Dos empresarios gallegos confiesan que vendieron gel hidroalcohólico falso a hospitales en el confinamiento

Las estafas de material sanitario se multiplicaron durante la pandemia del coronavirus y afectaron a todas las comunidades autónomas, aunque no en todos los casos los fraudes detectados han tenido consecuencias para los autores. Uno de los casos más llamativos de salud pública se detectó en la provincia de A Coruña cuando en 2020 la Guardia Civil descubrió en una antigua granja de pollos un laboratorio donde se fabricaban miles de litros de un p...

Las estafas de material sanitario se multiplicaron durante la pandemia del coronavirus y afectaron a todas las comunidades autónomas, aunque no en todos los casos los fraudes detectados han tenido consecuencias para los autores. Uno de los casos más llamativos de salud pública se detectó en la provincia de A Coruña cuando en 2020 la Guardia Civil descubrió en una antigua granja de pollos un laboratorio donde se fabricaban miles de litros de un producto que se vendía en hospitales como gel hidroalcohólico y que en realidad estaba adulterado con aguardiente.

Los cerebros del fraude eran dos vecinos de la localidad coruñesa de Boiro (19.000 habitantes) que iban a ser juzgados por ello desde este martes en la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, con sede en Santiago. A través de dos distribuidoras oficiales, estos empresarios llegaron a colocar el falso gel en hospitales y centros de salud de toda España durante el mes de abril de 2020, el peor momento de la pandemia, aprovechando la necesidad urgente del producto. La vista no ha llegado a celebrarse al aceptar José Antonio S. y Juan S. un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, que solicitaba una condena de casi nueve años de cárcel para cada uno por un delito continuado de estafa y otro de fabricación, almacenamiento y comercialización de productos sanitarios con riesgo potencial para la salud de las personas.

El ventajoso acuerdo, que conlleva implícita la confesión de los hechos, evitará que ambos estafadores vayan a prisión, previo pago de una multa de 17.520 euros cada uno y con la condición de que no vuelvan a delinquir en los próximos dos años. El juicio de conformidad se ha cerrado con una condena de dos años y tres meses por los delitos de estafa continuada y otro contra la salud pública.

Los acusados han reconocido el móvil: que ambos utilizaron la firma comercial Quimicalsa para enriquecerse, mientras morían miles de personas a diario en España y escaseaban los productos desinfectantes en el mercado. Han aceptado el relato de los hechos que ha hecho el fiscal en su escrito de acusación, que se remonta a los meses del confinamiento, cuando los acusados, “conociendo la escasez y demanda del producto, se pusieron de acuerdo para aprovecharse de esa situación”.

Con una empresa química como tapadera elaboraron un gel hidroalcohólico sin ninguna autorización administrativa para la fabricación de estos productos, ni como biocidas, ni como cosméticos. “En cualquier caso, las acciones realizadas por los acusados estaban enfocadas a la utilización del producto fabricado con finalidad viricida, cuya autorización debe ser otorgada por la Agencia Española del Medicamento”, señala la Fiscalía de Santiago.

Ambos implicados, antiguos socios en una granja de pollos de la localidad de Boiro, “actuaron con el ánimo de obtener un ilícito beneficio y con plena conciencia de que faltaban a la verdad”, incide el ministerio público. La investigación ha constatado que los acusados eran plenamente conscientes de que estaban incumpliendo de manera flagrante los requisitos de la legislación aplicable a estos productos en cuanto a las instalaciones utilizadas para elaborarlo. Su gel carecía del mínimo exigible de etanol (70%), un componente que los acusados sustituían por aguardiente con el consiguiente peligro para la salud de los usuarios del producto.

10.000 litros

Los procesados montaron el laboratorio clandestino en la antigua nave avícola en la que fabricaban, etiquetaban y almacenaban el gel ya preparado para ser distribuido. En las actuaciones policiales se intervinieron un total de 6.000 litros de gel que estaban a la venta y otros 4.000 litros del mismo producto preparados para salir al mercado.

