El impacto económico de la sequía en Cataluña: menos crecimiento y empresas que deberán reducir la producción

La falta de lluvias en más de la mitad de Cataluña no solo preocupa por las restricciones de agua que pueden sufrir los ciudadanos en su día a día a la hora de afrontar cortes de agua o rebaja de la presión, sino que a muchos les inquieta el impacto que la sequía está teniendo y tendrá sobre la actividad económica. Gran parte del tejido empresarial del territorio —desde los agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria, los á...

La falta de lluvias en más de la mitad de Cataluña no solo preocupa por las restricciones de agua que pueden sufrir los ciudadanos en su día a día a la hora de afrontar cortes de agua o rebaja de la presión, sino que a muchos les inquieta el impacto que la sequía está teniendo y tendrá sobre la actividad económica. Gran parte del tejido empresarial del territorio —desde los agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria, los ámbitos que más están sufriendo los efectos de la sequía, hasta industrias intensivas en agua o empresas de todo tipo como lavanderías, hoteles y restaurantes— está pasando ya por dificultades o las ve en el horizonte. Mientras la Generalitat ha vuelto a aplazar la declaración del escenario de emergencia —la fase más dura del Plan Especial de Sequía (PES)—, las patronales piden al Govern que ponga en marcha líneas de ayudas y dé ordenes claras. Con todo, los efectos de la sequía, que dura 39 meses, ya son tan evidentes que el gabinete de estudios BBVA Research revisó a la baja las previsiones de crecimiento económico de Cataluña para este año, hasta el 1,4%, en parte por este impacto.

“Es difícil poner números absolutos a este impacto. En el caso de Andalucía es más fácil, porque el valor añadido bruto del sector agrario tiene más peso, y lo hemos podido cuantificar más detalladamente. En Cataluña, el peso de la agricultura es menor, pero la sequía avanza y puede afectar más a otros sectores”, señala Pep Ruiz, responsable de análisis regional de BBVA Research. Explica que tampoco pueden analizar exactamente cuánto de la rebaja del crecimiento se deberá a la sequía porque hay dos aspectos que desconocen: si volverá a llover, y el alcance de las restricciones. En cualquier caso, “los indicadores dicen que esto no pinta bien”, explica en relación a una disponibilidad de agua que “seguirá bajando para la agricultura, y se puede trasladar al turismo y a la industria”. Según Antoni Cunyat, profesor de Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, la sequía ya tiene un coste cuantificable en algunos aspectos, y que se va acumulando: “Los 10 millones de pérdidas en cosechas de 2023, árboles que si se deterioran más se tendrán que arrancar, precios más altos para el consumidor, un recibo del agua en el área metropolitana de Barcelona que aumenta un 11,5%, la subida de costes en las empresas... pero para cuantificarlo todo aún es pronto”, señala.

Carles Mas, director de Economía y Empresa de Pimec, define los efectos de la falta de agua como una cadena: “Si no se hace bien, con ayudas para que las empresas hagan una transición hacia sistemas de eficiencia, y con ayudas para que simplemente puedan subsistir, tendremos un efecto dominó que empieza en el sector primario y agroalimentario, pero que luego sigue en los demás. No se trata de salvar o la economía o el agua para que la gente beba: es todo a la vez, porque si no no habrá nada para salvar”. El portavoz de la patronal de pequeñas y medianas empresas explica que ahora mismo el sector más afectado es el primario (agricultura y ganadería) y la industria agroalimentaria, “porque dependen mucho del agua, y porque no tienen capacidad de acometer rápidas inversiones que las hagan eficientes”. La industria de uso intensivo en agua (industria química, farmacéutica, papelera, siderúrgica) está compuesta sobre todo por empresas grandes que en los últimos años ya han hecho inversiones para reducir el consumo de agua, y en la actual fase de preemergencia, por ahora pueden respirar.

