Micropueblos contra la despoblación: “Nos han tratado como el patio de atrás de la ciudad”

A Elena Llauradó, alcaldesa de La Granadella (Garrigues, Lleida), le llueven las peticiones de los vecinos: una sala para una actividad social; una orquesta para la fiesta de fin de año y un autocar para una visita cultural a Lleida de los alumnos del colegio. Y no siempre puede decir que sí. “Los niños de Lleida van a un museo andando, pero el Departamento de Educación no comprende que los alumnos de aquí van a necesitar siempre un autocar para desplazarse”, se queja Llauradó, con la sensación de que los despachos de la capital no siempre son sensibles con la realidad rural.

La alcaldesa confía en que el nuevo Estatut de Municipis Rurales que el Parlament espera aprobar a partir de 2025 responda a las necesidades y singularidades de su municipio, de 762 habitantes. “Necesitamos más recursos y menos burocracia”, sintetiza. Ahora el pueblo está pendiente de completar la planta superior de un casal que quedó a medio hacer y por la que la alcaldesa aspira a recibir una subvención. “Solo hacer el proyecto para presentarlo a la administración nos costará 15.000 euros y no está contemplado en las subvenciones. Esto es mucho dinero para nosotros”.

En Riner (Solsonès, Lleida), con 264 habitantes, el equipo municipal cuenta con una administrativa que trabaja a jornada completa, una secretaria que también hace funciones de interventora tres días a la semana; y un técnico que va al municipio una vez a la semana. “¿Tú crees que con esta estructura podemos aspirar a las subvenciones por las que también pretenden otros municipios con equipos mucho más grandes que los nuestros?”, se pregunta Joan Solà, alcalde del municipio y presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya. “Nunca salimos con igualdad de oportunidades y muchos micropueblos descartan solicitar ayudas porque no tienen los recursos para hacerlo. Los grandes municipios tienen equipos enteros que se dedican exclusivamente a realizar los mismos trámites que nosotros pero con muchas más manos”, entiende.

Del total de los 947 municipios de Cataluña, 593 (63%) tienen una población inferior a los 2.000 habitantes, y 332 no superan los 500 habitantes, según los datos recogidos en el proyecto de ley, tramitado hace un mes en el Parlament con el apoyo de las principales entidades municipalistas. “El sistema de la administración pública municipal supone una carga muy pesada [para los municipios rurales] dado que no disponen de los medios para poder cumplir todos los requisitos y gestiones exigidas por ley”, justifica el nuevo documento normativo. “Se trata de poner en el eje de esta norma a la ciudadanía que vive en estos municipios, con idénticos derechos que el resto de ciudadanos y ciudadanas”.

El objetivo, entienden los alcaldes, es que cada vez que se aplique una nueva normativa esta contemple la diversidad de la zona rural. “Es fundamental”, remarca Llauradó, que pone de ejemplo las limitaciones de los planes urbanísticos de zonas urbanas y zonas rurales. “La altura de las casas están limitadas por igual: ¿qué hacemos con el payés que necesita guardar dos tractores en la parte inferior?”, cuestiona.

Pero los alcaldes avisan de que el objetivo final es revertir la despoblación. Según un cálculo de 2022 del Insitut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la mitad de los micropueblos de menos de 500 habitantes habrán perdido población en 2041 en un contexto de crecimiento demográfico general por la inmigración. El nuevo Estatuto tmabién propone deducciones fiscales de hasta 1.000 euros para las personas que se muden a estos municipios.

Pocas zonas han sufrido una transformación tan llamativa como la Cerdanya (Girona). Anna regenta una pequeña casa rural en Urtx, a pocos kilómetros de Puigcerdà, y acoge a turistas en temporada de invierno. “La mayoría es gente de Barcelona que viene a esquiar”, concreta. Cuando tiene huéspedes viene desde Puigcerdà, donde vive, y prepara el desayuno. Este fin de semana espera a dos familias.

Vivir en un pueblo de montaña invita fantasear a todos los visitantes que apenas pasan un fin de semana en la zona, pero Anna corta por lo sano. “La gente cree que vivir en un pueblo es un privilegio, pero es duro. No todo el mundo lo aguanta”, dice. Y señala los altos precios de la vivienda: “Mucha gente que venía a trabajar en la temporada de esquí tiene que renunciar porque no pueden acceder a un piso y se van hacia Lleida, donde el metro cuadrado es más barato”, señala. Según datos publicados en la web de Habitaclia, el precio de las viviendas no unifamiliares en Puigcerdà han aumentado un 28% el último año en aquellas zonas más concurridas.

En Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany, Girona), municipio de 250 habitantes, el consistorio ha adquirido un inmueble deshabitado donde vivían los antiguos panaderos del pueblo. La planta baja es el antiguo local comercial y la planta superior, la vivienda. “Sufrimos una desertización de comercios y necesitamos servicios”, señala Oriol Serrà, el edil. Los propietarios renunciaron a mantener el negocio y nadie quiso asumir la compra de todo el inmueble. Ahora el Ayuntamiento pretende conseguir recursos para “rehabilitar el edificio”, explica Serrà, alquilar la vivienda y abrir a concurso la planta baja dinamizar un negocio que impulse la vida económica y social del municipio.

La falta de servicios y negocios es la evolución de un modelo económico que encontró en el turismo una oportunidad, pero que según Serrà, ha acabado dañando el propio modelo territorial. “Los pueblos eran sitios para vivir y el turismo rural era un complemento para la payesía”, plantea. “Pero con el boom de la vivienda de uso turístico dirigida a la gente de la ciudad llegaron las empresas y la especulación; el precio se disparó y los inquilinos tuvieron que irse. Nos colonizaron y nos trataron como un parque temático, como el patio de atrás de la gran ciudad”.