El palizón que soportan los niños en Galicia para ir a clase: “Deberían darles el aprobado solo por asistir”

Sara tiene 15 años, vive en Mazaricos (A Coruña) y para llegar a clase cada mañana se echa a la espalda más de una hora de coche y autobús. Otro tanto, de regreso. Los dos días de la semana con jornada partida acaba pasando fuera casi 12 horas seguidas. Su instituto, en realidad, está solo a 20 minutos de su casa, en la localidad vecina de Cee, pero como Sara ya terminó la enseñanza obligatoria de la ESO y cursa un ciclo medio de FP, no tiene derecho a transporte escolar. No le queda otra que soportar el palizón de una ruta de bus ordinaria que da una buena vuelta por esta comarca de la Costa ...

Sara tiene 15 años, vive en Mazaricos (A Coruña) y para llegar a clase cada mañana se echa a la espalda más de una hora de coche y autobús. Otro tanto, de regreso. Los dos días de la semana con jornada partida acaba pasando fuera casi 12 horas seguidas. Su instituto, en realidad, está solo a 20 minutos de su casa, en la localidad vecina de Cee, pero como Sara ya terminó la enseñanza obligatoria de la ESO y cursa un ciclo medio de FP, no tiene derecho a transporte escolar. No le queda otra que soportar el palizón de una ruta de bus ordinaria que da una buena vuelta por esta comarca de la Costa da Morte. “Tengo una amiga profesora que siempre lo dice y tiene razón: a estos niños deberían darles el aprobado solo por asistir”, afirma con fastidio su madre, Matilde Pensado, sobre la odisea a la que se enfrentan su hija y otros niños en la dispersa Galicia simplemente para poder franquear la puerta del aula.

Pese a contar con la mayor red de transporte escolar de España, que mueve cada día a 80.000 alumnos, en 1.600 rutas y 14.000 paradas, los casos de familias condenadas a hacer malabares para que sus hijos puedan sentarse cada día en sus pupitres se multiplican en Galicia. Y no solo en la zona rural. En Redondela, un municipio del cinturón urbano de Vigo, los padres de los estudiantes de Bachillerato tienen que turnarse para llevar a sus hijos al instituto en coches particulares. “No hacemos malabares, ¡sino magia! Es un estrés y una preocupación continua de si el niño habrá llegado o no al instituto”, exclama Rocío Calvar, miembro de la asociación de padres y madres del IES Pedro Floriani y con un hijo de 15 años en 1º de Bachillerato.

A estos niños, como a Sara, la normativa les retira el derecho a transporte escolar cuando acaban la enseñanza obligatoria. Si sobran plazas en los autocares que van a su instituto y en los que tienen preferencia sus compañeros de la ESO, se pueden subir, pero si no, deben conformarse con el servicio general de transporte público. Si existe, claro, porque no es siempre así. La red de líneas de bus interurbano no cubre ni de lejos un territorio tan disperso como Galicia, donde se concentran casi la mitad de las entidades de población de toda España. “Hay padres que pueden [llevar y traer a los niños] ahora porque están de baja, pero no sé cómo vamos a hacer cuando se incorporen a sus trabajos”, señala Calvar. “No estamos pidiendo un bus para ir a la playa, sino para estudiar, algo básico para unos menores. Y no estamos pidiendo tampoco nada gratis. Que la normativa no les dé derecho a estos niños a tener transporte escolar gratuito no quiere decir que no tengan transporte. Estamos dispuestos a pagar, pero tienen que poner el servicio”.

A la hija de Ana Domínguez, que también estudia bachillerato en el instituto Pedro Floriani de Redondela, le adjudicaron una parada de bus con la matrícula y el día antes de empezar las clases le mandaron un mensaje de confirmación. El primer día todo fue bien a la ida, pero la niña ya no tuvo plaza para regresar a casa. “Me llamó por teléfono para decirme que estaban tirados en Redondela y yo, en Vigo trabajando. Moví a media familia para encontrar a alguien que pudiera ir a recogerla. Desde ese día no tenemos autobús”, cuenta su madre. Se está turnando con otra progenitora que está de baja y tampoco sabe cómo resolverán cuando ella se reincorpore. En su caso tienen una línea de bus interurbano que les valdría, pero sus horarios son incompatibles con los escolares: el primer viaje de ida es a las nueve de la mañana y la vuelta a las 12 del mediodía. “Pedimos otros horarios de ese autobús, pero nadie nos ayuda, nos dicen que no es posible”, explica. La suya ni siquiera es una demanda para arreglar un problema fundamental de unos pocos. En su parroquia, que es la misma que la de Rocío Calvar, viven 1.300 personas: “No es una aldea perdida de la montaña. Estamos a 15 minutos de Vigo y al lado de su aeropuerto”.