Pero las pymes de otros sectores industriales y de servicios (lavanderías, empresas de refrigeración, gimnasios, empresas turísticas, entre muchas otras) lo tienen más complicado: “Muchas han hecho los deberes, pero tienen poco margen para mejorar en eficiencia y lograr reducir el consumo hasta lo que dicta la fase de emergencia, ya que les supondría una inversión que tienen que amortizar en siete u ocho años, y los bancos no están financiando en estas condiciones. En esto se nota ya la subida de los tipos de interés”, explica Mas. El resultado previsible es que para cumplir con lo que marca la fase de emergencia, las empresas tendrán que reducir la producción. ¿Pueden llegar a cerrar empresas por la sequía? En el sector primario es más preocupante, porque más restricciones significarán pérdida de cosechas, y en el caso de los ganaderos, una caída de la producción a la mitad. Ya veremos si hay empresas que tienen que acabar cerrando, todo depende de si se hace un sistema de ayudas”, apunta.

Las patronales se han reunido con el Govern, pero de momento las ayudas no están sobre la mesa. No participan de las decisiones y piden tener más voz. Salvador Sedó, director de desarrollo sostenible de la patronal Foment del Treball, cree que el Govern tiene que definir sectores esenciales, abrir líneas de ayudas y posibilitar expedientes de regulación temporal de empleo como en la pandemia, y ser más eficiente en la búsqueda de soluciones, tanto coyunturales como estructurales. “Está yendo tarde y sin la diligencia oportuna. Hacen falta también órdenes claras y no pasar la pelota a los Ayuntamientos, agilizar la adjudicación de obras urgentes... La gran solución sería la interconexión del sistema Ter-Llobregat con el consorcio de aguas de Tarragona, el Govern no se puede cerrar a esta opción”, explica sobre el polémico proyecto que cuenta con el rechazo de las Terres de l’Ebre.

Golpe a la agricultura

La reducción de las dotaciones de agua ya ha hecho sufrir, en la fase de preemergencia, graves pérdidas económicas al sector agrícola. Josep Cuscó, responsable de Agua de Unió de Pagesos, así lo afirma: “Muchos han cubierto la inversión, pero no han obtenido beneficios”. En la actual fase de preemergencia, un paso previo que el Govern diseñó en noviembre para evitar perjudicar a la economía y las restricciones más duras, el sector debe reducir hasta un 40% el consumo de agua, destinada al riego de subsistencia y a la limpieza de los animales para mantener las condiciones sanitarias.

Los agricultores reducen la extensión de terreno cultivado porque no alcanzan a cubrir la inversión. “Es tirar una moneda al aire”, asegura Cuscó. Si no llueve, el sector espera recoger una cuarta parte de las cosechas habituales de septiembre, lo que repercutirá también en el consumidor. La industria está obligada a restringir en esta fase hasta un 15% el uso del agua. Cuando se avance a la emergencia, no se podrán iniciar nuevos proyectos, como granjas, planes urbanísticos o proyectos turísticos, que requieran un uso intensivo del agua, aunque sí podrán continuar con los trámites legales para ponerse en marcha una vez superado el peor escenario.

La Generalitat siempre había remarcado hasta ahora que la entrada en emergencia se realizaría cuando las 18 unidades de las cuencas hidrográficas internas descendieran hasta el 16% de su capacidad. Sin embargo, tras haber superado este jueves ese umbral, el Govern matizó que el inicio de la emergencia y, de las medidas más duras por sequía, llegará cuando los cinco embalses del sistema Ter-Llobregat (Sau, Susqueda, La Baells, Llosa del Cavall y Sant Pons) alcancen el 16% de su capacidad (actualmente están al 16,55%). Una vez activada la fase más dura del PES, la agricultura restringirá un 80% el uso de agua como sistema de riego, aunque se podrá autorizar solo el riego de supervivencia de árboles; la ganadería un 50%; y, la industria, un 25%.

Hasta 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y algunas poblaciones de Girona entrarán en cuestión de semanas en la fase de emergencia. Casi seis millones de personas se verán obligados a reducir su consumo de agua a 200 litros por habitante y día en el primer escalón del escenario. El Ejecutivo catalán, que lidera Pere Aragonès, ha diseñado hasta tres niveles en los que, además de limitar el consumo de agua humano, agrario e industrial, obligará a las piscinas, gimnasios y centros deportivos federados a cerrar las duchas para compensar el gasto de agua. El límite por habitante y día se rebajará a 180 litros en el segundo nivel, y a 160 litros en una tercera, si la escasez de agua continúa agudizándose.

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