La Hacienda catalana pierde capacidad para aflorar el fraude fiscal

La llegada a la presidencia catalana de Salvador Illa obliga a situar un organismo de la Generalitat en el centro de las negociaciones políticas con el Gobierno central. Es la Agencia Tributaria de Cataluña que, de acuerdo con el pacto cerrado con ERC para permitir la investidura, debe convertirse en la encargada de recaudar en el futuro todos los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, el mayor salto de soberanía del Gobierno catalán desde la aprobación del Estatut. Puesta en marcha en 2007 y redimensionada hace diez años, la ATC logró sus mejores resultados en 2021, cuando logró aflorar 338 millones de euros de fraude fiscal. Sin embargo, esa capacidad se ha reducido paulatinamente en dos años, situando la cifra en los 286 millones en 2023. La reducción del 15,5% se produce pese a un aumento considerable de plantilla y de las actuaciones practicadas. El volumen de multas impuestas por tratar de engañar a Hacienda rozó los 28 millones de euros.

La caída del fraude descubierto consta en la memoria anual que publica la Agencia Tributaria, que no entra a explicar la caída de esos resultados, si bien la recaudación general de los impuestos que controla también se contrajo a causa de la mala marcha de determinados ámbitos de la economía, como el mercado inmobiliario. Lo cierto es que, a rasgos generales, los gestores e inspectores tributarios autonómicos efectuaron 54.544 inspecciones (1.631 más que en 2021), lo que representa que cada una de esas actuaciones supuso descubrir 5.240 euros. Dos años antes, en su mejor época, la cifra era de casi 6.400 euros. En ese mismo periodo, el número de efectivos de la institución ha pasado de 799 a 852 empleados.

Aunque no entra a valorar los motivos por los que se han producido resultados más pobres, la memoria de la ATC sí que subraya que el cuerpo de inspectores, que acostumbran a encargarse de los casos más complejos de fraude fiscal, sí afloraron el año pasado un mayor volumen de recursos, 138,6 millones, el 48% del total. Ese grupo de expertos apenas es el protagonista del 3% de las actuaciones (1.558) de control de pago de impuestos que se llevan a cabo en la Administración tributaria. En ese caso, el importe medio aflorado alcanza los 88.960 euros.

Los mejores resultados por acta abierta llegan de la mano de las inspecciones a los contribuyentes obligados a pagar el impuesto sobre el Patrimonio. Cada actuación levanta de promedio 268.000 euros, mientras que en los casos de impuestos sobre Donaciones y Sucesiones esa cifra se sitúa en los 208.000 euros. Las 121 operaciones vinculadas con la compraventa de viviendas (y vehículos) de segunda mano a través de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados suponían cerca de 30.000 euros por operación.

La Hacienda catalana, que en pleno procés fue considerada por los diferentes ejecutivos independentistas una de las denominadas estructuras de Estado necesarias para lograr una eventual independencia, recauda un 9% de los tributos pagados en la comunidad. La mayor parte son cedidos por parte del Estado, como es el caso del de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos. Para los trabajos de control de mayor complejidad cuenta con un equipo de 23 inspectores tributarios, frente a los 2.000 con los que cuenta la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Ahí radica uno de los retos que tendrán que afrontar Illa y su consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para acabar de concretar el compromiso de que la Generalitat recaude todos los impuestos. Socialistas y republicanos recogieron en su acuerdo de investidura que la AEAT traspasaría parte de sus activos personales y materiales para hacer posible que la Generalitat pudiera hacerse con la totalidad de los impuestos pagados en Cataluña, con la excepción de los locales. Las organizaciones de inspectores de Hacienda ya han criticado ese acuerdo, tal y como lo hicieron las plantillas de Renfe y Adif cuando se acordó el traspaso integral de Renfe a la Generalitat. Lo cierto es que sin esos medios, la ATC no podrá asumir esa nueva carga de trabajo, porque no tiene ni el conocimiento ni el tiempo suficiente para asumir el control del impuesto de la renta directamente.

Existe la posibilidad, coinciden varios expertos, de que la ATC encargue ese trabajo a la AEAT a través de una encomienda de gestión, pero ese punto no figura en el listado de compromisos políticos que, en cambio, sí detalla: “La asunción de estas competencias [la gestión, inspección y recaudación de impuestos] requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos”.

El trabajo de la Agencia Tributaria catalana es el origen de la lista que publica la Generalitat desde 2020 atendiendo a los nombres de personas y empresas que adeudan más de 600.000 euros a su administración tributaria. En ellas destacan las empresas del juego, los promotores inmobiliarios y las compañías sumnistradoras de agua, además de particulares. Solo sus integrantes, 51 personas físicas o jurídicas, debían el pasado año 84 millones de euros.

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