España en los programas electorales | El aborto: un derecho que se sigue matizando tras casi 40 años de regulación

Casi 40 años después de que en 1985 se despenalizara el aborto en España para algunos supuestos (violación, anomalía fetal y riesgo para la madre), y 13 años después de que se instaurara el modelo de plazos, en el que el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo, cientos de mujeres siguen teniendo que peregrinar cada año de centro en centro y de provincia en provincia para ejercer un derecho que la ley les reconoce. Una ...

Casi 40 años después de que en 1985 se despenalizara el aborto en España para algunos supuestos (violación, anomalía fetal y riesgo para la madre), y 13 años después de que se instaurara el modelo de plazos, en el que el aborto es libre en las primeras 14 semanas de embarazo, cientos de mujeres siguen teniendo que peregrinar cada año de centro en centro y de provincia en provincia para ejercer un derecho que la ley les reconoce. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha obligado por primera vez a una comunidad, Murcia, a indemnizar a una mujer a la que denegó esa prestación con el argumento de que no había médicos dispuestos a practicar el aborto en sus centros, refleja una realidad muy distinta a la que fija la legislación. Buena cuenta de ello dan también los programas electorales de los partidos para el 23-J. El aborto sigue siendo un derecho matizable y un arma arrojadiza cuya vigencia peligra en el caso de que Vox llegue a gobernar con un peso suficiente para imponer sus intenciones.

La interrupción voluntaria del embarazo ha tenido a lo largo de la democracia dos grandes leyes y dos reformas parciales, pero todavía hoy sigue figurando en los programas electorales como un derecho que según la izquierda no termina de poder ejercerse plenamente, y según la derecha es excesivo en todo (Vox) o en parte (PP).

La ley de plazos, de 2010, establece que el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y, a partir de ahí y hasta la semana 21, está permitido solo por causas médicas (malformación del feto o peligro para la vida de la madre). A partir de la semana 22 se puede interrumpir el embarazo si hay malformación fetal incompatible con la vida o el feto padece “una enfermedad de extrema gravedad e incurable”. Hasta que se aprobó esta norma, y desde 1985, año en el que el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la primera ley del aborto, España permitía hacerlo solo en tres estrictos supuestos: si existía “un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”; en caso de violación; y si había riesgo de que el feto naciera con “graves taras”. En 2009, último año completo en el que estuvo en vigor esa regulación, cerca del 97% de los abortos se llevaban a cabo alegando riesgo para la salud psíquica de la madre.

El PP, que se había opuesto a la ley de 1985, se opuso también a la de 2010 y la recurrió al Constitucional. Pero cuando, un año después, Mariano Rajoy llegó al Gobierno, no la derogó (solo la reformó en 2015 para exigir permiso paterno para abortar a las jóvenes de 16 y 17 años), alegando que estaba a la espera de que se resolviera su recurso. En mayo el tribunal avaló íntegramente la norma (con siete votos a favor y cuatro en contra), y el PP dice ahora que el modelo de plazos es el más adecuado.

Antes de que llegara ese aval constitucional, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobó en febrero el último cambio a la ley del aborto para implantar el texto que ahora está vigente: eliminó el permiso paterno para las menores, garantizó el derecho al aborto en los hospitales públicos (un aspecto que en la práctica no está resuelto y en el que ahora vuelven a incidir los programas electorales de PSOE y Sumar) y suprimió la obligatoriedad de dar previamente a la embarazada información sobre ayudas a la maternidad y de que la mujer reflexione durante tres días antes de comunicar su decisión definitiva.

Una vez conocido el visto bueno del Constitucional, los populares, para quienes el aborto sigue siendo un asunto incómodo y que causa gran división interna, asumen toda la norma menos un punto: el que permite interrumpir su embarazo a las mujeres de 16 y 17 años sin permiso paterno. Sigue siendo una línea roja para el PP y su programa electoral se compromete a recuperar ese permiso.

