41 palabras para recuperar el derecho foral valenciano y deshacer el freno al Estatuto
Los partidos valencianos quieren aprovechar la reforma constitucional para adecuar el término de las personas con discapacidad para impulsar la recuperación de los fueros
Un añadido de 41 palabras en la disposición adicional segunda de la Constitución permitiría a la Comunidad Valenciana recuperar la capacidad de regular un derecho civil propio y deshacer el freno impuesto al Estatuto, pese a que este, aprobado y constitucional, incluye la recuperación de los fueros del histórico Reino de Valencia. Ese es el objetivo del acto reivindicativo que este lunes desplegarán partidos políticos, instituciones, agentes sociales y sociedad civil en el Congreso de los Diputados...
Un añadido de 41 palabras en la disposición adicional segunda de la Constitución permitiría a la Comunidad Valenciana recuperar la capacidad de regular un derecho civil propio y deshacer el freno impuesto al Estatuto, pese a que este, aprobado y constitucional, incluye la recuperación de los fueros del histórico Reino de Valencia. Ese es el objetivo del acto reivindicativo que este lunes desplegarán partidos políticos, instituciones, agentes sociales y sociedad civil en el Congreso de los Diputados para que la propuesta de la reforma salga adelante.
La Comunidad Valenciana no tenía vigente fueros propios cuando, en 1978, se aprobó la Constitución. Pero los había tenido. Desde hace años, la mayoría del espectro político valenciano, de acuerdo en esto, reclama que se permita al territorio legislar en materia civil, la que regula la cotidianeidad, las relaciones entre las personas, los bienes, las sucesiones, entre otros, “y lo que queremos es que estas se parezcan más a la ciudadanía valenciana”, según el director general de Calidad Democrática, Iñaki Pérez Rico. No sería una excepción, ya que las seis autonomías (País Vasco, Navarra, Aragón, Galicia, Cataluña y Baleares) que sí tenían fueron propios en el 78 mantienen esa competencia.
No se trata de abrir ningún melón. El Gobierno ya ha iniciado un proceso para reformar el artículo 49 de la Constitución Española y eliminar el término “disminuido” para sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. “Se podría aprovechar ese mismo momento”, sugiere Pérez Rico, para analizar la propuesta de la Comunidad Valenciana, aprobada por las Cortes autonómicas en febrero de 2020. El PSOE, el PP, Compromís y Unides Podem votaron a favor. Junto a Vox, Ciudadanos votó en contra siguiendo una directriz nacional de la formación pero, posteriormente, se unió a la mayoría por la recuperación del derecho foral y a su defensa en el Congreso.
La proposición de las Cortes de hace poco más de un año se aprobó después de que la reincorporación de esta legislación se intentara por otras vías. La reforma del Estatuto autonómico de 2006, sobre el que no se planteó ninguna inconstitucionalidad, recoge “la recuperación de los contenidos correspondientes de los Fueros del histórico Reino de Valencia”. A partir de ahí, bajo el Gobierno de Francisco Camps (PP) y con el apoyo del PSOE, se aprobaron tres leyes con ese objetivo. La primera, sobre el régimen económico matrimonial, por la que se asignaba la separación de bienes en lugar del habitual de gananciales cuando una pareja se casaba, otra sobre custodia compartida de los hijos como medida inicial tras un divorcio y una tercera sobre la regulación de las uniones de hecho. Pero los intereses valencianos no coincidieron con los de Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero las recurrió y Mariano Rajoy, posteriormente, mantuvo el recurso. Finalmente, en 2016, el Constitucional anuló toda la regulación alegando una extralimitación en la competencia legislativa. Por eso, ahora la vía es esa pequeña reforma constitucional.
La consejera de Participación Rosa Pérez Garijo defiende que “se trata de reivindicar lo que otras comunidades autónomas ya tienen y que nosotros también debemos tener para hacer efectiva la potestad que ampara la recuperación del derecho civil valenciano; porque queremos tener la capacidad para decidir sobre nuestro derecho civil propio”. Lo que se intentará este lunes será que la Junta de Portavoces de la Mesa del Congreso incluya en el orden del día la propuesta aprobada hace ya más de un año en Valencia para que la solicitada reforma constitucional se tramite, explica Iñaki Pérez Rico, quien destaca el trabajo de la Associació de Juristes Valencians (AJV), que ha sido el colectivo encargado de aglutinar el apoyo de más de medio millar de ayuntamientos valencianos, que representan a más 90 % de la población valenciana, organizaciones sindicales, empresariales, festeras y culturales. También la Federación Valenciana de municipios y Provincias apoyó la reforma constitucional en defensa de un derecho Civil “propio, moderno, útil, próximo y social”.
Al acto de este lunes acudirán también representantes del Ateneo, de Lo Rat Penat, de España Cívica, de Societat Civil Valenciana, de la Federación de Sociedades Musicales, de los Colegios de Abogados y de las diferentes Universidades valencianas, entre otros. Para el presidente de Juristes Valencians José Ramón Chirivella “se trata de escenificar en el Congreso el gran consenso político, social y municipal que existe en la Comunidad Valenciana para la reintegración del derecho civil foral”.
Ahora, ya con la nueva normalidad vigente, es el Congreso el que ha de dar el paso para que se pueda ejecutar el acuerdo prácticamente unánime de todos los partidos, el acuerdo de añadir las 41 palabras: “La competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida a sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución, se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales”. Luego estará en manos de la extrema derecha el requerir un referéndum (no obligatorio) sobre la recuperación de los fueros.