Centros sanitarios, farmacias, establecimientos hoteleros, pescaderías, talleres y cafeterías fueron los más afectados por el fraude. El análisis de todas las muestras enviadas por los investigadores al Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología concluye que contenían una ínfima cantidad de alcohol etílico y una elevada cantidad de metanol. Los acusados eran los que enviaban el producto a través de servicios de transporte.

Los primeros problemas surgieron con algunas farmacias que empezaron a quejarse del etiquetado porque carecía de fecha de caducidad, código de barras, número de lote o fabricante responsable. Entonces se cambió la apariencia externa del producto, pero el contenido siguió siendo el mismo. Luego, algunos compradores realizaron análisis del producto y al comprobar que no reunía los requisitos sanitarios exigibles, solicitaron a los acusados la devolución del dinero entregado. No consta en la investigación si llegaron a reembolsar el dinero, aunque sí se comprobó que las remesas defectuosas quedaron en los depósitos de las empresas de transporte.

Ante estos problemas, los acusados decidieron distribuir el producto a titulares de negocios más pequeños. “Gran parte de estos compradores ni pudieron utilizar ni revender el gel debido a su fuerte olor a aguardiente”, recoge el fiscal en su escrito de acusación. Mientras en las etiquetas del gel figuraba como fabricante Quimicalsa o, posteriormente, Lucus. En las últimas facturas, los acusados emplearon el nombre comercial de Galicia Químicos con dirección en Ribeira (A Coruña), lugar en que no existía esta empresa.

En siete de las facturas localizadas por la Policía Judicial aparecen ventas por importe superior a 24.000 euros. Pese a que la nave utilizada como laboratorio fue precintada, en agosto de 2020 uno de los acusados rompió el cordón policial y se apoderó de los envases fabricados que contenían el gel hidroalcohólico adulterado y que estaban requisados por el juzgado. Lo hizo para venderlos de forma directa a distintos establecimientos comerciales o de hostelería, utilizando etiquetas falsas tanto del fabricante como del poder desinfectante del producto, en las que se aseguraba que contenía un 96% de alcohol. Hay constancia de que al menos 15 pequeños empresarios fueron estafados en esta segunda remesa, mientras los acusados ya estaban imputados por estafa.

Para la Fiscalía, los hechos descritos están tipificados como un delito de estafa en concurso con la falsedad en documento mercantil, por lo que solicitaba la pena de cinco años y medio de prisión y una multa de 10 meses a razón de 10 euros de cuota diaria. Añadía el ministerio público otros dos años y nueve meses de prisión por el delito de fabricación, almacenamiento y comercialización de productos sanitarios que representan un riesgo potencial de salud pública.

Dos falsos químicos

Ambos acusados se hicieron pasar por “químicos de larga experiencia”. Han admitido que lo que vendieron como un gel con alto poder desinfectante era en realidad un líquido mezclado con aguardiente que no tenía tales propiedades antisépticas y que lo elaboraron para enriquecerse. Al estallar la crisis sanitaria y ante la acuciante falta de gel hidroalcohólico en España, la Agencia Española del Medicamento autorizó el uso de alcohol etílico para producir el desinfectante, siempre y cuando alcanzara las mínimas propiedades para que fuera efectivo. Los acusados admiten que vieron rápidamente el negocio y emplearon como materia prima el aguardiente casero, que solo tiene un 30% de alcohol, muy lejos del 70% mínimo, y además estaba diluido.

La empresa era ficticia, por lo que carecía de las autorizaciones de la Agencia Española del Medicamento para producir el gel, que se distribuyó con los números de los lotes también falsos, unas referencias que complicaron las pesquisas de la Guardia Civil. José Antonio S. se encargaba de fabricar el gel, mientras Juan S. se centró en labores de comercial para colocar la mercancía. La bautizada como Operación Quimigel fue dirigida por el Juzgado Número 2 de Ribeira.