Los problemas de transporte para ir a clase se repiten en otras localidades de Galicia y no únicamente con niños que cursan etapas no obligatorias. La Confederación Anpas Galegas, integrada por nueve federaciones de asociaciones de madres y padres, ha recibido “innumerables” quejas por el caos en el inicio de curso. Denuncian retrasos “sistemáticos” de hasta 20 minutos, niños abandonados en las paradas porque no caben en el bus, autocares circulando con escolares de pie, falta de personal acompañante y pequeños que llegan una hora antes de que abran los centros y llegue el profesorado, lo que supone que se rompa “la cadena de custodia y queden sin la atención a la que tienen derecho”.

La Consellería de Educación, en una respuesta conjunta con el departamento de Infraestructuras de la Xunta, afirma que el transporte escolar “está en funcionamiento con absoluta normalidad y únicamente se reportaron quejas de 11 centros de los 700 que cuentan con el servicio”. Rebaja el problema a “desajustes puntuales” por el inicio de curso, elude contestar a las preguntas sobre las dificultades de las familias de los niños de Bachillerato y FP, y defiende que Galicia tiene “uno de los mejores” servicios de España. El Gobierno gallego asegura que vigila “constantemente el cumplimiento de los contratos” por parte de las empresas a las que se han adjudicado las líneas, la mayoría de ellas en manos del grupo Monbus. Y alega el alto coste de la red para las arcas autonómicas por la dispersión de la población: “Con el 5% del alumnado, asumimos el 21% del coste estatal, lo que supone invertir casi 120 millones de euros para ofrecer un servicio que es 100% gratuito para las familias”.

“No son casos puntuales, es un problema estructural de desigualdad que afecta sobre todo a la zona rural y que la Administración no quiere ver”, sostiene Isabel Calvete, presidenta de la Confederación Anpas Galegas. Calvete explica que hay ausencia de control por parte de la Xunta a las empresas concesionarias de estas líneas de transporte para que presten un buen servicio: “Consiente un sistema caótico que solo se mueve por intereses económicos de las empresas”. También ve una “falta de planificación” que deja a niños de ciertas comarcas totalmente abandonados. Cita de ejemplo a los escolares que viven en los ayuntamientos de Cervantes, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro y Baralla, un área montañosa de la provincia de Lugo. Su instituto de referencia para cursar el Bachillerato está en el vecino municipio de Becerreá, pero no tienen ni una sola línea de bus para ir a clase. Muchas familias se ven obligadas a enviar a sus hijos a estudiar estas etapas a Lugo capital, pagando allí una residencia. Además del gasto que supone, se trata de un hándicap para fijar población en la Galicia que se vacía y cuya revitalización suele estar muy presente en las promesas de las autoridades. “Si sacas a los niños de su entorno con 16 años, ¿cómo van a echar raíces y querer trabajar aquí?”, se pregunta Calvete.

Esa es la misma cuestión que plantea la madre de Sara desde Mazaricos. Cree que el sistema anima a los niños a marchar. Conoce casos peores que el palizón diario que soporta su hija para llegar a clase, escolares que se levantan más temprano que ella y que llegan a casa a comer a las cuatro de la tarde. “Aquí acabas la ESO y se acaban las oportunidades, porque para hacer bachillerato hay que ir a Cee o Noia”, localidades a unos 30 o 40 kilómetros sin transporte garantizado, apunta. “Pagamos impuestos como los de la ciudad, donde tienen un bus en la puerta cada 15 minutos. Es una injusticia, pero cada vez somos menos también para gritar y pelear por nuestros derechos”, lamenta Matilde Pensado. Recuerda que a finales del siglo pasado, cuando ella estudiaba, tenía un bus directo para ir al instituto en Santa Comba, a casi 30 kilómetros, pese a que tampoco era una etapa educativa obligatoria. Esta ganadera ve “normal” que ahora los chavales de estas zonas “se cansen de estudiar”. Y advierte que “además de una pena, es una pérdida de gente formada para la sociedad”: “El problema es que la Administración trabaja a corto plazo y la educación es una inversión a futuro”.