La guerra de la alcaldesa de Ripoll contra los inmigrantes: “No le da la gana empadronarme”

Fazeel nació hace 32 años en Pakistán, pero vive desde 2014 en Cataluña. Trabajó reparando móviles y hace unos años abrió su propio negocio, My TecnoGallery, en Ripoll (Girona). A principios del pasado año delegó en su esposa la tienda y probó suerte en otro empleo en Barcelona. Cambió su padrón, y siguió con su vida. En ese tiempo, se celebraron elecciones municipales, y en Ripoll ganó la formación ...

Fazeel nació hace 32 años en Pakistán, pero vive desde 2014 en Cataluña. Trabajó reparando móviles y hace unos años abrió su propio negocio, My TecnoGallery, en Ripoll (Girona). A principios del pasado año delegó en su esposa la tienda y probó suerte en otro empleo en Barcelona. Cambió su padrón, y siguió con su vida. En ese tiempo, se celebraron elecciones municipales, y en Ripoll ganó la formación independentista, ultra, identitaria e islamófoba Aliança Catalana. Al volver en otoño, empadronarse como extranjero ha sido un problema. Incluso con las escrituras de un piso en propiedad. “Vienen a vivir del cuento”, se vanaglorió en la red social X la alcaldesa, Sílvia Orriols, en respuesta a la polémica desatada por las trabas que impone a los inmigrantes. La alcaldesa apura al máximo el plazo de tres meses para empadronarlos, según denuncia la oposición. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, le ha dado 20 días para que informe sobre su gestión del padrón.

El aterrizaje de Orriols en Ripoll —un municipio con heridas todavía abiertas donde vivían los terroristas que atentaron en Cataluña en 2017— y en las redes sociales con un discurso contrario a la inmigración ha intoxicado el tablero político. En medio de corrientes de extrema derecha recorriendo Europa, Junts per Catalunya se ha sumado a la contienda, vinculando inmigración y delincuencia después de anunciar que habían pactado con el PSOE las transferencias “integrales” en inmigración para Cataluña. El secretario general del partido, Jordi Turull, aseguró que actuarían sin contemplaciones contra los multirreincidentes que llevasen “15 días u ocho generaciones” en Cataluña.

Las consecuencias de esos discursos las sufre Fazeel, que lleva un mes y 10 días a la espera de lograr su padrón, que es la vía de acceso a derechos básicos, como la sanidad o la educación. “Me enviaron a dos policías locales a casa para verificar que vivía en mi casa. Me siento totalmente discriminado, soy autónomo, pago impuestos, pago hipoteca y esta señora no le da la gana de empadronarme”, lamenta. Victoria Columba, del Comité de Cataluña del movimiento Regularización Ya se queja: “Junts quiere ganar los votos perdidos en zonas como Vic o Ripoll. Y quiere conseguirlo a costa de construir el enemigo en el cuerpo del inmigrante, que no puede defenderse”.

El abordaje de Junts de las competencias pactadas con el PSOE —sin ningún tipo de concreción y en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado fuera las expulsiones— ha pillado de improviso a algunas de las organizaciones de apoyo a personas migrantes. “Es una irresponsabilidad. Da pena y se hace en clave electoral. Me ha sorprendido mucho, no me lo hubiese imaginado. Son postulados de la extrema derecha”, se queja Laia Serrano, que dirige la ONG Barcelona Actúa. “Es un error y la única cosa que hace es generar un imaginario donde se asocia inmigración con miedo”, añade la responsable de la fundación Migra Studium, María del Carmen de la Fuente.

En Ripoll, el caso de Fazeel no es único. Hicham, de 40 años, es un barbero marroquí que regenta una peluquería en el municipio. Lleva tres años y medio viviendo junto a su mujer y sus hijos, pero el problema burocrático lo tiene desde que consiguió la reagrupación familiar y trajo a sus padres a Ripoll. “En Campdevànol, Ribes de Fresser o Sant Joan de les Abadeses te empadronas y ese mismo día tienes la tarjeta sanitaria. Aquí voy al Ayuntamiento y todo son excusas. Llevo más de dos meses esperando los papeles de mis padres”, lamenta. Hicham denuncia que su padre necesita ir al médico y culpabiliza las dilaciones del ejecutivo de Orriols, ya que sin padrón no puede obtener la tarjeta sanitaria.

