La jueza amplía el cerco contra la cúpula de Feijóo en CRTVG por presunto acoso a una periodista crítica

La investigación judicial a la cúpula de la televisión autonómica de Galicia por presunto acoso laboral a una periodista que lleva años protestando contra la manipulación política se amplía. La jueza que lleva el caso ha citado a declarar como investigado al actual director de Recursos Humanos de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), un cargo que se une a los otros ocho directivos imputados, entre ellos...

La investigación judicial a la cúpula de la televisión autonómica de Galicia por presunto acoso laboral a una periodista que lleva años protestando contra la manipulación política se amplía. La jueza que lleva el caso ha citado a declarar como investigado al actual director de Recursos Humanos de la Compañía de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), un cargo que se une a los otros ocho directivos imputados, entre ellos el director general, Alfonso Sánchez Izquierdo. Atendiendo a la petición de la denunciante, que aprecia indicios también de un presunto delito contra la seguridad y salud de los trabajadores, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Santiago ha decidido ampliar además las acusaciones contra dos de estos directivos, según el auto emitido el pasado 28 de junio. Uno de ellos es el subdirector de los Servicios Informativos, Alejandro López Carballeira, sobre el que la cadena puso el foco el pasado febrero al elegirlo como moderador del debate electoral de las autonómicas pese a estar salpicado por esta investigación, una designación que desató las protestas de BNG y PSdeG-PSOE.

Los cargos de CRTVG investigados por acoso desde 2023 fueron nombrados cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente gallego y buena parte de los hechos denunciados por la periodista se produjeron con el ahora líder del PP al frente de la Xunta. Además de Sánchez Izquierdo, los imputados son el director del Área de Innovación y Negocio; el actual subdirector de Servicios Informativos; la exjefa de Programas da Radio Galega; la coordinadora de Personal de la radio; la actual jefa de Gestión de Personas, Nóminas y Seguridad Social de la CRTVG; la exdirectora de Recursos Humanos; y el responsable de Seguridad y Salud Laboral de la corporación. La mayoría de ellos siguen en sus puestos y alguno ha sido incluso ascendido. Tras los pasados comicios en los que los populares cosecharon otra mayoría absoluta, el nuevo barón del partido en Galicia, Alfonso Rueda, impulsó una intensa renovación en la organización de la Xunta de la que, sin embargo, ha eximido a CRTVG.

Nada se ha movido en esta televisión pública pese a que arrastra la protesta de periodistas más larga de España contra la manipulación política, un total de 320 viernes negros. Poco después de que Feijóo dimitiera como presidente de la Xunta, a la CRTVG le cayó también una condena firme por represaliar a otro trabajador que participa en las movilizaciones. El líder del PP dejó Galicia con esta crisis en la cadena pese a que prometió su despolitización cuando no gobernaba. Al frente de la oposición al bipartito de PSOE y BNG (2005-2009), Feijóo denunció la manipulación de la cadena autonómica por parte de la izquierda y aseguró que él la liberaría en cuanto llegase al poder. Aprobó para ello una ley en 2011 que nunca fue aplicada, ni por él ni por Rueda. El director general ahora imputado, por ejemplo, es el mismo que el PP puso en 2009 y nunca se consensuó otro con la oposición. Tampoco se han creado el consejo de informativos y el estatuto de redacción con los que la norma prevé proteger a los periodistas de injerencias gubernamentales. Ahora la Xunta ha puesto en marcha el proceso para elaborar una nueva ley de comunicación audiovisual para “reforzar la misión y valores del servicio público que presta la CRTVG”. Su contenido concreto aún no se conoce.

Los tres cargos de CRTVG afectados por la ampliación de las acusaciones están citados para declarar como investigados el próximo mes de octubre. La denunciante testificó ante la jueza el pasado septiembre por videoconferencia y acompañada por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima. Ha sido sometida ya a una valoración del daño psíquico que ha sufrido por parte de un equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Galicia. La periodista, que participa en el movimiento de los Venres Negros, asegura en su querella que desde 2018 ha sido sometida en la compañía a una persecución tolerada e incluso alentada por los cargos directivos señalados. Relata que ha pasado jornadas enteras sin ninguna tarea asignada o con encargos a última hora y sostiene que fue ninguneada y sometida a un trato degradante por sus superiores.

El departamento de comunicación de CRTVG, a preguntas de este periódico, sostiene que la investigación penal de la magistrada Ana López-Suevos se basa en hechos “ya juzgados y desestimados íntegramente”. Se refiere a dos denuncias en 2018 y 2020 ante la jurisdicción de lo social que “fueron resueltas con sentencias íntegramente desestimatorias favorables a la CRTVG” y firmes. Recuerda que también se abrieron dos procedimientos internos en la empresa y en ninguno se encontraron indicios de acoso laboral. Sobre la ampliación de las pesquisas y el nuevo directivo investigado, la compañía señala que “responde a la normalidad” de un proceso penal y añade que “debe primar la presunción de inocencia”.

Otros cuatro trabajadores de CRTVG que participan en las protestas de los Venres Negros que promueve el movimiento Defende a Galega han llevado a los tribunales los traslados forzosos que han sufrido en la compañía y que consideran una represalia. La justicia ha desestimado sus denuncias, pero en uno de los casos el juicio deberá repetirse. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha declarado nula la sentencia del juzgado que dio la razón a la CRTVG frente a la demanda de Mayte Cabezas. La jueza consideró que su envío repentino a la radio después de 30 años en la televisión no le supuso una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, por tanto, no entró a valorar si se habían vulnerado sus derechos fundamentales. El alto tribunal obliga ahora a dictaminar sobre esa cuestión. A Cabezas, hija de un guardia civil asesinado por el Grapo, le notificaron el traslado dos días después de criticar públicamente a Feijóo por no cumplir su promesa de aprobar una ley autonómica de apoyo a las víctimas de terrorismo.