El TSJCV permite que las VTC de Valencia estacionen junto a aeropuertos y hoteles

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, anuncia que esperarán a lo que digan los servicios jurídicos para adaptar la ordenanza de Movilidad al fallo judicial: “No vamos a improvisar”

Un vehículo VTC circula por las calles de Valencia.Manuel Bruque

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en concreto la sección 4ª de la sala de lo Contencioso-administrativo, ha anulado dos apartados de la ordenanza municipal de Movilidad de Valencia, aprobada en 2021 por el anterior gobierno municipal, que obligaba al servicio de ...

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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en concreto la sección 4ª de la sala de lo Contencioso-administrativo, ha anulado dos apartados de la ordenanza municipal de Movilidad de Valencia, aprobada en 2021 por el anterior gobierno municipal, que obligaba al servicio de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) a contratarlos con una hora de antelación a la carrera y prohibía a estos vehículos aparcar a menos de 300 metros de puertos, aeropuertos, estaciones de trenes, hoteles o paradas de taxis. El portavoz del gobierno del PP y Vox, Juan Carlos Caballero, ha lamentado que la ordenanza que dejó el anterior ejecutivo, de Compromís y PSPV, fuera “una chapuza” y esperará a los que digan los servicios jurídicos municipales para adecuar la norma municipal a la sentencia.

El anterior equipo de gobierno municipal de Valencia elaboró y aprobó una ordenanza municipal para establecer limitaciones a los servicios de VTC después de que el sector del taxi pidiera amparo por la llegada de las nuevas licencias y ahora el TSJCV entiende contrarios a derecho y anula dos apartados del artículo 53 bis de la citada ordenanza. “Tendrán que contratarse, al menos, con una antelación de una hora previa a su efectiva prestación”, exige ahora la normativa municipal en vigor a los VTC. Y también prohíbe el aparcamiento en una distancia inferior a 300 metros de puntos de gran afluencia de viajeros: puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, equipamientos deportivo-recreativos y sanitario-asistenciales, públicos o privados, hoteles con más de 400 plazas de alojamiento, y paradas de taxis con capacidad superior a 9 plazas.

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, del PP, ha manifestado tras la junta de los viernes que el ejecutivo municipal “no va a improvisar” y esperará a que los servicios municipales se pronuncien sobre las consecuencias del fallo. La ordenanza “no se hizo con el rigor adecuado y se tomaron decisiones no consensuadas”, ha subrayado Caballero.

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi —que fue concejal de Movilidad en la anterior legislatura— ha solicitado a la alcaldesa que defienda en los tribunales la ordenanza de Regulación de los VTC que se aprobó y que “garantiza que el taxi pueda seguir proveyendo el servicio público y de calidad, sin intrusismo ni competencia desleal”. “Nosotros regulamos la prestación de los servicios discrecionales de los VTC para que se haga de la forma más correcta y así garantizar la competencia efectiva y el respecto a la legalidad, y el sector del taxi ve así garantizadas las prestaciones del servicio público que ofrece”, ha señalado.

La concejala del Grupo Municipal Socialista María Pérez ha emplazado a la alcaldesa a que “aclare si va a dar barra libre a las licencias de VTC para competir contra el sector del taxi y convertir Valencia en una franquicia del caos en el que el PP ha transformado Madrid”, ha afirmado en relación a la sentencia.

Pérez lamenta que el PP se refiera a la normativa como “chapuza” y que se “esconda tras los técnicos cuando la normativa está redactada técnicamente y consensuada”. “La alcaldesa tendrá que decidir cuál es su modelo de ciudad, cuál es la relación que establecer entre el sector del taxi y las VTC, si va a recurrir o no la nueva sentencia o cuál va a ser la regulación que va a imponer a las VTC”, ha enumerado entre las cuestiones que tiene que aclarar tras el fallo judicial.

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