Barcelona da el primer paso para desalojar las chabolas de Vallcarca y las declara infraviviendas

El Ayuntamiento de Barcelona ha dado este martes el primer paso para desalojar el asentamiento de chabolas que hay en el barrio de Vallcarca y tres edificios ocupados (dos casas y una nave) y donde, según los servicios sociales, malviven unas 30 personas. El poblado y la nave son también es un punto de almacenamiento de chatarra. Formalmente, el procedimiento para forzar la marcha ha sido la comunicación a sus habitantes de la apertura de un expediente de “declaración de infravivienda”. El solar donde se ubican las barracas es en parte público y en otra parte de varios propietarios y según el plan urbanístico vigente se convertirá en un parque. El asentamiento, además, es contiguo al edificio La Fusteria, un antiguo negocio de carpintería propiedad del Ayuntamiento que se mantendrá en pie, pero que también está ocupado. Y no es el único edificio ocupado de la zona, lo que suma complejidad a una situación en la que se producen ocupaciones de personas vulnerables que buscan un techo y otras en naves próximas que funcionan también como chatarrerías.

Florina, habitante del asentamiento, mostraba este martes a primera hora la carta que le han entregado agentes de la Guardia Urbana de paisano. Ocho folios que acaban explicando que contra la declaración de infravivienda cabe presentar alegaciones en los próximos diez días hábiles. “¿Qué alegaciones? Claro que son infraviviendas, claro, ya lo sabemos que no se puede vivir aquí. Pero ¿adónde vamos? Invito a quien quiera a que me acompañe hacer un experimento para alquilar un piso. Para nosotros es imposible, la gente no tiene confianza en nosotros”, clama esta mujer de 42 años, 700 y pico euros de ingresos mensuales de una renta mínima, y de origen rumano. También explica que hace cinco años fue desalojada de una casita donde vivía de forma ilegal y que estaba en el mismo solar donde ahora vive en una chabola en la que tiene una cama.

Tras la comunicación de los expedientes sobre el asentamiento principal y los tres edificios ocupados la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha admitido que la situación es compleja, fruto del “enquistamiento” de dos décadas de plan urbanístico que no se ha materializado. Y ha avisado de que los expedientes van para largo: “Es cuestión de meses” el desalojo, pero no ha concretado cuántos. El consistorio asegura que sus equipos de calle de los servicios sociales realizan desde hace años “un seguimiento” de los habitantes del poblado y los edificios y han constatado la situación de infravivienda. En el solar hay, según su censo, 17 personas pernoctando en barracas (entre ellas dos menores) y en los inmuebles otros 13 habitantes (cuatro de ellos menores). “La declaración de infravivienda se produce por la inseguridad y riesgo que hay para las personas. No podemos admitir que en la Barcelona del siglo XXI se pueda convivir con situaciones de estas características”, ha dicho Bonet. En Barcelona hay actualmente 68 asentamientos de barracas donde viven 282 personas, según el último recuento municipal, que no incluye a las personas que viven ilegalmente en locales comerciales vacíos y ocupados.

La asociación de vecinos Som Barri replica que no hay menores en las barracas y explica que los que había viven ahora en una casa ocupada. El propio entorno ayudó a buscarles una alternativa, explica Aran Llivina, vicepresidenta de la asociación de vecinos. También eleva el número de personas del asentamiento a 60, sumando las que trabajan pero no pasan las noches, y alerta de que las inspecciones de los trabajadores municipales se hicieron desde el exterior del recinto, no desde el interior, porque los habitantes no dejaron entrar a los técnicos. “Todo este proceso es una pantomima, aquí no hacen falta inspecciones, sino voluntad política para resolver el problema y las alternativas que tiene esta gente, más allá de trasladarlo a otro lado”, lamenta Llivina. Y aclara, ante las críticas de que las entidades quieren frenar el plan urbanístico: “Nosotros estamos a favor de que el solar del asentamiento se convierta el parque central, y entendemos que los asentamientos se tienen que ir, pero queremos que lo hagan con garantías y en condiciones”.

Sobre asentamientos cómo el de Vallcarca se pronunció en una reciente entrevista en este diario el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle: “No puede ser que las políticas del espacio público las marque un sindicato de vivienda. Hay veces que los antisistema y los delincuentes utilizan la población vulnerable como escudos humanos”, afirmó.

El poblado forma parte del espacio que ocupa un plan urbanístico vigente desde 2002, pero no ejecutado en su totalidad, que contempla convertir la avenida de Vallcarca en una rambla verde, entre la plaza de Lesseps y pasado el puente, con nueva vivienda, equipamientos y espacios verdes. De este plan formaron parte actuaciones como el derribo, en 2002, del mítico mueblé conocido como la Casita Blanca. El plan prevé también expropiar y derribar las casas o negocios (talleres o bares) que hay en el mismo lado de la avenida de ese edificio, en dirección al puente. Pero el plan se paró con la crisis del ladrillo, a partir de 2008.

La asociación Som Barri explica que presentó “un plan de erradicación del barraquismo” que podría haber optado a fondos Next Generation, en un capítulo sobre la inclusión de población gitana de origen rumano, “que incluía alternativas habitacionales y laborales, pero el PSC no le hizo caso”.