias quedan a ciegas.

Él querría que las 475 residencias en Madrid tuvieran un consejo elegido por familiares y residentes, de modo semejante a las asociaciones de padres de alumnos en el mundo educativo, pero la Comunidad de Madrid solo tiene constancia de 26 centros con un órgano de participación (llamados por ley consejos de usuarios o de residentes), según las respuestas del Gobierno regional este año a dos solicitudes de acceso a información pública de Pladigmare, que significa Plataforma por la Dignidad de los Mayores de Residencias. Estos consejos son una rareza a pesar de que desde 2003 la ley madrileña exige que las residencias públicas y las concertadas, cerca de la mitad del sector en Madrid, tengan estos órganos. (Vean al final del artículo la tabla con las 26 residencias que sí disponen de un consejo conocido).

“En una residencia, los trabajadores tienen un comité sindical y la dirección de la empresa a la patronal. Los únicos sin representantes son los residentes”, se queja Vázquez. Estos órganos son escasos porque son demasiado incómodos, según él: “Las empresas no quieren que las cosas que pasan salgan de las cuatro paredes de una residencia”.

Esto lo sabe Vázquez por experiencia propia. Antes de liderar Pladigmare, tuvo a su madre en una residencia que se negaba a formar uno de estos órganos.

Aquella batalla empezó en 2007, cuando Eugenia Sarti ingresó con 90 años en la residencia de Usera, un centro público de la Comunidad cuya gestión lleva años cedida a empresas. Pronto, Vázquez notó las carencias del centro de 160 residentes, en particular la notable escasez de cuidadores, pero también el maltrato. Cuenta que un día llegó a ver a su madre sin previo aviso y se encontró con que los empleados la habían castigado. Estaba sentada sobre su silla de ruedas, encerrada entre dos mesas en el rincón de un pasillo.

“Me puse hecho un basilisco”, recuerda él. “Junto a ella estaban cuatro o cinco trabajadores charlando tranquilamente”.

Hablando con familiares supo que los problemas eran generales y decidieron organizarse. Siguieron “el proceso habitual de toma de conciencia”, explica. Primero, cuatro o cinco se reunieron en un bar; más tarde, para dar cabida a un grupo creciente, reservaron un local del Ayuntamiento; sacaron una octavilla llamada Sabías Que, dirigida a las familias; mandaron una carta firmada por 110 personas al Defensor del Pueblo y al consejero de Asuntos Sociales; Vázquez fue entrevistado por la cadena SER.

El hijo de Eugenia actuó como un investigador que busca arrojar luz sobre un mundo oscuro. En la web, apenas había información sobre el centro, la legislación que lo regula o el contrato con la empresa que lo gestionaba entonces, Aser. Tampoco los políticos mostraban tanto interés como ahora por el bienestar en residencias. “Estábamos totalmente en blanco sobre el tema”, dice Miguel.

Él tenía experiencia en estas lides tan desiguales. En los ochenta, cuando era mecánico del Metro de Madrid y representante sindical, estudió Derecho porque estaba harto de que la empresa “se las diera con queso” a los trabajadores, aprovechando su desconocimiento. Se sacó la carrera por la UNED en seis años y más tarde fue promocionado al departamento jurídico del suburbano.

De nuevo, sus conocimientos jurídicos valieron su peso en oro. Averiguó que la ley madrileña es clara: como residencia pública, el centro de Usera debe tener un consejo participativo. En julio de 2012, la Defensora del Pueblo les dio la razón y mandó una carta a la Comunidad, recordando que la empresa adjudicataria estaba obligada a aceptar el órgano.

La votación se celebró el 29 de abril de 2013 en el salón de fisioterapia, donde fue colocada la urna. Fueron elegidos tres representantes, un presidente, un secretario y una vocal. Eugenia había muerto en diciembre de 2012, pero Vázquez seguía involucrado en la lucha de la residencia de Usera. Otros familiares firmaron autorizaciones para que pudiera acceder al centro.

La fiesta democrática duró poco. Desde el inicio, la empresa que acababa de asumir la gestión, Quavitae (propiedad de un fondo de capital riesgo británico), trató de sabotear el consejo impidiendo sus reuniones mensuales, según Andrés Campos, yerno de una residente. La residencia hacía oídos sordos a sus reclamaciones para mejorar el servicio. Prueba de que tenían razón es que las inspecciones de la Comunidad detectaron grietas, humedades y suciedad generalizada. Entre 2014 y 2019, la Comunidad impuso a la multinacional francesa DomusVi, que absorbió a Quavitae, sanciones por 101.387 euros.

Otro problema del consejo era que la mayoría de familiares no podían votar ni ser elegidos. Solo los familiares con tutela reconocida por un juez podían participar. Esta limitación dejó fuera a personas muy involucradas, como Campos. Con los años, el consejo de residentes de Usera perdió fuelle y tras la marcha de las personas más implicadas lleva tres años desierto.

Otras residencias han intentado seguir el ejemplo del consejo de Usera, pero según Pladigmare es frecuente el boicoteo de las empresas, que a veces esconden la convocatoria entre los anuncios del tablón y luego informan de que el órgano quedó vacante porque “no hubo candidatos”.

Pladigmare reclama una reforma de las normas madrileñas para que todas las residencias, incluidas las privadas, estén obligadas a tener estos consejos. También pide que participen familiares sin tutela y que la Comunidad sancione a las residencias que boicotean estos órganos. Estos consejos tendrían voz durante las inspecciones y conocerían el presupuesto. Además del consejo, proponen una Asamblea general que reúna a todas las familias y residentes cada tres meses.

Un pequeño avance este año, muy lejos de lo que pide Pladigmare, ha sido la introducción obligatoria de una “comisión de menús” formada por familiares y usuarios en las residencias privadas que concierten plazas con la Comunidad.

Si estas irregularidades se dieran en guarderías, todo el mundo estaría poniendo el grito en el cielo

Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare

Vázquez espera que se mantenga el impulso que la pandemia ha dado a su joven asociación, fundada en 2016. Pladigmare ha triplicado el número de familiares y residentes involucrados hasta llegar a cerca de 600 personas y esta primavera se han asociado a grupos similares de otras 11 comunidades autónomas para crear la primera plataforma estatal del ramo. Vázquez es uno de los tres portavoces.

Aunque hoy parezca difícil de creer, hasta hace cinco años no había asociaciones en Madrid para defender los derechos de las personas que viven en estos hogares colectivos. En parte esta ausencia se explica por lo rápido que ha crecido el número de residencias de mayores, un negocio que prolifera por la necesidad de dar cuidados a una sociedad con cada vez más personas dependientes.

Muchos asociados a Pladigmare son hijos de víctimas que han denunciado el triaje para acceder a hospitales públicos que la Comunidad impuso en la primera ola. Otros han llegado a la asociación para combatir irregularidades como la falta de personal, la calidad de la comida o la limpieza, o simplemente porque buscan asesoramiento.

En Madrid, otra asociación de familias con fuerza es Marea de Residencias, nacida en 2019. Las dos surgieron gracias al impulso del exdiputado madrileño de Unidas Podemos Raúl Camargo, que puso en contacto a familias de varias residencias donde había reclamaciones. Camargo no mantiene vínculos con Pladigmare y Vázquez lleva años tratando de desprenderse de unas acusaciones de politización que interesan a la patronal. Mantiene diálogo frecuente con representantes de todos los grupos de izquierda, pero ni PP ni Ciudadanos les reciben.

Vázquez cree que la mera existencia de los consejos contribuiría a que muchos familiares presten más atención a sus mayores. Lamenta que muchos familiares apenas visitan a sus mayores e ignoran lo que sucede en las residencias.

“Si estas irregularidades se dieran en guarderías, todo el mundo estaría poniendo el grito en el cielo”, compara él. “Al final, se trata de acabar con el edadismo, la idea de que los mayores son trastos inútiles a los que solo les queda morirse”.

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