“Nos debería avergonzar como sociedad las situaciones a las que las sometemos, por la burocracia y la ley de extranjería, a los inmigrantes. Se las obliga a malvivir un largo tiempo hasta que pueden regularizar su situación. Y ahora lo que se nos ocurre decir es que todos son delincuentes y el objetivo es la expulsión”, se queja De la Fuente.

La Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya (Fedelatina), que aseguran que intentan “salir de la politiquería y avanzar”, busca la parte positiva. Sobre la posibilidad de que los Mossos d’Esquadra se encargasen de las gestiones de extranjería en lugar de la Policía Nacional, su presidente, Javier Bonomi, afirma: “Sería un gran paso adelante, no porque pensamos que pueda ser un funcionario mejor que otro, sino por la falta de funcionarios”. Aunque, enseguida, destaca las contradicciones: “¿La concesión de la nacionalidad española lo hará Cataluña? Suena cuando menos raro”.

Ali Yassine, el presidente de la mezquita Annour —donde Es Satty, el líder intelectual de los atentados del 17-A, ejercía como imán—, lleva semanas hablando con los partidos de la oposición en la localidad. “La alcaldesa no pierde oportunidad en discriminarnos siempre que puede. Ahora, cuando un extranjero se quiere empadronar, le hace la vida imposible”, denuncia, sobre uno de los temas que está en todas las discusiones. “Orriols sabe que hay tres meses para empadronar y alarga todo lo que puede”, abunda Mousa Elkasme, que lleva 25 años en el municipio. El hombre todavía no da crédito a que, como cuenta que le pasó Fazeel, el Ayuntamiento envíe a la policía para saber cuántas personas viven en un piso y quienes son antes de empadronarlos.

EL PAÍS ha contactado con los partidos de la oposición a Orriols. Todos aseguran que la alcaldesa está alargando, tanto como puede, los tres meses que permite la ley para empadronar a vecinos. La situación llevó este sábado a un centenar de personas a protestar en la plaza del municipio por la situación, al grito de “ninguna persona es ilegal”. “Hace la vida imposible y estira la cuerda todo lo que puede”, lamenta la líder de Junts, Manoli Vega, cuyo partido a nivel autonómico exige mano dura con la inmigración y competencias para expulsar extranjeros. Enric Pérez, del PSC, lamenta que Orriols haya convertido Ripoll en su plataforma “con políticas racistas” para intentar acceder al Parlament de Cataluña en unas futuras elecciones. Una coalición del resto de formaciones en la localidad hubiese permitido una candidatura alternativa a la de Orriols.

Algunas ONG, y también partidos como ERC, piden una nueva mirada sobre la inmigración, fuera del marco impuesto por la extrema derecha. “Podemos hablar de quién cuida a las personas mayores en nuestra sociedad. La mayoría son personas migradas”, recuerda De la Fuente, de Migra Studium. “La xenofobia es ignorancia. Se necesitan espacios para interactuar con personas migradas”, propone Serrano, de Barcelona Actúa. Regularización Ya denuncia que algunos discursos supuestamente positivos son en realidad “mercantilistas”. “Nos sirven y aportan a la economía”, se queja Victoria Columbia. Para ella, sin embargo, el gran problema es una “izquierda reaccionaria” que “pone en el mismo carrito Rodalies, infraestructuras, inmigración, frutas y verduras”.

Las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) aseguran que la discriminación no va solo de la mano de la alcaldesa de Ripoll. “Hay al menos 30 municipios en Cataluña que vulneran el derecho al padrón poniendo muchas trabas”, asegura uno de sus integrantes, Lluís Puigdemont. Y señala a Cerdanyola del Vallès (PSC), L’Hospitalet (PSC), Lleida (PSC), Badalona (PP), o Figueres (Junts). “En muchos casos es un tema de racismo o incluso una vulneración de derechos humanos porque negando el padrón o poniendo dificultades se corta el paso a la educación o la sanidad”, concluye.

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