Las grandes empresas de FP privada regularizan a sus trabajadores tras años con convenios inadecuados

Los principales centros educativos privados que imparten ciclos de Formación Profesional, como Ilerna e IFP (Grupo Planeta), han mantenido, durante años, a sus profesores con convenios profesionales que no les correspondía por categoría, aplicándoles unas peores condiciones laborales. Según ha podido saber EL PAÍS y SER Catalunya, el gran actor del sector, la empresa leridana Ilerna —que concentra el 66% de los alumnos de la modalidad a distancia en Cataluña— inició este septiembre el proceso de regularización —pasando del convenio de consultoría al de enseñanza privada— tras varias denuncias a Inspección de Trabajo por parte del sindicato UGT y de varios extrabajadores. El mismo camino está tomando IFP, pero en este caso con su profesorado de los centros presenciales —con convenios de oficinas y despachos—, tras la presión de la CGT y la organización de los trabajadores. Otras grandes empresas del sector, como Ceac (absorbida por Planeta) o Medac tienen el convenio adecuado.

El sector de la FP privada ha crecido como la espuma en la última década, impulsada por el interés en este tipo de estudios, pero también por el déficit de plazas en la pública. El crecimiento más fulgurante lo ha protagonizado la modalidad a distancia, que acumulaba 66.270 plazas en el curso 2022-23, según datos del Departamento de Educación, triplicando la cifra de la privada presencial. Cataluña es la comunidad líder indiscutible en la FP privada a distancia, y la mayor parte del negocio lo concentra Ilerna, la empresa con sede en Lleida, con unos 44.000 estudiantes este mismo curso, muy por encima de sus más inmediatos competidores, como IPF del Grupo Planeta (5.000 alumnos) o el Centre d’Estudis Catalunya (2.300). El problema es que esta explosión del sector se ha hecho sin un control exhaustivo por parte del Departamento: aprobó en 2021 un decreto para regularla, que fue suspendido tras una demanda de Ilerna, aunque desde hace un año Educación trabaja en una nueva normativa, recuperando el espíritu de la primera, que en breve saldrá a información pública.

Según reveló una investigación de EL PAÍS y SER Catalunya, los alumnos de los centros de FP privados denuncian diferentes deficiencias, como la falta de plazas para hacer prácticas o la poca preparación de algunos docentes. Ahora son los profesores de estos centros los que denuncian las malas condiciones laborales, empezando por estar con un convenio inadecuado. En el caso de Ilerna, los docentes de la rama online han trabajado siempre bajo el paraguas de marketing y consultoría, una situación que denunciaron ante Inspección de Trabajo, por un lado, el sindicato UGT en el mes de abril y, por otro, un grupo de siete extrabajadores en julio.

Este curso, Ilerna movió ficha. A principios de septiembre, comunicó por sorpresa a los trabajadores el cambio de convenio al de centros de enseñanza reglada no concertada. “Antes de la cena de empresa nos enviaron el nuevo contrato y nos obligaban a firmar en 24 horas, nos dijeron que, o firmábamos todos o no se podía aplicar”, explica una de las varias docentes consultadas, que prefiere mantener el anonimato. Desde Ilerna, explican en un escrito que el cambio de convenio se ha hecho “atendiendo a la solicitud” de los trabajadores, “para regularizar la situación de la plantilla conforme al convenio que por actividad de los profesores corresponde”. La empresa añade que este era “un tema pendiente” y que se hace ahora “debido a la reorganización de sociedades”. En 2024, Ilerna fue comprada por el fondo de inversión suizo Jacobs Holding.

El cambio supone pocos cambios a nivel salarial, ya que Ilerna pagaba complementos para igualar la nómina a la de enseñanza, pero sí a nivel de horas anuales: de 1.780 se pasa a 1.376. Menos horas, pero “la misma carga de trabajo”, aseguran los docentes, lo que implica, admiten, menos calidad en la atención. “Tenemos que corregir el mismo volumen, pero en menos tiempo, así que se hace de forma más superficial”, añaden. En esta línea, los profesores consultados denuncian que cada uno puede tener a su cargo unos 2.000 alumnos: “Imagina la calidad de la docencia. No existe el aprendizaje personalizado”.

A esto no ayuda el contexto en que se realizan los exámenes, que son presenciales, alquilando grandes espacios como hoteles, ya que alumnos de toda España, y también profesores, deben trasladarse para realizar las pruebas. Los docentes admiten sus limitaciones para vigilar a los alumnos. “Durante el examen el profesor está resolviendo dudas, contestando mails... A veces controlas exámenes de otras asignaturas, así que si el alumno tiene una duda, tienes que escribir a su profesor por chat y responder al momento, así que estás pendiente del móvil permanentemente”, abundan.

Los docentes afirman sentirse desprotegidos porque no existe cohesión de plantilla ni comité de empresa vigente ni tan solo secciones sindicales. “Hay muchas dificultades porque la empresa no está facilitando las cosas para poder elegir un comité de empresa. Y los trabajadores tampoco quieren significarse por miedo a ser despedidos”, explica Santi Balcells, responsable de Servicios Públicos de la UGT en Lleida.

En el caso de IFP, el centro de formación de FP creado por el Grupo Planeta, los profesores de la formación online son autónomos, y el problema se concentra en los de la educación presencial, con convenio de oficinas y despachos, según denuncia la sección sindical de la CGT. “Varios trabajadores se quejaron a la dirección para reclamar el convenio adecuado y el curso pasado se montó la sección sindical. Cuando la empresa vio que crecía el malestar y la organización de los trabajadores, empezó a negociar”, explica un representante del sindicato. Planeta no ha querido hacer declaraciones.

Estas mismas fuentes aseveran que existe un acuerdo para que, desde ahora y hasta final de año, la empresa traspase progresivamente a todos los trabajadores al convenio adecuado, en total, unos 82 docentes de los centros de Barcelona y L’Hospitalet, según cifras sindicales. “Han estado 10 años incumpliendo la normativa y se han ahorrado medio millón de euros en salarios”, añade. Con todo, admiten que no han presentado denuncia a Inspección de Trabajo.

Con todo, este tipo de casos pueden pasar desapercibidos para los inspectores. Fuentes de la inspección educativa admiten que cuando realizan visitas a los centros se revisa que los profesores tengan la titulación requerida, pero no que se les aplique el convenio adecuado. Por su parte, desde Trabajo aseguran que la Inspección no contempla sancionar a una empresa por no aplicar el convenio adecuado, pero sí puede alertarla cuando ello perjudica las condiciones laborales de los trabajadores.

Una asociación para los profesores ‘online’

El rápido crecimiento del sector también ha dejado al descubierto la regulación de la figura del profesor online, que presenta sus especificidades más allá del convenio de enseñanza privada. Con el objetivo de defender a este colectivo, este verano nació la asociación Anproe, creada por varios extrabajadores de Ilerna, que ha elaborado una guía para que los docentes conozcan sus derechos, ya que en muchos casos, el teletrabajo y la distancia entre los docentes suponen un muro a la hora de tejer relaciones laborales o impulsar la creación de secciones sindicales. También se han reunido con el Ministerio de Educación para reclamar una normativa común. “Tienes alumnos de muchos sitios y cumples con la normativa de cada comunidad. Pedimos una normativa mínima estatal que detalle las ratios de alumnos o las condiciones para realizar los exámenes”, explica Pablo Díaz, presidente de la entidad.