La decana de los trabajadores sociales: “La pobreza se expande a ciudades pequeñas”

Laura Morro (Barcelona, 55 años) es la decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT) desde el pasado mes de mayo. Una institución que, pese a que la colegiación es obligatoria, no sabe ni cuántos son los trabajadores sociales. Porque la administración no pide la colegiación, y muchos graduados que salen de la universidad no ejercen. Con profesionales en los servicios sociales, pero también en educación, salud, prisiones o justicia, habla de colapso, precariedad laboral y salarial y mucho personal de baja. Y todo en un contexto donde el precio de la vivienda expande las bolsas de pobreza.

Pregunta. La gente llega a los trabajadores sociales cuando todo lo demás ha fallado.

Respuesta. Lo ideal sería que no llegara cuando falla todo, sino que ante cualquier dificultad los ciudadanos pudieran dirigirse a nosotros. El colapso de los sistemas de bienestar, sanidad y educación provoca que la ciudadanía llegue cuando ha agotado todas las posibilidades.

P. Un estudio del colegio señala la precariedad, falta de reconocimiento y burocracia que enfrentan sus colegas.

R. La precariedad tiene como origen que la administración no nos reconoce como graduados que somos, sino como diplomados, y no podemos acceder a puestos de dirección ni a sueldos dignos. Y en el tercer sector, las compañeras tienen contratos y salarios muy precarios. A menudo porque los servicios son de pocas horas, y se ven obligadas a tener distintos puestos de trabajo. Sobre la burocracia, hay muchas dificultades en la concesión de ayudas, debería ser más automático, porque si hay trabas, se acaban dando menos. Ahora, el Govern está mejorando para que sea la administración quien busque la documentación, no el usuario.

P. ¿Cuál es la situación de los servicios sociales?

R. Somos los mismos profesionales que hace una década, pero con muchas más necesidades. Tenemos más población a atender, más complejidad social y no ha habido una inversión para analizar qué necesidades tiene la población. Tenemos la sensación de estar tapando agujeros, sin una estrategia. Las profesionales se forman, pero están agotadas y tenemos mucho personal de baja.

La administración no vela ni por las condiciones de los trabajadores sociales en el tercer sector

P. ¿Hasta qué punto la crisis de vivienda es responsable de la situación social?

R. Es el principal problema: gente que no puede acceder y otra que tenía una vivienda y la pierde. El precio del alquiler, la falta de protección a los inquilinos y de vivienda pública, la imposibilidad de acceso para los jóvenes. La bolsa de personas en situación de pobreza habitacional es muy grande.

P. ¿La expulsión de vecinos de Barcelona está impactando en poblaciones del entorno?

R. Sí, de Barcelona y otras grandes ciudades. Las bolsas de pobreza se expanden a ciudades pequeñas e incluso zonas rurales, porque la mancha de aceite de la subida de precios del alquiler se extiende. La diferencia es que en estos municipios los servicios públicos no están dimensionados y la ayuda comunitaria se está perdiendo. Hay mucha gente sola que no hace ruido, pero está en situaciones muy miserables y de abandono. Mucha de la atención a esta población recae en entidades o asociaciones.

P. Buena parte de los trabajadores sociales trabaja en el tercer sector subcontratado por ayuntamientos y Govern. ¿La administración vela por sus derechos?

R. No vela ni por las condiciones, ni por el trabajo bien hecho. El concierto es un buen sistema porque ofrece flexibilidad al sistema, pero necesita una administración que vigile. El ejemplo más claro es lo que ha ocurrido con las residencias concertadas o la DGAIA.

P. ¿Cómo ven la situación de la DGAIA tras las crisis que encadena?

R. El sistema de protección a la infancia está mal, no se han tomado en serio la prevención para que no se llegue a situaciones de desamparo. Debería haber trabajadores sociales en las escuelas, educadores, integradores, y la Generalitat y los ayuntamientos los están sacando. Hasta ahora nos hemos centrado en crear centros para poner a los niños que no se pueden coordinar ni vigilar, pero no trabajamos ni con las familias ni de forma preventiva. Creo que hay servicios esenciales que no pueden delegarse en la empresa privada. Tras la crisis, nos llamaron a los colegios profesionales que trabajamos o intervenimos en infancia para lanzar propuestas conjuntas que presentaremos en breve.

P. Alertan de incidentes en los centros con los usuarios.

R. La gente está en situación límite, nerviosa, agotada y tiene miedo, es fácil caer en la agresividad. Y nosotros somos la cara del sistema y culpan a la trabajadora que les atiende de todo lo que no funciona. Ante esto, tampoco tenemos a las instituciones protegiéndonos. No podemos culpar a los usuarios, como tampoco puede ser que las personas esperen un mes y medio para que les atienda un trabajador social.

Creo que hay servicios esenciales que no pueden delegarse en la empresa privada"

P. También alertan de problemas vinculados al padrón.

R. Es muy difícil empadronarse. Los municipios lo dificultan cada vez más, cuando es un trámite básico, que da derechos. Los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar sin domicilio fijo, pero pueden pasar tres meses de trámites para conseguirlo. Para la población sin techo es desesperante. En Barcelona pides cita por internet. Luego te llaman, pero ¿dónde? Y después debe pasar un equipo a ver dónde vives, pero las personas sin techo se mueven constantemente: van al ropero, al comedor, a ducharse.

Los discursos de la ultraderecha nos dan mucho miedo"

P. ¿Cómo vivieron el caso de la trabajadora de Nou Barris apartada por fraude en las ayudas?

R. Muy mal. La trabajadora estaba colegiada y los ayuntamientos no nos contactaron. Si el primer ayuntamiento que lo detectó [Montmeló] hubiera avisado, nosotros podríamos haber abierto una investigación por nuestro código deontológico e inhabilitarla si fuera el caso. Con noticias de prensa no podemos hacerlo. Hemos pedido información a los ayuntamientos, pero no nos la dan. Nos hemos puesto en contacto con ella, pero no ha contestado. Con todo ello, hemos pedido a la fiscalía ser acusación particular, estamos esperando.

P. ¿Les impactan los discursos y resultados electorales de la ultraderecha?

R. Nos dan mucho miedo y estamos actuando en una doble vía. Primero, afrontar con argumentos y datos el discurso de la extrema derecha que va calando: que no llegan las ayudas, que se les da a los inmigrantes... Se trata de rebatirlo con datos y argumentos. Es difícil. Muchas veces es clasismo, porque muchos venimos de familias que también fueron inmigrantes, y es la misma población que luchó mucho por hacerse un hueco en la sociedad la que ahora se ve amenazada por otro grupo. La otra vía de trabajo es prepararnos por si en el futuro hay gobiernos de extrema derecha que marquen directrices contrarias a nuestro código deontológico, por si alguna compañera pudiera tener dilemas éticos, nosotros tenemos deberes con la ciudadanía.

La trabajadora apartada por fraude en Nou Barris estaba colegiada y los Ayuntamientos no nos avisaron"

P. ¿En Ripoll les ha pasado?

R. No. No nos ha contactado nadie.

P. Y a ustedes, ¿quién les cuida?

R. Desde el Colegio hemos creado espacios para cuidar de los profesionales. Porque nos cuidamos poco, nos da vergüenza, al ser cuidadores, nos cuesta mucho ver que también necesitamos que nos cuiden. Cuando pedimos ayuda es que ya estamos muy mal, hacemos un trabajo con mucho desgaste físico y psicológico.