Casi la mitad de los municipios catalanes en emergencia por sequía superan el límite de consumo de agua

Los últimos datos de la Generalitat reflejan un aumento generalizado del gasto de agua

Una persona con un grifo abierto.GETTY IMAGES

Más del 40% de los 239 municipios que se encuentran en la actualidad en fase de emergencia por sequía superan el límite de los 200 litros por habitante y día establecido por la Generalitat desde el pasado 1 de febrero. Según los datos emitidos por el Ejecutivo catalán este miércoles, hay una tendencia al alza generalizada con respecto al pasado mes de diciembre, cuando la población se encontraba en el nivel de preemergencia del Plan Especial de Seq...

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Más del 40% de los 239 municipios que se encuentran en la actualidad en fase de emergencia por sequía superan el límite de los 200 litros por habitante y día establecido por la Generalitat desde el pasado 1 de febrero. Según los datos emitidos por el Ejecutivo catalán este miércoles, hay una tendencia al alza generalizada con respecto al pasado mes de diciembre, cuando la población se encontraba en el nivel de preemergencia del Plan Especial de Sequía (PES). Begur (Girona), una localidad donde predominan las piscinas, pasa de 495 a 504 litros y desbanca a Torrent (Girona) en la lista de los diez municipios que más agua consumen en el sistema Ter-Llobregat. Le siguen las poblaciones barcelonesas de Vilobí del Penedès (485), Santa Susanna (463) y Canyelles (417). En todos ellas, el gasto aumentó en el último mes. En Matadepera, otro núcleo urbano con abundantes albercas, también crece el consumo: de 362 litros en diciembre a 370 en enero.

La Generalitat aclaró a este diario en un reportaje reciente que son datos “parciales” porque algunos municipios no han entregado toda la información. Los ayuntamientos que sobrepasen los volúmenes de media establecidos se enfrentan a sanciones, como ya ha ocurrido con el turístico Begur o Palau-Saverdera (Girona), multados con 54.000 y 19.000 euros, respectivamente. Hasta 100 expedientes sancionadores ha emitido la Generalitat a los municipios incumplidores en base al régimen sancionador que aprobaron el año pasado. El Ejecutivo catalán busca así presionar a las administraciones locales, que achacan también estos altos consumos a las fugas de la red de abastecimiento, para que controlen más exhaustivamente el gasto. Para que los municipios califiquen la infracción y calculen la multa se tiene en cuenta el impacto de las acciones en el contexto hídrico de cada zona. Así, acciones tan cotidianas como lavar el coche o regar el jardín de casa, en Barcelona y alrededores, podrán conllevar multas de 30 y 50 euros.

La Generalitat que preside, Pere Aragonès, aumentó en febrero de 50 a 200 millones de euros la línea de ayudas para que los ayuntamientos puedan invertir y modernizar las redes de abastecimiento por donde estos municipios pierden agua. Unas subvenciones que aún no se han inyectado a pesar de que el Govern ya está interponiendo multas por los elevados consumos. El conseller de Acción Climática, David Mascort, aclaró a comienzos de febrero que el retraso de las ayudas se debía “al alto volumen de solicitudes” que habían recibido en los últimos meses (alrededor de 700 municipios).

El Parlament votará este jueves las medidas antisequía, después de tres días de debate monográfico sobre la crisis hídrica, que han propuesto los grupos PSC y Junts. El partido de el exministro de Sanidad, Salvador Illa, ha planteado la creación de un fondo especial financiado por los expedientes sancionadores abonados por los ayuntamientos. Este dinero se destinaría completamente a la gestión de la sequía y permitiría, según el PSC, controlar a los grandes consumidores y asesorar a las alcaldías en los planes de reducción de consumo que presenten las empresas. Los socialistas también han propuesto que no se multe a aquellos municipios que que estén implementando medidas para ajustar el gasto de agua o las fugas en la red de abastecimiento. Además, Junts ha pedido que se realicen reuniones periódicas y agilizar el pago de las ayudas a los municipios para que mejoren las infraestructuras.

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