La jueza de la dana cita como testigos a seis altos cargos de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de la dana estrecha el cerco sobre el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La magistrada de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado citar como testigos a seis altos cargos del núcleo duro del Ejecutivo valenciano y al dueño del restaurante El Ventorro, donde el dirigente pasó casi cuatro horas el 29 de octubre de 2024, durante las inundaciones de la provincia de Valencia que dejaron 229 muertos, según una resolución notificada este miércoles.

La magistrada cita al síndic (portavoz) del PP en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, que figura en la terna de posibles nombres para sustituir a Mazón, después de que este haya dimitido. Además, llama al secretario autonómico de Presidencia, José Manuel Cuenca, la sombra del president. El secretario autonómico Cayetano García y el director general de Comunicación, Francisco González, también acudirán al juzgado.

La instructora quiere conocer la información que manejó la principal imputada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, tras las conversaciones con estos altos cargos, que también hablaron con Mazón. Y cómo influyó este flujo de datos en las decisiones del Cecopi, el órgano de la Generalitat que coordinó la crisis y desde donde se envió la alerta. Una notificación que se coló en los teléfonos a las 20.11 horas, cuando la mayoría de los desaparecidos había muerto. Y que se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas.

La jueza considera relevante la declaración del portavoz popular Pérez Llorca. La magistrada recuerda que este mantuvo tres conversaciones la tarde de la riada con la exconsejera Pradas. Las comunicaciones se registraron a las 18.57 (cuando se produjo una llamada perdida), las 18.58 (una comunicación de 14 segundos) y las 18.59 (nueve segundos). Entonces, ya se había desbordado el barranco del Poyo, génesis de la catástrofe, a la altura de municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó, al menos, 56 y 25 muertos, respectivamente. Tras abandonar El Ventorro, Mazón llamó también dos veces a Pérez Llorca a las 18.57.

La instructora destaca que la cercanía entre el president y Pérez Llorca es tal que Pradas tenía guardado en su móvil el número de teléfono del portavoz de las Cortes como “JuanFran Mazón”.

Sobre Cuenca, el hombre de confianza del dimitido president, la magistrada expone para justificar su declaración el incesante trasiego de llamadas con la exconsejera responsable de la emergencia. Pradas llamó a Cuenca a las 12.53 tras decretarse las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo, que acabó desbordándose. Y Cuenca le colgó. Después, ambos restablecieron la comunicación a las 13.19 y a las 18.48 horas.

La magistrada también considera clave la comparecencia del director general de Comunicación, Francisco García. Tras charlar con Mazón a las 18.25, Pradas le llamó por teléfono. Habló con él un minuto y, después, el president volvió a comunicar con la exconsejera desde El Ventorro. El asesor de prensa llamó a Mazón más tarde, a las 18.48. La comunicación se registró poco antes de que el jefe del Consell iniciase un periodo de incomunicación de 37 minutos (18.57 y 19.34).

La jueza también llama como testigo a Josep Lanuza, el asesor de Mazón que le acompañó cuando el president llegó al Cecopi en L’Eliana (Valencia) tras su extensa sobremesa en el restaurante, donde estuvo con la periodista Maribel Vilaplana. La llegada del barón popular se produjo a las 20.28, 17 minutos después del envío de la alerta masiva a móviles. La directora de Prensa de Presidencia, María José Noguera, también desfilará como testigo. La instructora considera que pudo escuchar algún dato importante sobre las conversaciones que Pradas mantuvo con Mazón antes de que se enviara el aviso a los teléfonos cuando la mayoría de las víctimas mortales ya había fallecido.

El foco de la jueza también apunta al dueño de El Ventorro. La citación de este empresario llega después de que Maribel Vilaplana declarará este lunes en el juzgado, donde compareció como testigo, que el propietario del establecimiento llevó a Mazón un sobre con unos documentos para que los firmara. Y que el barón popular lo hizo. Un dato que revelaría que el dirigente tenía contacto con el exterior.

Para aprobar las declaraciones de estos testigos, una condición que obliga a decir la verdad en sede judicial, la magistrada acepta las peticiones de las acusaciones populares que ejercen en la causa el PSPV y Compromís. También admite que se incorpore al sumario, que suma ya 42 tomos, el documental ¿Dónde estaba Mazón?, de Eldiario.es. La instructora, por contra, rechaza que se identifiquen a los escoltas que acompañaron al president durante la jornada.

Las comparecencia del núcleo duro de Mazón y del dueño de El Ventorro se fijan después del cambio de criterio impuesto en las pesquisas por la Audiencia Provincia de Valencia. El tribunal obligó hace dos semanas a la instructora de Catarroja a tomar declaración a Vilaplana. Anteriormente, la jueza había negado esta diligencia con el argumento de que supondría desplazar el foco de las pesquisas al president. Al ser aforado, Mazón solo puede ser llamado a declarar por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (Tsjcv) tras la exposición razonada de la magistrada Ruiz Tobarra.

Desde el pasado marzo, tras la imputación de Pradas y de quien fuera su segundo, el exdirector de Emergencias durante la riada, Emilio Argüeso, la magistrada ha ofrecido tres veces al jefe del Consell comparecer voluntariamente como investigado. Mazón se ha negado.

Información de la alerta en tiempo real

La acusación popular que ejerce en la causa de la dana Acció Cultural del País Valencià ha requerido a la magistrada de Catarroja (Valencia) que pida a la Generalitat información sobre un servicio de alertas en medios escritos y audiovisuales que reportaba datos en tiempo real a la cúpula del Consell. Con este movimiento, Acció Cultural quiere desgranar el flujo de datos que manejaba el Gobierno de Carlos Mazón mientras arreciaba la dana. También pretenden conocer el nivel de comunicación que tuvo el president durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que duró su almuerzo en el restaurante El Ventorro, donde mantuvo ocho conversaciones sobre la riada con dirigentes como la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas, o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP.

Según esta acusación, Presidencia de la Generalitat tenía contratado un servicio con dos empresas. Una, le reportaba las alertas en radio y televisión. Y la otra, el resumen de prensa. Las firmas tenían por contrato que enviar informes casi en tiempo real a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

Acció Cultural pide a la jueza el pliego del contrato con estas empresas, qué medio utilizaban para notificar las alertas a la Generalitat y quiénes las recibían. También solicitan a la magistrada que reclame la copia de los mensajes remitidos a los altos cargos del Consell a través de este servicio entre el 28 y el 29 de octubre de 2024, el día de la dana.