La Audiencia de Barcelona ordena archivar la causa contra Puigdemont por la trama rusa del ‘procés’ y acusa al juez Aguirre de “fraude de ley”

La Audiencia de Barcelona ha ordenado archivar la investigación abierta contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otras 12 personas por un delito de traición por su presunta participación en la llamada “trama rusa” del procés. Los magistrados consideran que la decisión del juez de Barcelona Joaquín Aguirre de abrir una nueva nueva investigación pese a que, ya en mayo de 2024, se le había ordena...

La Audiencia de Barcelona ha ordenado archivar la investigación abierta contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otras 12 personas por un delito de traición por su presunta participación en la llamada “trama rusa” del procés. Los magistrados consideran que la decisión del juez de Barcelona Joaquín Aguirre de abrir una nueva nueva investigación pese a que, ya en mayo de 2024, se le había ordenado poner fin a las pesquisas, supone “un fraude de ley” y le conminan a cumplir “sin excusas” esta nueva resolución. La Sección 21ª le advierte de que una nueva negativa a acatar las órdenes “podría dar lugar a la exigencia de la consiguiente responsabilidad”.

El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona ordenó archivar la instrucción que, desde hacía cinco años, mantenía abierta Aguirre para indagar las supuestas maniobras del entorno de Puigdemont para lograr el apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña durante los meses más convulsos del procés, en 2017. Los magistrados consideraron que las últimas prórrogas dictadas por el juez no se ajustaban a derecho, lo que en la práctica abocaba el caso al archivo por falta de pruebas, ya que Aguirre no había reunido para entonces suficientes indicios de delito.

La sorpresa se produjo, sin embargo, apenas un mes después, en junio de 2024, cuando el magistrado abrió una nueva pieza separada... para investigar exactamente lo mismo que le habían ordenado dejar de lado, la trama rusa del procés. No solo eso: en la nueva pieza, Aguirre puso en la diana rápidamente a Puigdemont y a otras 12 personas y lo hizo, por primera vez, por el delito de traición, que casualmente queda, en algunos supuestos, excluido de la ley de amnistía. El expresidente catalán y el resto de investigados recurrieron esa decisión y, ahora, la Audiencia de Barcelona les ha dado la razón en un auto durísimo, sin precedentes.

Los magistrados ordenan el archivo de la causa y consideran que la decisión de Aguirre de seguir investigando sin permiso constituyó “un fraude de ley”. La resolución recuerda al juez una obviedad (que las resoluciones son “de obligado cumplimiento”) y le conminan a cumplirla, esta vez “sin excusas”, de manera inmediata y “sin que pueda plantear imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas en las leyes y que en definitiva burlan la decisión previa del tribunal”. Su actuación ha supuesto, inciden, “un flagrante incumplimiento” de una resolución firme, lo que ha supuesto la vulneración del derecho a la tutela judicial de los investigados.

Comunicación al Supremo

Aguirre no solo abrió una nueva pieza sino que envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que solicitaba investigar a Puigdemont y al diputado de Junts Francesc de Dalmases. La sala ha acordado remitir su resolución directamente al Supremo, para no perder tiempo, “a los efectos que procedan”. Además de los dos aforados, el juez otorgó la condición de investigados a personas del círculo de confianza de Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye y su asesor Josep Lluís Alay, así como la exmiembro del Govern Elsa Artadi o el antiguo responsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas.

La causa penal sobre la trama rusa empezó, precisamente, cuando los agentes encontraron archivos de audio con conversaciones que Terradellas había mantenido con dos personas que, en la sombra del Govern, ayudaron a organizar el referéndum de independencia del 1-O: los expolíticos y empresarios David Madí (vinculado a la extinta CDC) y Xavier Vendrell (ERC). En esas charlas, Terradellas explicó que, durante el otoño de 2017, personalidades cercanas al Kremlin habían ofrecido ayuda financiera y militar (como el envío de “10.000 soldados” rusos) para garantizar una eventual secesión unilateral de Cataluña.

Con altibajos, la investigación dormía el sueño de los justos cuando el Gobierno anunció su intención de aplicar la amnistía vinculada al procés. En enero de 2024, en plenas negociaciones para aprobar la ley, Aguirre reactivó la causa. Y mencionó, por primera vez, que los hechos investigados en la trama rusa podían suponer un delito de traición. La Audiencia de Barcelona le paró los pies en mayo, pero Aguirre hizo como que no iba con él y utilizó otra pieza ya existente (sobre unas presuntas irregularidades) para indagar la trama rusa.

Aguirre utilizó un mero “subterfugio procesal” para “obviar las claras instrucciones” de la sala, le reprochan los magistrados, que critican también la forma en que lo hizo: con un auto de 56 páginas en el que hace “consideraciones generales” y en el que mezcla “trabajos doctrinales y periodísticos, divagaciones sobre cuestiones personales y filosóficas”, todo ello “salpicado con opiniones puramente personales sobre la evolución histórica del denominado procés”. Ese auto, declara la sala, es “nulo de pleno derecho”.

Titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona desde hace 36 años y al borde de la jubilación, Aguirre es un juez controvertido. Sus investigaciones suelen alargarse en el tiempo más allá de lo razonable. Lo que empieza como un caso relativamente sencillo, en manos de Aguirre se convierte en un rompecabezas que no siempre acaba encajando. Ocurrió en el caso Macedonia, una presunta trama de corrupción en el seno de los Mossos d’Esquadra que acabó en nada: sus superiores le acabaron reprochando que aquello parecía “una fiscalización general de toda la actuación policial”.

Entregado a la sospecha, atento siempre a cualquier signo de conspiración, Aguirre asumió también el mando del caso Negreira, que investiga los pagos millonarios del FC Barcelona al exvicepresidente de los árbitros españoles José María Enríquez Negreira. Sin disponer aún de indicios que le permitieran acreditarlo, afirmó hace más de un año en un auto que el caso demostraba la “corrupción sistémica” en el arbitraje español. Ha pasado el tiempo y el juez está a la espera aún de recibir un informe de la Guardia Civil que concrete las sospechas.