La Generalitat eleva un 32% la deuda de facturas impagadas
La Sindicatura de Cuentas desvela en un informe que la Administración autonómica aplazó facturas por 3.660 millones
Los presupuestos públicos sirven para fijar con qué dinero se paga el gasto. Tanto entra (también vía endeudamiento), tanto sale. Pero existe también un plan B: ir acumulando facturas en un cajón y dejarlas para más tarde, a veces para siguientes ejercicios. Se denomina gasto desplazado. Por ejemplo, en 2021 el importe de esas facturas impagadas de la Generalitat era de 2.774 millones de euros. El último informe de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2022 señala, sin embargo, que un año después esa cifra ascendía a 3.662 millones. 888 millones de diferencia, un 32% más.
La cuantía no es menospreciable, ya que supone casi un 8% del presupuesto de todo el sector público de la Generalitat de aquel año o incluso más recursos que con los que contó el Departamento de Derechos Sociales. Siempre ha habido un origen en ese tipo de deuda. Y no es otro que el que acostumbra a generar la asistencia sanitaria a través del CatSalut, encargado de financiar y comprar (entre otras cuestiones) los servicios sanitarios que ofrece la Generalitat, y del Instituto Catalán de la Salud, del que penden la mayor parte de hospitales y ambulatorios totalmente públicos. El primero es el responsable de 2.328 millones y el segundo, de 323 millones. El resto depende de otros entes de la Generalitat.
Es ya una tradición que el área de salud sea el principal foco de gasto no contabilizado en las cuentas públicas, dada la propia tensión del sistema o encarecimientos de esos servicios. Esos recursos, no obstante, cuentan a la hora de contabilizar el déficit de la Administración. La práctica lleva tanto tiempo detrás que el pasado gobierno de Pere Aragonès contemplaba en sus Presupuestos una partida de 800 millones de euros para asumir parte de esas facturas y reducir el gasto desplazado. Sin cuentas públicas, ese dinero no se ha aplicado.
El último informe sobre la Cuenta General de la Generalitat indica que, del gasto desplazado, 1.418 millones corresponden a obligaciones no aplicadas a esos presupuestos “por insuficiencia de crédito presupuestario o por diferencias entre criterios contables y presupuestarios” y los otros 2.243 millones corresponden a obligaciones pendientes de pago no vencidas al final del ejercicio derivadas de gastos meritados o de bienes y servicios efectivamente recibidos durante 2022.
Como ha hecho en otros informes anteriores en referencia al mismo problema, la Sindicatura recomienda que el presupuesto de todos los entes dependientes de la Generalitat cuenten de partida en las cuentas públicas de “crédito suficiente y adecuado para atender todas los gastos previsibles e ineludibles”.
Entre otras cuestiones, el informe de la Sindicatura de Cuentas alerta de que al cierre de 2022 la Generalitat presenta un remanente de tesorería y un patrimonio neto negativos, y un endeudamiento financiero y unos compromisos de gasto adquiridos con cargo a ejercicios posteriores elevados.
Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal