Cataluña inicia la cuenta atrás electoral con una negociación endiablada entre el PSC y ERC

Los grupos del Parlamento catalán tienen hasta el 26 de agosto para encontrar un presidente de la Generalitat y, si no lo logran, la cita con las urnas se repetirá el 13 de octubre. El cronómetro lo activó este miércoles el presidente de la Cámara, Josep Rull (Junts), dando lustre a la lectur...

Los grupos del Parlamento catalán tienen hasta el 26 de agosto para encontrar un presidente de la Generalitat y, si no lo logran, la cita con las urnas se repetirá el 13 de octubre. El cronómetro lo activó este miércoles el presidente de la Cámara, Josep Rull (Junts), dando lustre a la lectura de una resolución en la que explica que la ronda de contactos fue estéril, si bien dos candidatos —el socialista Salvador Illa y el fundador de Junts, Carles Puigdemont— le han transmitido su intención de tejer una mayoría en las ocho semanas que quedan. El pleno no solo escenificó la cuenta atrás sobre el futuro de la legislatura, sino que también mostró el nivel de dificultad del sudoku que le espera a un eventual pacto entre el PSC, ERC y Comuns Sumar, con al menos cinco variables que condicionan el camino.

La negociación se presenta endiablada y enormemente compleja: ERC, que reivindica el referéndum y una financiación al estilo del concierto vasco, ya ha advertido de que sus bases no se conformarán con cualquier cosa. El PSC se topa con una doble dificultad: tiene ante sí una dirección de ERC que es ahora provisional —celebrará su congreso en noviembre— y, además, sus propuestas dependen en buena medida del visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez. Todo ello, además, con la presión del reloj electoral y con los de Junts cuestionando cualquier avance de los contactos entre el PSC y ERC. Fuentes del Gobierno no ocultan su pesimismo ante esas reivindicaciones y temen que los republicanos acaben siendo prisioneros del relato de Junts y que todo lo que se les ofrezca, dicen, les sepa a poco.

La historia volvió a repetirse y Rull recurrió a la fórmula de “acto equivalente” a un debate de investidura frustrado. Ya lo había hecho Roger Torrent en 2020, tras la inhabilitación de Quim Torra, provocando así que se celebraran las elecciones del 21 de febrero de 2021. Rull decidió, igual que su antecesor, dar cuenta de ello en un pleno que sirvió para calibrar los ánimos ante una investidura aún incierta y que necesitará de una cocción a fuego lento durante todo el verano. “Después de haber cerrado la ronda de consultas, ninguno de los grupos parlamentarios ha planteado un candidato a someterse a la investidura en el plazo oficial de 10 días”, informó Rull. “Asimismo, dos de estos grupos parlamentarios sí han trasladado su voluntad de construir un acuerdo para hacer posible [la investidura] a lo largo de los próximos dos meses”, añadió el exconsejero de Territorio, condenado e indultado tras el juicio al procés, refiriéndose a Illa y a Puigdemont.

La campaña de Junts para imponer su marco mental será otra de las variables. Desde las filas de Junts, su presidente, Albert Batet, insistió en que aritméticamente la investidura del expresident Puigdemont —que sigue fuera de España para evitar la acción de la justicia y está pendiente de ser amnistiado— es viable. Obvió, como desde el primer día, que esa fórmula pasa por la voltereta de que el PSC, ganador de las elecciones, se abstenga en el debate de investidura y así Puigdemont salga investido con los 35 votos de Junts, los 20 de los republicanos y los cuatro de los anticapitalistas. Illa ha dicho mil veces ya que eso no sucederá. El independentismo replica que también dijo lo mismo sobre la amnistía, que nunca se concedería, y finalmente se concedió.

“El nuevo Govern, de hecho, debería permitir desarrollar con el máximo de potencialidad el acuerdo de Bruselas [el de la investidura de Pedro Sánchez, suscrito entre Junts y el PSOE]. La esencia de este acuerdo permite que muchos partidos se puedan sentir cómodos, entendemos que también el PSC”, insistió Batet. Junts responde a cualquier cuestionamiento sobre sus planes recordando que hasta el propio Sánchez es jefe del Gobierno pese a no haber ganado las elecciones, aunque omite deliberadamente que nunca le pidió al PP, el partido más votado, que se abstuviera. Y ayer, también, Batet recordó que Illa había repetido en varias ocasiones que la amnistía era imposible.

Sin embargo, ayer todos los oídos estaban en lo que socialistas y republicanos se pudieran decir. Dos elementos más para el sudoku: la situación interna de ERC y la gran duda de qué harán sus bases, que serán consultadas sobre la decisión a tomar. Illa redobló su apuesta por un pacto de izquierdas: “Yo quiero un pacto progresista. O pacto progresista o repetición electoral. No hay más opciones, así son las cosas, gusten o no”, afirmó. El socialista catalán cuenta con 42 votos; ERC tiene 20 escaños y los comunes, seis. Una suma de 68 (mayoría absoluta) pero que está aún lejos de poder darse por hecha.

El jefe de filas de ERC, Josep Maria Jové, tildó a Illa y a Junts de “irresponsables” por no haberse sometido a una sesión de investidura fallida como sí lo hizo en 2021 Aragonès. Jové repitió las que han sido sus condiciones desde el minuto cero en que se abrieron las negociaciones que, ahora, ya si tienen un límite temporal de ocho semanas: “Resolución del conflicto político con ejercicio al derecho de la autodeterminación; financiación singular, que quiere decir soberanía fiscal y el refuerzo de la realidad nacional con el catalán, y políticas contra las desigualdades”, desgranó el republicano en su turno de intervención.

Pero las peticiones de Jové no recibieron respuesta por parte de Illa. En especial, la de la condición del concierto económico a la vasca para Cataluña, aunque con una aportación adicional a un fondo de solidaridad interterritorial. “Quiero un pacto para mejorar con tanta determinación como toque y con realismo la financiación de Cataluña”, se limitó a señalar el socialista.

Hace días que ERC pide a los socialistas que sean concretos en sus propuestas, pues la dirección de los republicanos se ha comprometido a hacer una consulta interna sobre un posible acuerdo y de momento no recibe más que vaguedades por parte tanto de Illa como de los primeras espadas del Gobierno. En estas próximas ocho semanas, uno de los retos de ERC será acompasar precisamente el desenlace de su pugna interna por el liderazgo de la formación y la decisión de unas bases tradicionalmente alérgicas a pactar con los socialistas y que intentan encajar la ruptura del tándem Oriol Junqueras-Marta Rovira. Esta última comanda desde Suiza —adonde se marchó para no ser juzgada por el procés— las negociaciones para la investidura.

El quinto elemento sobre el tablero es la dificultad del PSC para ofrecer una propuesta real. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, avisó este miércoles a ERC de que bajo ningún concepto concederán el concierto económico, y fuentes del Ejecutivo lanzan sombras sobre el futuro de la negociación. El Consejo de Ministros aprobó el martes el real decreto de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas con la cifra más alta de la historia. Cataluña recibirá 25.645 millones de euros durante este ejercicio, un 9,4% más que en 2023, un porcentaje similar al de la Comunidad Valenciana.

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