Una plataforma de Sabadell critica que Educación otorgue un cargo público a una acusada del ‘caso Mercurio’

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha expresado su “estupor” ante el nombramiento como nueva directora de los Servicios Territoriales de Educación en el Vallès Occidental de Montserrat Capdevila, exconcejal de Sabadell y exdiputada del PSC, pero que actualmente está acusada por tráfico de influencias en una de las piezas del caso Mercurio y está pendiente de juicio. En un comunicado, la plataforma considera que el nombramiento supone una “falta absoluta de ética”. La designación vulnera el actual código ético del PSC, pero desde del departamento defienden que hay que respetar la presunción de inocencia.

El pasado martes, el Departamento de Educación nombró a los responsables de los diferentes servicios territoriales. En el Vallès Occidental la elegida fue Montserrat Capdevila, que desde 2016 se ha dedicado a la docencia, pero que ha dedicado gran parte de su carrera a los cargos políticos. De 2006 a 2015 fue diputada en el Parlament, vinculada principalmente a comisiones de carácter económico. En la de Educación solo estuvo dos meses en 2015, según consta en la web de la Cámara. Anteriormente, desde 1999 a 2013, fue concejal de Sabadell, donde ostentó la responsabilidad de áreas económicas.

Su paso por el Ayuntamiento de Sabadell, de la mano del socialista Manuel Bustos, le ha supuesto estar salpicada por el caso Mercurio, que estalló en 2012 y que investiga la corrupción generalizada en el Consistorio bajo el mandato de Bustos. Según recuerda la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció en su comunicado, Capdevila se encuentra actualmente acusada por un delito de tráfico de influencias en la pieza 21, que investiga cómo una empresa, tras unas obras para ampliar el negocio, eludió pagar el incremento del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), supuestamente gracias a la intervención del presidente del Gremio de constructores y tío de Bustos, Melquiades Garrido, además de varios trabajadores del ayuntamiento.

La plataforma, que ejerce de acusación popular, y la fiscalía solicitan para Capdevila un año y cuatro meses de cárcel, 4.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación. El Ayuntamiento de Sabadell -que es acusación particular desde 2015 bajo el mandato de ERC y la CUP- pide dos años de prisión, una multa del mismo importe, pero seis años de inhabilitación especial. Según la plataforma, Capdevila tuvo “un papel fundamental” en el caso por su cargo como vicepresidenta de la Agencia Tributaria de Sabadell. La entidad asegura que la fecha del juicio oral está fijada -entre el 9 y el 16 de marzo de 2026-, que será en la Audiencia de Barcelona.

Capdevila también estuvo implicada en otra de las piezas del caso, en este caso fue imputada por malversación de fondos públicos, por supuestamente pagar con la tarjeta del Parlament viajes privados a Madrid, para pasar la noche en el mismo hotel que Bustos. Capdevila aseguró en 2014 haber retornado 3.229 euros al Parlament, y el caso fue archivado en 2015 porque el juez consideró que las pruebas obtenidas, a través de intervenciones telefónicas, no contaban con la autorización pertinente.

Desde el Departamento de Educación aseguran que “respetan la presunción de inocencia” y que todavía “no hay ninguna sentencia firma que la inhabilite”. El código ético del PSC establece que la apertura de juicio oral por la acusación de “comisión de delitos dolosos graves” que puedan suponer penas privativas de libertad comporta “la suspensión temporal de militancia”.