Borrón y cuenta nueva en Feria Valencia
La Generalitat se convierte el 5 de mayo en propietaria de una institución centenaria debilitada por la recesión, la crisis reputacional y un agujero económico que alcanzó los 1.000 millones de euros
Feria Valencia moría de éxito a comienzos de siglo con miles de expositores, visitantes y un calendario de certámenes repleto de citas. Eran días de euforia para la institución centenaria, la decana de España, que emprendió entonces unas obras de ampliación que costaron más de lo previsto. La crisis financiera de 2008 marcó el comienzo de un declive económico que ha desembocado en la conversión de Feria Valencia —que ha llegado a acumular un agujero económico de 1.029 millones— en una sociedad 100% de la Ge...
Feria Valencia moría de éxito a comienzos de siglo con miles de expositores, visitantes y un calendario de certámenes repleto de citas. Eran días de euforia para la institución centenaria, la decana de España, que emprendió entonces unas obras de ampliación que costaron más de lo previsto. La crisis financiera de 2008 marcó el comienzo de un declive económico que ha desembocado en la conversión de Feria Valencia —que ha llegado a acumular un agujero económico de 1.029 millones— en una sociedad 100% de la Generalitat, que lleva haciéndose cargo del pago de la deuda desde hace años. Así que “borrón y cuenta nueva”, dijo consejero de Economía Sostenible, Rafael Climent, cuando su departamento tomó las riendas del problema.
La entidad ferial ha atravesado una severa crisis reputacional. Contrató con al menos tres empresas vinculadas a casos de corrupción para que realizaran trabajos de representación y marketing, pese a que ya contaba con un departamento para ello. En 2019, un dictamen de las Cortes Valencianas concluyó que hubo descontrol en la gestión de dinero público en la entidad: entre 2007 y 2011, con las cifras de negocio cayendo, se multiplicaron los gastos de representación y las tarjetas de crédito hasta un valor superior al millón de euros anuales, si bien la Fiscalía descartó que hubiera un desvío de fondos. Fue una época de despilfarro. Mientras tanto, la Feria de Madrid (IFEMA) ha actuado de embudo y se ha llevado algunos de los certámenes de Valencia.
En Valencia, las administraciones públicas y los empresarios se volcaron en el rescate de la Feria pero fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre si debía ser pública, privada o una fórmula mixta. Cuando Natxo Costa, actual subsecretario de la Consejería de Economía Sostenible, aterrizó en la Dirección General de Comercio en 2015, le entregaron tres carpetas, una de asuntos generales, otra sobre la situación de la Institución Ferial Alicantina (IFA), con un agujero de 70 millones de euros, y una tercera sobre la Feria Valencia, la más voluminosa.
El empresario y dirigente patronal, José Vicente González, que se había puesto al frente de la institución en 2013, abandonó la presidencia en 2019 después de recoger un recinto en una situación calamitosa y dejarlo con un resultado de explotación positivo. No consiguió, sin embargo, cerrar la última fase del rescate del recinto por parte de la Generalitat, que llevaba haciéndose cargo de la deuda ferial desde hacía años. Llegó la pandemia, la parálisis, y la necesidad de remontar una vez más. 2022 se cerró con 2,2 millones de euros de pérdidas (de su actividad típica) y fue porque, a causa de la covid-19, se suspendieron todos los certámenes del primer trimestre, incluido Cevisama, el más potente de todos. 2023 se presenta mucho mejor, con 35 certámenes y 60 eventos programados.
Al subsecretario de Economía y consejero delegado de la sociedad pública que se convertirá definitivamente en propietaria de Feria Valencia el próximo 5 de mayo, más que los márgenes y la eficiencia, dos mantras que González impuso en su etapa, le preocupa el número de expositores y visitantes. “¿Cuántas ventas directas e indirectas se consiguen en feria? El impacto en las empresas es muy importante, así que si repiten es porque les funciona. Otros certámenes van languideciendo, pero aquí, en Colonia o en Birmingham. IFEMA se llevó muchos certámenes, en parte por la capitalidad. Tenemos que ser conscientes de qué ferias podemos hacer”, reflexiona Costa, que representa en el Gobierno del Botànic a Compromís.
“La Feria debe ser dar soporte al tejido productivo, no conseguir beneficios”, opina Costa, que defiende el carácter público de la feria. “El modelo es parecido en todos los sitios: La feria de Milán es una sociedad cotizada en bolsa pero el 69% de las acciones son de una fundación participada por el gobierno italiano, el de Milán, las cámaras de comercio, las asociaciones empresariales y el equivalente a las cajas de ahorros”, precisa.
En 2017, el Gobierno del Botànic comenzó la reestructuración de la entidad. La Generalitat decidió que fueran dos sociedades públicas las que gestionasen las ferias de Alicante y de Valencia. En esta última, nueve de 16 consejeros serán públicos, con el consejero Rafael Climent en la presidencia; y representantes del Consejo de Cámaras de Comercio, de la patronal CEV, de Unión Gremial, entidad fundacional, del Ayuntamiento y de la Diputación.
El proceso de reconversión de IFA se culminó en marzo y el de Feria Valencia será a principios de mayo. El Ayuntamiento de Valencia, propietario de los terrenos sobre los que se asienta el recinto, los ha cedido a la Generalitat mediante una “mutación demanial externa” y no volverán al municipio a menos que se cambie el uso. “Desde el punto de vista contable, los terrenos, valorados en más de 500 millones de euros, compensan de algún modo la deuda ferial. Ahora somos titulares de los terrenos y los edificios”, apostilla el subsecretario.
Según Costa, la Generalitat, que amortiza unos 40 millones de euros anuales por la deuda ferial, puede mejorar la gestión. “Estamos en ratios de ocupación aceptables aunque se tienen que mejorar. La pandemia ha servido para dar un uso más social al recinto: se han hecho exámenes de oposición, ha cobijado las fallas de 2020 que no pudieron quemarse y ha sido y es almacén de productos sanitarios [por la pandemia]”, resume. A partir de ahora, la sociedad pública, que asumirá toda la plantilla ferial, amplía su actividad a la organización de acontecimientos de tipo económico, deportivo o cultural. “Podremos organizar también conciertos”, asegura el también consejero delegado de la institución.
La presidenta de la CEV en la provincia de Valencia y consejera en Feria Valencia, Eva Blasco, agradece a la Generalitat que haya asumido la deuda y defiende que la gestión tiene que ser de orientación privada, “porque, de lo contrario, podría quitarle competitividad al funcionamiento de la institución”, apunta. “Nos parece bien la transformación pero aspiramos a que la gestión sea privada. Queremos certámenes gestionados al 100% por los sectores”.
Según Blasco, el mundo ferial ha evolucionado mucho. “No podemos dar las ferias por desaparecidas. Hay referentes en Europa, EE UU y Asia. Se han transformado, no son un sitio solo donde presentar las novedades añade. La dirigente empresarial está de acuerdo con que el recinto acoja otro tipo de actividades, adicionales a la de los certámenes, “pero también es necesario que sea eficiente”.