Tanto Vox como algunos dirigentes populares han cargado contra la ley de plazos del aborto asegurando que ha disparado las interrupciones de embarazo, pero los datos dibujan otra realidad. En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que entró en vigor la actual ley de plazos de 2010, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral. La tasa media de los últimos 10 años ha sido de 11 abortos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. En 2021, último año del que hay cifras, abortaron 90.189 mujeres, con una tasa de 10,7 interrupciones por cada 1.000.

La cifra más alta de la serie histórica se alcanzó en 2011, justo el primer año completo en el que estuvo en vigor la ley de plazos. Ese año interrumpieron el embarazo 118.611 mujeres, pero a partir de 2013 la cifra empieza a bajar hasta quedarse en niveles parecidos a los que había en los años previos al cambio de legislación de 2010, con la primera ley de supuestos de 1985.

Aunque la ley permite abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo, la mayoría de las interrupciones (más del 70%) se llevan a cabo en las ocho primeras, y más allá de la semana 15 solo se producen el 5%. Únicamente un 16% de los abortos se realizan en centros públicos; el 86% se sigue haciendo en instalaciones privadas mediante conciertos con la sanidad pública.

Estas son las promesas de los programas electorales relacionadas con el aborto:

PSOE: garantizar el aborto en todas las comunidades

El programa socialista sostiene que el aborto solo se puede traducir en dos cosas: “O un derecho o una forma de poner su vida [la de las mujeres] en riesgo”. Para blindar lo primero, los socialistas prometen garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todas las comunidades y el acceso a los dos métodos mediante los cuales se lleva a cabo: el quirúrgico y el farmacológico. “Es imprescindible garantizar el acceso a esta prestación en las zonas rurales, donde hay menos servicios y más dispersos, así como mayor dificultad para garantizar la privacidad de las mujeres”, señala el texto, que promete impulsar “zonas de seguridad” alrededor de las clínicas para que las mujeres que acuden a las mismas puedan ejercer sus derechos sin acosos ni coacciones.

PP: reintroducir el consentimiento paterno entre los 16 y los 17 años

El programa del PP tiene un solo compromiso relacionado directamente con la ley del aborto: “Introducir en la ley el consentimiento de los titulares de la patria potestad previo a la realización del aborto en las jóvenes menores de edad”. Es decir, las de 16 y 17 años, porque para el resto ya es obligatorio. Los populares se comprometen también a garantizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, pero esta promesa la incluyen entre las medidas de sanidad en general, no específicamente para el aborto.

Vox: derogar el derecho

El programa del partido ultra tiene un rosario de medidas antiaborto distribuidas a lo largo de su programa. La primera, la derogación de la ley que lo regula. “Eliminaremos el falso ‘derecho al aborto’ y defenderemos el derecho a que toda mujer embarazada pueda acceder a un protocolo de información permanente en que los profesionales de la salud pongan a su disposición todas las ayudas para la manutención, educación y cuidado de los hijos. El protocolo incluirá la posibilidad de acceso por la madre gestante a una atención psicosocial específica mediante el acceso a un psicólogo clínico; así como la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D”, añade el texto, que promete también la “libertad de conciencia” de todo el personal sanitario, tanto en intervenciones médicas y quirúrgicas “como en la dispensación de medicamentos que atenten contra la vida”.

Sumar: acceso efectivo en la sanidad pública

La coalición liderada por Yolanda Díaz incluye el “acceso efectivo al derecho del aborto” como una “prioridad” en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, se compromete a “tomar medidas adicionales” a las ya incluidas en el Código Penal para que las clínicas donde se practica, así como el acceso a ellas, sean “espacios seguros” para los profesionales y las mujeres. Sumar considera también “prioritario” poner en marcha en las comunidades autónomas los registros de objetores de conciencia que recoge la ley, así como garantizar que la alta inspección desarrolle sus funciones y garantice la prestación en todas las comunidades, “gobierne quien gobierne”. Asimismo, “en coherencia con la reforma de la ley y en cumplimiento con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional”, se garantiza la prestación del servicio en la sanidad pública y en condiciones de proximidad.

Recibe cada tarde el boletín Diario electoral, con el análisis de Ricardo de Querol, subdirector, y Luis Barbero, redactor jefe de edición.