Mazón auditará el sector público tras acusar a la Generalitat de izquierdas de “enchufes y descontrol”

El presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, ha presentado un alud de cifras y datos para criticar el “malgasto, descontrol y ocultismo” del anterior Gobierno autonómico de izquierdas, llamado del Botànic y formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podem, según ha reiterado este martes en el patio gótico del Palau de la Generali...

El presidente valenciano, Carlos Mazón, del PP, ha presentado un alud de cifras y datos para criticar el “malgasto, descontrol y ocultismo” del anterior Gobierno autonómico de izquierdas, llamado del Botànic y formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podem, según ha reiterado este martes en el patio gótico del Palau de la Generalitat. Con constante alusiones a informes de Intervención y de la Sindicatura de Cuentas y con la puesta en escena de las ocasiones extraordinarias, Mazón ha afirmado ante los medios de comunicación que en los últimos cuatro años el Botànic “adjudicó de manera directa, a dedo, 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros” y en 2021 se produjeron más de “4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la Dirección General de Presupuestos”. La plantilla en el sector público se incrementó un 35% entre 2015 y 2023 y el gasto en personal de las empresas públicas se disparó un 47%, de 400 millones a 600 millones.

Por todo ello, el presidente valenciano, que gobierna en coalición con Vox, ha anunciado la puesta en marcha de dos auditorias: una general ”forensic” -“un procedimiento técnico para detectar de manera pormenorizada posibles casos de fraude y gasto descontrolado”, ha explicado- del sector público para conocer “dónde ha ido cada euro”, y una auditoria operativa. Además ha comunicado que eliminará seis “empresas fantasma” con funciones duplicadas que en realidad nunca había sido nunca operativas, según ha señalado. Se refería a las siguientes agencias: Valenciana de la Energía, para la Digitalización y la Ciberseguridad, Valenciana de Información y Control Alimentarios, Valenciana de Residuos y Economía Circular, Valenciana Cambio Climático y a la Escuela Valenciana de Administración Pública. El personal “no político” adscrito a estas agencias es “muy reducido” y se incorporará a las direcciones generales correspondientes.

El campo semántico de su intervención incluía términos y expresiones como “irregularidades”, “transferencias no se sabe a quién y de no se sabe qué”, “pozo sin fondo”, “barra libre”, “enchufes masivos”, “contrataciones a dedo”, “mal gasto” o “descontrol”. Sin embargo, Mazón no presentará las pruebas esgrimidas ante un juzgado al menos hasta que concluya la auditoría. Entonces se exigirán, “allá donde haga falta, las responsabilidades administrativas e incluso penales que se hayan podido producir”. “Si los servicios jurídicos de la Generalitat ven algún tipo de irresponsabilidad, lo trasladaremos al juzgado, lógicamente”, ha reiterado.

El presidente del Consell ha respondido a los medios que los 554 millones en gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación y 159 millones en contratos menores que suman los 713 millones citados no se explican por las contrataciones de urgencia de la pandemia del coronavirus, como han señalado al poco de la conferencia de prensa fuentes del anterior Gobierno. También ha contestado que no tenía “detallado” el desglose de las 4.000 contrataciones de trabajadores que ha destacado, si bien ha sostenido que no pertenecen al ámbito sanitario ni educativo. Sí ha subrayado que, por ejemplo, la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicicios de Emergencias (SGISE), que incluye a los bomberos forestales, bajo la competencia de la exconsejera Gabriela Bravo, pasó de 500 a 1.000 trabajadores.

Mazón ha concluido que los informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención de la Generalitat ponen de manifiesto que “el gobierno de PSPV, Compromís y Podemos se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad”. En cifras, ha indicado que solo cuatro de las 54 entidades del sector público han recibido una valoración positiva en estos informes, con lo que “el 92% no realiza los procedimientos de contratación pública conforme a la ley”.

Por todo ello, solicitó un informe urgente de a la dirección general de Sector Público, un informe que revela que hay seis entidades creadas por el Botànic con “un claro conflicto de duplicidades que darían lugar a más directivos o gerentes colocados a dedo para realizar la misma tarea” y que son las que se eliminarán.

El “padrino político” en el banquillo

La respuesta de los socialistas ha sido casi inmediata. El postavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que “todos los valencianos” conocen “la Cueva de Alí Babá que fue el sector público con el PP en la Generalitat”, que “ha merecido condenas de cárcel de sus responsables” y llevará ahora a juicio a Eduardo Zaplana, el “padrino político” del actual presidente, Carlos Mazón. El inicio del juicio contra Zaplana y otro expresidente valenciano del PP, José Luis Olivas, además de 13 personas de círculo de confianza del primero, está previsto que empiece el 1 de febrero.

A Zaplana se le acusa de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Muñoz ha indicado también que el expresidente Francisco Camps y varios exconsejeros “esperan sentencia por el saqueo de la Generalitat de la trama Gürtel” y ha acusado a Mazón de “mentir descaradamente”, pues a su juicio “tan mala no habrá sido la gestión anterior cuando ha mantenido en su cargo a la persona responsable del Sector Público con el Consell del Botànic”. Se refiere Muñoz a María José Mira, actual secretaria autonómica de Económica de la Generalitat y de la que depende la dirección general de Fondos Europeos y Sector Público. Mazó la ha mantenido en su Gobierno si bien había sido con el anterior Consell de izquierdas la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación y Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Coordinación de los Suministros de la Generalitat ante la infección de la Covid-19.

El portavoz parlamentario socialista ha apuntado que “la gran reforma del sector público de Mazón se traduce en suprimir seis entidades inactivas con un ahorro total de cero euros” y le ha acusado de “querer crear una cortina de humo ante las inminentes sentencias a dirigentes del Partido Popular”.