Los comunes fían el acuerdo de investidura en Cataluña a la “ambición” del PSC en vivienda

De todas las carpetas que hay sobre la mesa en las negociaciones para una eventual investidura de Salvador Illa (PSC), los comunes priorizan las medidas sobre vivienda. Y de la “ambición” de los socialistas en esta materia, plantean desde los despachos de los Comuns, depende parte de las opciones para que el diálogo se convierta en un acuerdo.

“Tiene que ser la legislatura de la vivienda”, defiende constantemente Jéssica Albiach, líder de la formación en el Parlament. Los comunes consideran que la Generalitat debe asumir un rol más activo en la implementación de medidas residenciales y buscan un compromiso de los socialistas para impulsar su rol desde el Ejecutivo catalán. “El Incasòl (Institut Català del Sòl) solo ha construido 560 pisos de protección oficial en la última década”, denuncia la propia Albiach, abierta a entrar en el Govern. Ahora los negociadores aspiran a hacer crecer la cifra y que no sean los municipios quienes asuman mayoritariamente las políticas de vivienda pública. “La Generalitat tiene que hacer su trabajo. Hasta ahora estaba demasiado delegado en los ayuntamientos”, reclamó el martes Albiach en una entrevista en el canal autonómico 3/24.

La negociación revisa actualmente otras cuestiones de la misma carpeta: la regulación de los alquileres de temporada (el Parlament tumbó un decreto al respecto que los comunes apoyaban tras la abstención del PSC), la gestión de los desahucios y la rehabilitación de buena parte del parque de vivienda en los barrios más vulnerables. Ambas formaciones admiten que existen avances e intercambios de documentos, aunque aún hay recorrido para alcanzar puntos de encuentro definitivos.

A diferencia del ruido que generan las negociaciones entre ERC y PSC por la crisis interna de los republicanos, las relaciones entre comunes y socialistas se han desarrollado sin aristas públicas. Las formaciones se saben necesarias para alcanzar una mayoría “progresista”, pero alcanzar un acuerdo no parece tan sencillo porque el diálogo debe superar las posiciones maximalistas mostradas en campaña. Albiach fue muy crítica con las propuestas de Illa y el socialista asumió el Hard Rock, convertido en una especie de elefante en la habitación en las actuales negociaciones tras abanderar los comunes la lucha contra el proyecto. “Es un elemento importante en las negociaciones”, admitió Albiach, que lo incluyó como una cuestión más del diálogo en materia de infraestructuras. El futuro del macrocasino, en todo caso, aún no está definido, y el objetivo de comunes y socialistas es evitar que se convierta en una mancha en el expediente entre lo que se dijo y lo que se asume.

Todos los actores parecen ser conscientes de los difíciles equilibrios políticos que existen en las negociaciones de investidura. Incluso en los pasillos del Parlament o en la sala de prensa los representantes políticos rechazan comentar la actualidad: “No queremos negociar en público”, justifican. En el fondo del silencio conviven los vasos comunicantes entre el parlamento autonómico y el Congreso de los Diputados (Junts ha amagado con dejar caer al presidente Pedro Sánchez en el Gobierno si no facilita una investidura de Carles Puigdemont en Cataluña) y el miedo de una repetición electoral. Algunas encuestas internas de los partidos alertan de que otros comicios no moverían excesivamente los bloques actuales, pero pondrían en riesgo los 68 diputados que actualmente suman PSC, ERC y Comuns, el mínimo de una mayoría parlamentaria. “Junts busca desestabilizar las negociaciones e ir a otra vez a las urnas”, remarcan desde los partidos de izquierda.

Prudencia entre ERC y Comuns

De momento el PSC pivota todas las negociaciones. ERC y Comunes aseguran que no tienen una comunicación continua de cara a una investidura, pero ambas formaciones se vieron hace días en Ginebra (Suiza) antes del regreso de la secretaria general republicana Marta Rovira a Cataluña tras la aplicación de la ley de amnistía. Conscientes de su proximidad política, el encuentro sirvió para compartir ideas y reforzar aquellas materias que cada formación considera capitales para su proyecto: la vivienda en el caso de los comunes y la financiación para los republicanos. Desde entonces y como socios potenciales, ambos partidos intentan no torpedear las propuesta ajenas en estas carpetas.

Todos los frentes abiertos, sin embargo, dependen de la ratificación de un eventual acuerdo entre ERC y el PSC por las bases republicanas. Rovira ya aseguró que desea alcanzar un pacto con los socialistas a finales de julio, a pesar de que el límite reglamentario es el 26 de agosto, para poder plantear a los militantes un acuerdo sin la presión del reloj. Pero la percepción de los pocos diputados del sector progresista que se dejan ver por el Parlament es que será complicado seducir a los votantes republicanos. “Tal y como está el partido; quizás no se vote con la mirada puesta en el contenido de un eventual acuerdo, sino con la mirada puesta en la crisis interna”, avisa un alto cargo republicano.

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