Puigdemont quema el último cartucho para condicionar la política catalana

Seis años y diez meses después de abandonar España para evitar la acción de la justicia por su liderazgo del proceso independentista fallido de 2017, Carles Puigdemont volverá hoy a aparecer en público en España. Lo hará afrontando una detención de inciertas consecuencias. El expresidente catalán ha decidido poner fin a su autoproclamado “exilio” con el triple objetivo de desencallar la aplicación de la amnistía a su...

Seis años y diez meses después de abandonar España para evitar la acción de la justicia por su liderazgo del proceso independentista fallido de 2017, Carles Puigdemont volverá hoy a aparecer en público en España. Lo hará afrontando una detención de inciertas consecuencias. El expresidente catalán ha decidido poner fin a su autoproclamado “exilio” con el triple objetivo de desencallar la aplicación de la amnistía a su caso particular, reivindicar el liderazgo del independentismo y hacer un último acto de protesta contra la investidura del socialista Salvador Illa, que en circunstancias normales hoy debería ser proclamado presidente de la Generalitat por el Parlament de Catalunya.

Pero muchas cosas distan de ser normales en Cataluña, comenzando por la incertidumbre que pesa sobre la propia llegada de Puigdemont, su detención y su posterior paso a disposición judicial. El expresidente, que este miércoles confirmó que acababa lo que él y sus colaboradores han insistido en definir como “exilio” y que otros muchos veían como una simple fuga, pretende hacer un último acto político antes de ser detenido frente a sus seguidores. Si la policía no lo impide antes será a las nueve de la mañana en el paseo Lluís Companys, a escasos 300 metros del Parlament, donde a las 10 de la mañana tendría que comenzar la sesión de investidura de Salvador Illa. Puigdemont, que en circunstancias normales hoy pasaría a ser líder de la oposición como jefe de la segunda fuerza más votada, seguramente no podrá ni acceder a la cámara. Protegido por un fuerte dispositivo de seguridad, el Parlament es el objetivo de una estrecha vigilancia de los Mossos d’Esquadra, que como cualquier otro cuerpo de seguridad de España tienen la obligación de detener a Puigdemont nada más detectar su presencia en España. Si no ocurre antes, la detención se producirá cuando intente pasar el filtro de seguridad de Cámara catalana. Más de 300 agentes velarán por la seguridad en el entorno del Parlament. Y dan por hecho que Puigdemont no entrará en la cámara. Según fuentes policiales, no era descartable que Puigdemont ya estuviera en Cataluña durante la jornada de ayer. Lo que pase después de la detención está en manos del juez Llarena, que tendrá que decidir si le permite declarar en un juzgado de Cataluña o si ordena su traslado a Madrid para tomarle declaración en el Tribunal Supremo.

Todo ello hará, con casi toda seguridad, que el pleno de la cámara se interrumpa o ni siquiera llegue a comenzar. Junts ya ha dejado claro que sus diputados se ausentarían si no se interrumpiera el pleno. Así lo tienen asumido la mayor parte de grupos parlamentarios, incluido el PSC de Salvador Illa que, sin embargo, prevén que, pase lo que pase este jueves, el pleno de investidura pueda celebrarse en pocos días, incluso el viernes.

Son muchos los seguidores de Puigdemont que no entienden la jugada de dejarse detener tras casi siete años jugando al gato y al ratón con el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Con la ley de amnistía en vigor desde hace más de dos meses, Puigdemont sigue sin poderse acoger a ella porque el juez considera que el expresidente catalán no cumple las condiciones al mantenerle la acusación por malversación agravada. La elevada condena que puede acarrear este delito, de hasta 12 años de prisión, hace altamente probable que el juez dicte orden de prisión por riesgo de fuga. Sin embargo, el entorno de Puigdemont considera que el riesgo de entrar en prisión puede valer la pena, ya que esto le permitirá recurrir inmediatamente este ingreso ante el Tribunal Supremo para, posteriormente, acudir directamente al Tribunal Constitucional, que es quien deberá dirimir sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, su aplicación y si está o no justificado mantener a alguien privado de libertad en estas circunstancias. Los plazos para que todo esto ocurra son, sin embargo, un misterio, algo que genera grandes inquietudes en Junts per Catalunya.

Lo que sí tiene asegurado Puigdemont es una cuota de protagonismo inusitado para alguien que quedó segundo en unas elecciones autonómicas. El día que el protagonismo debería ser para el candidato a la investidura, el expresidente recibirá todas las atenciones y este miércoles ya aprovechó para reivindicar su figura y su capital político. Intentando alejar la idea de que se rinde ante los jueces tras años de huidas hacia adelante, Junts insiste en presentar el retorno de Puigdemont como una victoria.

Lo que pretende Puigdemont es dejar en evidencia a un juez al que considera un prevaricador por negarse a aplicarle una ley vigente como es la amnistía. En su mensaje confirmando su regreso emitido este miércoles, Puigdemont señaló al juez. “Que yo pueda asistir al Parlament debería ser normal, que por hacerlo me arriesgue a una detención, que sería arbitraria e ilegal, es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y combatir, no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas”, afirmó. Puigdemont no será el único diputado que previsiblemente no podrá asistir al pleno. Tampoco lo hará Lluís Puig, el que fuera consejero de Cultura del gobierno de Puigdemont y que también sigue fuera de España para evitar la acción de la justicia.

El retorno de Puigdemont crea expectación en sus filas, hartazgo en la de sus rivales y absoluta indiferencia en amplias capas de la población. De ahí que Junts per Catalunya y sus entidades afines redoblaran el llamamiento a sus fieles para que acudan a lo que califican de “acto institucional” de bienvenida. En relato de Puigdemont, lo de este jueves pretende ser el retorno a Cataluña del presidente desposeído “ilegalmente” de su cargo mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Para sus rivales no deja de ser el final de la escapada y un acto trumpista de manual, pero todos le reconocen un importante poder desestabilizador, más aún si logra convocar a varios miles de personas para protestar o incluso entorpecer su detención y presionar para que no se celebre el pleno. Ante esta delicada situación Salvador Illa y el PSC han decidido hacer de tripas corazón y evitar cualquier palabra altisonante. Si el pleno no puede celebrarse se hará el viernes o, a más tardar, los primeros días de la próxima semana. En cualquier caso, Puigdemont tendrá todos los focos y previsiblemente logrará algo tan atípico en una democracia como frenar ni más ni menos que el pleno de investidura de un presidente. Eso sí, tanto los socialistas como sus socios de investidura de ERC y Comuns se han aliado para garantizar que la investidura sale adelante con la ajustadísima mayoría absoluta de 68 diputados sobre un total de 135. Este miércoles, la dirección socialista y la republicana rubricaron públicamente el acuerdo para dejar claro su compromiso para investir al líder del PSC, que en mayo ganó las elecciones tanto en votos como en escaños.

La probable detención de Puigdemont también contribuirá a agravar el enfrentamiento existente entre los dos grandes partidos independentistas. Esquerra Republicana, que los últimos días ha sido objeto de todo tipo de críticas por parte de Junts, participará desde un segundo plano del acto de recibimiento del expresidente. Está por ver cómo recibirá a los representantes de ERC el público más afín a Junts y a sectores del independentismo más duro, especialmente porque es muy probable que sean los Mossos, hoy bajo la dirección política de Esquerra, los responsables de detener a Puigdemont. El independentismo, en cualquier caso, tendrá que buscar un acomodo ante la nueva situación de una Generalitat que volverá a ser presidida por un socialista tras 14 años de gobiernos soberanistas.

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