La revancha del PP en la Asamblea de Madrid: de ser investigado, a investigar al Gobierno de Pedro Sánchez
Díaz Ayuso aprovecha su triunfo para impulsar una comisión sobre los contagios en Barajas tras seis años en los que se fiscalizó la gestión y corrupción de su partido
Tras el triunfo electoral del 4-M, el PP contraataca. La Asamblea de Madrid lleva seis años reduciendo a un puñado de frases demoledoras el cuarto de siglo de esta formación al frente de la Comunidad de Madrid. “No se ha hecho una gestión en defensa del interés público”. “La contratación no ha sido transparente”. “Las instituciones gobernadas por el PP pudieron ser utilizadas por los responsables de dirigi...
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Tras el triunfo electoral del 4-M, el PP contraataca. La Asamblea de Madrid lleva seis años reduciendo a un puñado de frases demoledoras el cuarto de siglo de esta formación al frente de la Comunidad de Madrid. “No se ha hecho una gestión en defensa del interés público”. “La contratación no ha sido transparente”. “Las instituciones gobernadas por el PP pudieron ser utilizadas por los responsables de dirigirlas para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales”. Son las conclusiones de cinco comisiones de investigación impulsadas entre 2015 y 2021 por los partidos de la oposición. El resultado de la minoría parlamentaria de los Ejecutivos de Cristina Cifuentes e Isabel Díaz Ayuso. “Una cacería política”, según el PP. Hasta el 4-M. Díaz Ayuso tiene 65 diputados. Fin del vía crucis. Inicio de la revancha.
“Le pediré al grupo popular en la Asamblea que proponga una comisión de investigación para analizar el tránsito del aeropuerto de Madrid-Barajas y su relación con la pandemia en nuestra Comunidad”, anuncia Díaz Ayuso el miércoles, en la primera rueda de prensa tras su éxito electoral. “Necesitamos saber qué protocolos se están poniendo en marcha para controlar la entrada del virus; cuántos pasajeros han estado afectados; dónde van estos casos…”, añade. “Ha habido una absoluta falta de transparencia”.
La presidenta en funciones no menciona a Esperanza Aguirre, ni a ninguno de sus antecesores, pero es inevitable recordar a la expresidenta, y a las comisiones impulsadas para investigar la época en la que germinaron las tramas corruptas de Lezo, Gürtel o Púnica. ¿La razón? Tras ver cómo la Asamblea fiscalizaba la gestión de aquellos Ejecutivos populares con mayoría absoluta (2003-2011), sus decisiones sobre las residencias en la pandemia, o la concesión de un aval a una empresa participada por su padre por parte de Avalmadrid, la primera decisión de Díaz Ayuso es anunciar que aprovechará la mayoría del PP para impulsar una nueva comisión.
La líder conservadora no lo dice, pero todo el mundo entiende que pone en la diana a Pedro Sánchez y al Gobierno de España, responsables del control de los pasajeros en el aeropuerto.
El PP tiene más diputados que toda la izquierda junta (PSOE, Más Madrid y Podemos). Parlamentariamente, eso vale oro. Y este es el ejemplo: con sus 65 diputados, el PP en solitario podrá iniciar los trámites.
Cuando llegue el momento —la Asamblea no se constituye hasta el 8 de junio— la oposición planteará sus dudas sobre las competencias de la Cámara para investigar un asunto que no tiene que ver con el Gobierno de la Comunidad, sino con el de España. Así lo refleja que la formación conservadora aspire a que comparezcan hasta tres ministros (José Luis Ábalos, al frente de Transportes; y Carolina Darias y Salvador Illa, los dos responsables de Sanidad durante la pandemia). Pase lo que pase, el cambio de dinámica en la vida del Parlamento de Madrid está claro: el PP quiere llevar la iniciativa tras seis años de penalidades que han afectado directamente a sus presidentes.
Cristina Cifuentes tuvo que acudir a declarar a una comisión de investigación sobre el caso máster. Aunque guardó silencio, su imagen compareciendo, cabeza gacha y labios cerrados, recorrió las televisiones y los periódicos, desgastando aún más su figura.
Díaz Ayuso evitó por poco acudir a declarar a la comisión de Avalmadrid, impulsada gracias al apoyo de sus socios de la pasada legislatura (Ciudadanos y Vox), pero leyó en primera persona las polémicas conclusiones que evacuó el cónclave. Según ese texto, la entidad semipública, que financia a pymes y empresas, dio un trato “preferente” y “personalizado” en 2011 a la hoy presidenta en funciones, cuando informó a la política popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros.
Además, según ese polémico balance, la compañía actuó de manera “irregular” en el proceso de aprobación de la operación y fue “negligente” cuando fracasó y le tocó intentar recuperar el dinero público perdido. En medio, Díaz Ayuso aceptó la donación del piso paterno, que así quedó fuera del alcance de los acreedores.
El grueso de esas palabras llevaba la firma de Vox. En esa comisión está una de las raíces de la desconfianza que separa a Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, la líder de la extrema derecha en Madrid. También, el germen de la nueva actitud del PP en la Asamblea. Algo así como que donde las dan las toman. Y para muestra, la primera propuesta de Díaz Ayuso: una investigación pensada para desgastar al PSOE.
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