Los empresarios sacan a la calle el “malestar” por la baja inversión de los presupuestos generales en la provincia de Alicante

La baja inversión que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han aprobado en materia de infraestructuras para la provincia de Alicante supone “un trato que humilla y ofende” y genera “gran malestar y preocupación” por sus repercusiones en el “tejido productivo y en el bienestar social”, sostiene Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. La entidad empresarial, junto a la rama alicantina de la patronal valenciana (CEV) y al Instituto de Estudios Económicos provincial (Ineca...

La baja inversión que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han aprobado en materia de infraestructuras para la provincia de Alicante supone “un trato que humilla y ofende” y genera “gran malestar y preocupación” por sus repercusiones en el “tejido productivo y en el bienestar social”, sostiene Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. La entidad empresarial, junto a la rama alicantina de la patronal valenciana (CEV) y al Instituto de Estudios Económicos provincial (Ineca) han alzado la voz contra una partida económica que sitúa a Alicante a la cola nacional en inversión. “Exigimos una respuesta urgente”, avisa Joaquín Pérez, presidente de la CEV en Alicante.

La consigna es tajante: “Se Acabó”. En la Plaza de la Montanyeta, frente a la subdelegación de Gobierno, unas 2.200 personas, según los cálculos de la Policía Nacional, se han reunido para atajar “un problema que se agrava cada día que pasa”, opina Pérez. Los PGE destinaban inicialmente 160,8 millones a las infraestructuras de Alicante, 85,48 euros por cabeza, con lo que la provincia quedaba en último lugar en toda España y se convertía en la única en la que no se alcanzaba el centenar de euros per capita. La organización de la concentración ha querido evidenciar la “precariedad” de las estructuras provinciales. La red ferroviaria, con especial incidencia en la llegada de un trazado de costa y el enlace con puerto y aeropuerto, la viaria, con incidencia en las autopistas y en carreteras necesarias en diversos puntos de la provincia, y el puerto, “que debe servir para la llegada de barcos con pasajeros y mercancías, y no solo para montar agencias y competiciones deportivas”, a juicio de Baño, muestran las carencias de una sociedad “despreciada”, aseguran los organizadores.

Entre los presentes, el líder del PP autonómico, Carlos Mazón, el provincial, Toni Pérez, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, al frente de una comitiva de primeros ediles populares de toda la provincia. En la plaza, sin abarrotar, y con la insistente repetición de una versión del tema Se acabó de María Jiménez, escrita para la ocasión, también se encontraban Francisco Melgar y Lola Pilares, un matrimonio que ha venido a “defender Alicante”. “El Gobierno nos tiene abandonados”, asevera Melgar, “Puig

tendría que arañar algo más de dinero”. También ha respondido al llamamiento Carlos Cruzado, “un ciudadano” que subraya que “la sensación de desinversión no es ninguna sorpresa, porque ya dura 35 años”. En su opinión, y la de su pareja, Pilar Ferrándiz, “el tren del aeropuerto, el tercer carril de la autovía Alicante-Villena y la falta de representatividad del puerto” precisan atención urgente. “En otras provincias, parece que todo funciona mejor”, señala Cruzado.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya había anunciado por la mañana que “respeta” la concentración convocada por los empresarios. “Todo el mundo tiene derecho a manifestarse cuando opina diferente”, en este caso, a lo que llega desde la Moncloa. Sin embargo, el jefe del Consell insiste en que en este momento “nos toca buscar vías para solucionar los problemas, no para crearlos”, dijo en Elche, ciudad a la que había acudido para presentar la candidatura ilicitana a la Agencia Espacial Española. Poco después, ya en la capital provincial, aprovechó para desglosar las inversiones que viajarán a Alicante desde los Presupuestos de la Generalitat para 2023.

Las cuentas del Botànic

En total, el Botànic invertirá 316 millones de euros en Alicante para “mejorar la cohesión social y territorial” a través de un impulso a la movilidad sostenible. Junto a la consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, Puig anunció que apuesta por un transporte público “de calidad, descarbonizado, y capaz de ofrecer el mejor servicio posible”. También delineó la interconexión del territorio mediante “una red en forma de malla que supere centralidades ineficientes”, lo que se traduce en grandes infraestructuras como la conexión de Alicante y Valencia por AVE, un último estirón para finalizar el Corredor Mediterráneo y otras conexiones como el tranvía de Alicante a Dénia, con 150 millones de inversión y que concluirá este año, y el nuevo tranvía de Dénia a Gandia. El líder socialista también aludió a la licitación de la estación intermodal de Luceros, en el núcleo urbano de Alicante, y al lanzamiento del nuevo transporte a demanda para pequeños municipios.

Puig pide también que las áreas metropolitanas y las grandes ciudades prioricen “la descarbonización”. La Generalitat, sostiene, quiere contribuir a este “cambio urbano” con los Planes de Movilidad Metropolitana para Alicante-Elche, Castellón y València, a las que ve en el futuro “más compactas, más peatonalizadas y con movilidad más sostenible”. Además, la integración tarifaria, la rebaja de precios, inicialmente del 30% y que ahora alcanza el 80% gracias al apoyo del Gobierno de España, y la gratuidad para los jóvenes menores de 30 años en el transporte público contribuyen, según sus datos, a que el transporte público en la Comunidad Valenciana en su conjunto sea “el más barato de España”.