La jueza sienta en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por contrataciones ilegales
Entre los procesados figura el exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, quien también fue diputado provincial y ahora encarcelado por el ‘caso Azud’
La jueza del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado mandar al banquillo a las 26 personas investigadas en relación a las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, que forman parte del denominado caso Taula. Entre ellos, figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla o los...
La jueza del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado mandar al banquillo a las 26 personas investigadas en relación a las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, que forman parte del denominado caso Taula. Entre ellos, figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla o los exdiputados provinciales Rafael Rubio (PSPV-PSOE) y Salvador Enguix (PP). La jueza ha requerido a los acusados para que presenten fianzas que suman en su conjunto más de 4,7 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 12 años de prisión para Rus y otros seis años para Rubio.
La instructora ha decidido abrir juicio por los delitos de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Valencia.
La jueza los manda al banquillo al haber detectado indicios de que Rus, Rubio, Caturla y Marcos Benavent —conocido como el yonqui del dinero y exgerente de Imelsa—, entre otros, utilizaron la empresa pública Imelsa “en beneficio propio” y contrataron a trabajadores “para responder a favores solicitados por terceras personas”. En el caso de Rubio, que fue detenido y encarcelado por su presunta participación en la trama de corrupción que investiga el caso Azud, solicitó, según las pesquisas, la contratación de dos asesores en Imelsa.
En muchos de esos fraudes detectados, los empleados contratados tenían la condición de asesores, pero no desarrollaron ningún trabajo para la empresa. Esas incorporaciones de personal “se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad” y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las leyes de Presupuestos Generales entre los años 2009 y 2014, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que consta en el sumario
Además, se juzgarán otras cinco contrataciones presuntamente irregulares en Ciegsa, la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de colegios e institutos, cuyo consejero delegado entre 2003 y 2007 fue el también secretario autonómico de Educación Máximo Caturla. Entre los contratados están un exalcalde y un exconcejal del PP.
Esta pieza separada del caso Taula ha recibido el nombre de zombi, en alusión a los trabajadores que cobraban sin trabajar. El caso Taula consta de 10 piezas separadas y estalló a principios de 2016 con la detención de una veintena de personas, los registros y el bloqueo de cuentas corrientes por parte de la policía que investigaba una supuesta trama de corrupción en varias administraciones públicas (ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat). El principal confidente de todo ello era el exgerente de Imelsa, Benavent, que intentó justificar su actuación por su condición de “yonqui del dinero”.