El Gobierno valenciano pedirá la suspensión cautelar de los caudales ecológicos que afectan al trasvase Tajo-Segura

La nueva planificación hidrológica del Tajo lleva apenas cinco días en vigor y el Gobierno valenciano ha anunciado que pedirá al Tribunal Supremo, en el recurso que preparan, la suspensión cautelar de los caudales ecológicos y, por tanto, el recorte del trasvase Tajo-Segura, “hasta que no se aborde el fondo de la cuestión”. Así lo ha adelantado este jueves el presidente autonómico, Ximo Puig...

La nueva planificación hidrológica del Tajo lleva apenas cinco días en vigor y el Gobierno valenciano ha anunciado que pedirá al Tribunal Supremo, en el recurso que preparan, la suspensión cautelar de los caudales ecológicos y, por tanto, el recorte del trasvase Tajo-Segura, “hasta que no se aborde el fondo de la cuestión”. Así lo ha adelantado este jueves el presidente autonómico, Ximo Puig, tras visitar las obras del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El decreto que revisa la planificación hidrológica de varias cuencas, también la del Tajo, introduce nuevas normas que reducirán el volumen hídrico transferible a la cuenca del Segura, al fijar unos caudales ecológicos mínimos en el río cedente. “Se ha de hacer una evaluación sobre las inversiones y la situación ecológica del río”, ha reclamado Puig, que exige que se garantice “el agua para siempre” a la zona mediterránea. El Gobierno valenciano tiene previsto aprobar el recurso a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en su sesión plenaria de mañana viernes, que se celebra en Orihuela (Alicante). Esta demanda incluirá la solicitud de la suspensión cautelar de la norma, señalan fuentes de la Generalitat.

El real decreto publicado el sábado en el BOE establece que el caudal ecológico del Tajo (el volumen mínimo de agua que debe siempre mantener para preservarlo desde el punto de vista medioambiental) suba progresivamente entre 2023 y 2027, lo que en la práctica implica reducir la cantidad de agua trasvasada a Alicante, Murcia o Almería. El plan de cuenca del Tajo señala que a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.

La Generalitat entiende que el decreto ya en vigor no garantiza que el aumento de los caudales ecológicos se lleve a cabo en función del análisis de las masas de agua y el estado de las inversiones anunciadas por el Gobierno para mejorar su calidad. Según el Ejecutivo valenciano, la disposición adicional novena del decreto no cumple con “aquello que parece razonable”, ha dicho el presidente; es decir, que la evaluación de las masas de agua sea determinante a la hora de decidir la subida o no del caudal ecológico. Otros Gobiernos autonómicos como el de Andalucía y Murcia también anunciaron que recurrirán el decreto del Gobierno, que aplaudió Castilla-La Mancha.

El decreto de los nuevos planes hidrológicos ha sido contestado desde el principio por los afectados de la cuenca del Segura, receptora del agua del Tajo desde hace más de 40 años. La Generalitat valenciana intentó un acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica para que los caudales ecológicos del Tajo no fueran inamovibles más allá de 2025 y pudieran revisarse en función del estado medioambiental de la cuenca media del Tajo, sobre todo, después de las inversiones que tiene previsto poner en marcha el Gobierno.

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió finalmente, de acuerdo con varias sentencias del Tribunal Supremo y con las políticas de gestión del agua de la UE, dejar los caudales ecológicos tal cual. Y ahí se desataron las divergencias con tres comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía presentaron alegaciones ante el Consejo de Estado contra la redacción del Ministerio de Teresa Ribera. La fórmula definitiva publicada en el BOE dejó más abierta la posibilidad de revisar los caudales del Tajo en un futuro, el Gobierno valenciano (coalición de PSPV, Compromís y Unides Podem) no se dio por satisfecho. El Ejecutivo de Ximo Puig anunció que, aunque no sería una enmienda a la totalidad del decreto, sí se recurrirán “aquellas cuestiones que sean lesivas para los intereses de los regantes, cuestiones que limiten de una manera discrecional y arbitraria el trasvase”.

Asaja, principal sindicato agrario en la zona afectada, augura la pérdida de miles de trabajadores y una caída del 10% de la producción en los márgenes del Segura por la reducción de caudal proveniente del Tajo.