Francis Puig, hermano del presidente valenciano, citado a declarar por presunto fraude de subvenciones
Un juzgado de Valencia investiga una causa abierta a instancias del PP por ayudas públicas a empresas participadas por el empresario castellonense
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha llamado a declarar, en calidad de investigado, a Francis Puig, empresario y hermano del presidente de la Generalitat,Ximo Puig, el próximo 23 de mayo en una causa abierta por un supuesto delito de fraude de subvenciones recibidas por las mercantiles a las que está vinculado el empresario castellonense: Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Krio...
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha llamado a declarar, en calidad de investigado, a Francis Puig, empresario y hermano del presidente de la Generalitat,Ximo Puig, el próximo 23 de mayo en una causa abierta por un supuesto delito de fraude de subvenciones recibidas por las mercantiles a las que está vinculado el empresario castellonense: Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions.
La investigación judicial nace de una querella presentada por el PP y se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente valenciano de la Generalitat valenciana, la Generalitat catalana y del Gobierno de Aragón entre los años 2015 y 2018.
El instructor ha citado también como investigado el 25 de mayo a Juan Enrique Adell Bovell, vinculado también a este conglomerado de sociedades, según consta en un auto fechado el pasado 31 de marzo. El director general de Política Lingüística de la Generalitat valenciana, Rubén Trenzano, también está investigado.
El instructor acordó el pasado mes de enero prorrogar las investigación otros seis meses, a la espera de que se aportasen nuevos informes. El PP, que ejerce la acusación popular, se había pronunciado a favor, con el fin de que se pudiera seguir indagando y ampliar, en caso de que sea necesario, la información que se aporte a la instrucción.
El titular del juzgado ha pedido información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda, sobre la contabilidad de las mercantiles beneficiarias de las subvenciones y vinculadas a Francis Puig. En concreto, se investigan ayudas para el fomento del valenciano, del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.
La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil ya reclamó en julio del año pasado los libros diarios a cada una de las mercantiles del empresario Francis Puig y sus socios, los Adell Bover, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2015 a 2018.
Francis Puig fue imputado en octubre de 2019 tras la querella inicial presentada por el PP, que ha sido ampliada en cuatro ocasiones. En principio, fue llamado a declarar pero la citación se aplazó hasta que se ampliase la investigación.
La productora señala que durante más de dos años se ha mantenido un “respetuoso silencio” para no interferir en la investigación y ha aclarado que las “dudas” de la Guardia Civil sobre un número “muy limitado” de facturas aportadas para justificar las subvenciones concedidas “serán resueltas en una próxima comparecencia en sede judicial, que se solicitará en breve”. Y ha agregado: “En ningún caso tales dudas derivan en la comisión de ningún ilícito penal”.
Además, ha advertido de la existencia de un informe de la benemérita en la que, a su juicio, “confunde” al hablar de la doble imputación del gasto para subvenciones de la Generalitat Valenciana y la Generalitat Catalana, el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración con el dato objetivo de que en ningún caso se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto, “respetándose en todo momento el límite previsto en el artículo 19.3 de la Ley General de Subvenciones”.
Y ha aprovechado para recordar, tal y como consta en un oficio remitido por la Agencia Antifraude de fecha 20 de febrero de 2020 al juzgado que, tras las comprobaciones oportunas, “todos los planes de control en el ámbito administrativo de las subvenciones recibidas han finalizado con resolución favorable, no instruyéndose ningún procedimiento de reintegro por parte de la administración”.