El Gobierno cree que la presidencia europea y la gestión de los fondos no se verán alteradas por estar en funciones

El Gobierno es muy consciente de que lograr la investidura de Pedro Sánchez no será una tarea fácil, aunque no contempla otra opción porque Alberto Núñez Feijóo no tiene apoyos para lograrla y una repetición electoral ni se plantea en La Moncloa tras la experiencia fallida de 2019. Eso implica que es posible que el Ejecutivo esté varias semanas, incluso meses, en funciones. Sin embargo, después de un e...

El Gobierno es muy consciente de que lograr la investidura de Pedro Sánchez no será una tarea fácil, aunque no contempla otra opción porque Alberto Núñez Feijóo no tiene apoyos para lograrla y una repetición electoral ni se plantea en La Moncloa tras la experiencia fallida de 2019. Eso implica que es posible que el Ejecutivo esté varias semanas, incluso meses, en funciones. Sin embargo, después de un estudio concienzudo de los antecedentes, fuentes del Gobierno señalan que esta situación no tiene por qué afectar a las cuestiones pendientes más urgentes, como la presidencia española del Consejo Europeo, que comenzó el 1 de julio y termina a finales de año, o la gestión de los fondos europeos, que vive un momento decisivo.

La ley impide legislar ―es decir, promover grandes reformas― mientras se está en funciones, pero el Ejecutivo ya había desarrollado el corazón de su tarea legislativa antes de convocar elecciones y algunas cosas que faltaban, como la ley de familias, se metieron por decreto y se llevaron a la diputación permanente del Congreso. De hecho, este miércoles, el organismo, que es una especie Cámara en pequeño, tiene que convalidar otro decreto con medidas urgentes que quedaron pendientes.

Así, el Ejecutivo seguirá con su tarea con normalidad durante semanas, a la espera de que la investidura permita la conformación de una nueva mayoría que permita pensar en nuevas leyes y nuevos Presupuestos, aunque con los números endiablados que han dejado las elecciones. Y con la enorme actividad legislativa de la anterior legislatura —más de 200 leyes— no es previsible que sea una etapa de grandes reformas.

Este tipo de situaciones están reguladas por el artículo 101 de la Constitución, que señala que el Gobierno quedará en funciones tras la celebración de las elecciones generales y hasta la toma de posesión de un nuevo Ejecutivo, pero sobre todo por la Ley del Gobierno de 1997. En su artículo 21.3, esta norma da un margen importante al Ejecutivo para tomar decisiones, aunque tiene que justificar su urgencia o su necesidad dado el momento excepcional. El artículo es muy claro: “el Gobierno en funciones limitará la gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. Ese “salvo en casos de urgencia o por razones de interés general” es tan amplio, que en el pasado ha dado mucho margen a los gobiernos para tomar decisiones importantes. El antecedente más relevante es el de Mariano Rajoy en 2016, cuando estuvo casi un año en funciones y siguió con normalidad su actividad.

El entonces líder del PP, sin embargo, tomó una decisión polémica que luego tumbó el Tribunal Constitucional y este Ejecutivo, por tanto, no podrá hacer: canceló las sesiones de control al Gobierno al entender que en funciones no debía dar cuentas. El Constitucional consideró que el control del Gobierno por parte del Parlamento es una tarea fundamental que debe mantenerse durante el periodo en funciones. Según una sentencia de 2018, Rajoy “menoscabó la atribución constitucional” del Congreso de los Diputados. Así que habrá sesiones de control con normalidad. Años después, en 2021, el Constitucional también reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que suspendiera las sesiones de control durante el estado de alarma, en plena pandemia. La jurisprudencia ha quedado, pues, muy clara: nunca deben detenerse.

En La Moncloa han estudiado todos los antecedentes y concluyen que la actividad continuará con normalidad al retomarse tras el parón veraniego. Sánchez mantendrá toda su agenda de la presidencia española, que ahora podrá hacer él ya sin la incertidumbre de que una victoria aplastante de Alberto Núñez Feijóo el domingo hubiera forzado un rápido cambio de Gobierno que habría llevado al líder del PP a dirigir el semestre en su segunda etapa, a partir de septiembre.

El momento más relevante será la cumbre de jefes de Estado en Granada en octubre. Sánchez tiene otros compromisos internacionales a los que podría acudir en funciones si no se resuelve antes la investidura, como la reunión del G20 en la India el 9 y el 10 de septiembre o la asamblea general de la ONU a finales de ese mes. Allí el presidente podrá representar a España con normalidad y, de la misma manera que en las cumbres de la UE, podrá negociar decisiones de alto nivel porque esto entra dentro de la gestión ordinaria que prevé la ley y está plenamente justificado porque no es el Gobierno quien toma la iniciativa de esas cumbres, que ya están fijadas.

El Gobierno también puede aprobar decretos ley y convalidarlos en la diputación permanente si es necesario o con las nuevas Cortes surgidas de las urnas. En 2016, se aprobaron dos decretos ley en funciones y en 2019, cuando también hubo repetición de elecciones y varios meses en funciones, se aprobaron tres.

Lo que no se puede hacer también está muy claro, y se fija en el artículo 21.4 de la ley del Gobierno. No se pueden disolver las Cámaras, plantear una cuestión de confianza, convocar un referéndum consultivo, aprobar Presupuestos, presentar proyectos de ley en el Congreso o el Senado, y quedarán en suspenso “las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales” al Gobierno. Tampoco se pueden renovar organismos clave cuyo mandato decaiga, como el Banco de España, la CNMV o la CNMC, algo que puede suceder en los próximos meses. Estos organismos quedarían sin esta renovación hasta que haya nuevo Gobierno.

Pero, en general, los cálculos que maneja el Gobierno señalan que la actividad seguirá con normalidad y que Sánchez podrá seguir gobernando sin mayores problemas hasta que se resuelva la investidura. Sobre la repetición de elecciones, en La Moncloa no quieren ni hablar. Eso sí, de momento el Gobierno va a hacer un parón importante, superior al de otros años. Con Sánchez, lo habitual era un Consejo de Ministros los primeros días de agosto y una rueda de prensa de balance a finales de julio. Ahora, en funciones, el último consejo antes del parón fue el del martes, más bien de trámite, y, de momento, no está prevista la rueda de balance.

Después de más de tres meses de intensa campaña electoral, en la que se han unido la de las municipales con la de las generales, el Gobierno pasa a un modo de bajo perfil y la mayoría de los ministros se irá a descansar. También el presidente, aunque como siempre la política no parará y los contactos para la investidura y para la conformación de la mesa del Congreso seguirán de forma discreta. Será un verano más tranquilo de lo previsto, pero con la mirada puesta en el 17 de agosto, cuando volverá con fuerza la política con la constitución de las Cortes. Ese primer gran hito mostrará si la mayoría actual empieza a ponerse de acuerdo para elegir una Mesa que dará alguna pista sobre cómo podría ser la investidura de Sánchez, aunque no garantizará su éxito. Queda muchísimo para lograrlo.