El juez ordena una pericial sobre los trabajos de la Púnica para mejorar la imagen de Aguirre

La trama recibió 82.000 euros de dinero público por arreglar la reputación en internet de la expresidenta madrileña

Esperanza Aguirre, en una rueda de prensa durante su etapa de presidenta de la Comunidad de Madrid.Carlos Rosillo (EL PAÍS)

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha encargado a un equipo de profesores universitarios elaborar un informe pericial sobre los trabajos que la red de corrupción hizo para mejorar la imagen en internet y las redes sociales de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, según recoge un reciente auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS. ...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha encargado a un equipo de profesores universitarios elaborar un informe pericial sobre los trabajos que la red de corrupción hizo para mejorar la imagen en internet y las redes sociales de Esperanza Aguirre cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, según recoge un reciente auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS. Un informe de la Guardia Civil cifró en 82.000 euros el dinero pagado a la trama Púnica por estos servicios. La diligencia se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que dichos servicios tuvieron “fines particulares y no institucionales”, ya que buscaban mejorar el “perfil público” de Aguirre “de cara al electorado” y “frente al de sus contrincantes políticos”, pese a lo cual se pagaron con fondos públicos. Otro estudio pericial similar, en este caso sobre los trabajos de reputación online para la exconsejera de Educación Luis Figar, concluyó en enero que no existía justificación para que este tipo de servicio se pagara con dinero de la comunidad y que, por tanto, hubo malversación de caudales públicos.

En el auto, fechado el pasado 8 de julio, García-Castellón pide a los expertos que analicen ocho parámetros de los servicios que, entre 2012 y 2014, hizo la trama para mejorar la reputación online de la líder del PP a través de la empresa EICO, propiedad de Alejandro de Pedro, considerado el gurú informático de Púnica. En concreto, pide que se detalle, a partir de la documentación sobre dichos trabajos intervenida en los registros policiales, cómo consiguió la trama posicionar noticias favorables a los dirigentes del PP regional en redes sociales, cómo se generaron tendencias en beneficio de su imagen personal, cuáles fueron los trabajos SEO (siglas en inglés de las herramientas para posicionar noticias en los buscadores de internet), qué diarios digitales se crearon con dicho fin, de qué identidades digitales y robots se valieron para emitir los mensajes, cómo se desplazaron de los buscadores las noticias negativas y qué mecanismo se utilizó para calcular las visitas que recibían.

En el informe sobre Figar, incorporado al sumario el pasado diciembre, los mismos expertos concluyeron que la trama creó 50 cuentas falsas de Twitter que lanzaron más de 9.000 tuits con cientos de noticias en decenas de periódicos fantasmas diseñados para mejorar la imagen personal de la exconsejera de Educación y no el de la institución, como esgrimía la política del PP. Así, el 62% de los titulares de aquellas noticias incluía el nombre de Figar, frente al 7% con las palabras “Educación Madrid”, el 3,60% con los términos “Consejera Educación” o el 2,60% que incluían los de “Consejería de Educación”. La misma desproporción en favor de la política se dio en Twitter. Todo ello, destaca Anticorrupción en un reciente informe, para “potenciar contenidos personalistas, laudatorios y propagandísticos” de la política. Activar aquel dispositivo costó más de 120.000 euros públicos entre 2010 y 2014, según los investigadores de la Guardia Civil.

En el caso de Aguirre, los trabajos de la trama se iniciaron en abril de 2012 y terminaron en septiembre de ese año, coincidiendo con su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. En un informe elaborado en diciembre de 2017 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se destacaba que en el ordenador de una trabajadora de De Pedro se localizó una carpeta con numerosos detalles sobre los trabajos para Aguirre que apuntaban a que tenían como fin último “contrarrestar opiniones desfavorables a la presidenta de la Comunidad de Madrid o viralizar mensajes positivos concretos”. También se hallaron mensajes de correo electrónico y telefónicos intercambiados entre varios imputados en los que, por ejemplo, se constataba que el experto informático trabajó en septiembre de aquel año para hacer desaparecer de los primeros puestos de los buscadores de internet una noticia negativa sobre su gestión aparecida en EL PAÍS.

Según aquel informe de la Guardia Civil, la trama creó dos diarios digitales ‘zombis’ destinados exclusivamente a difundir informaciones positivas sobre Aguirre con el fin de contrarrestar los mensajes contrarios a ella. Los informes de reputación online intervenidos destacan que gracias a ellos consiguieron desplazar la mayor parte de las noticias negativas de los 20 primeros lugares de los buscadores de Internet. El documento policial concluía que la trama Púnica había recibido por ello 81.999 euros que, en ningún caso, fueron abonados por el PP regional. Los investigadores consideraron demostrado que una parte fue pagada presuntamente por la propia Comunidad de Madrid con facturas falsas por trabajos inexistentes. Otra, por empresas adjudicatarias de contratos públicos. La UCO admitía que en aquel momento no constaba “el conocimiento que pudiera tener” de dichos amaños la que fuera máxima dirigente del PP de Madrid.

Y, además, González, Victoria y Sarasola

El juez García-Castellón también ha aceptado la petición de Anticorrupción de pedir un informe pericial sobre los trabajos de mejora de imagen realizados por la trama para otros tres altos cargos de la Comunidad de Madrid: el también expresidente Ignacio González; quien fuera su número dos en el ejecutivo regional, Salvador Victoria; y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola. En el caso de González, Anticorrupción destaca que los servicios de reputación 'online' se extendieron entre abril de 2012 y diciembre de 2014, cuando ya se habían producido las primeras detenciones de la Operación Púnica. El importe supuestamente pagado por ellos se elevó a 65.279 euros. Ese dinero sirvió para que en enero de 2013, cuando se investigaba a Ignacio González por su ático en Marbella y el llamado caso del espionaje aún le salpicaba, la trama creara 250 perfiles falsos en Twitter para lanzar 5.600 tuits y 2.850 retuits y contrarrestar las noticias negativas sobre él. En mayo de ese año, 50 perfiles de Twitter y 500 tuits sirvieron para minimizar las críticas lanzadas por la llamada marea blanca contra la privatización de la sanidad y las noticias que relacionaban a González con el caso Gürtel.

Sobre la firma

Más información

Archivado En