Un excargo investigado, ante la perspectiva de la amnistía: “Después de seis años es una buena noticia, pero aún no me siento aliviado”

Albert Royo nunca imaginó que acabaría siendo beneficiario de una ley de amnistía. “Es más, nunca anticipé que se me pudiera perseguir penalmente por mi participación política. Soy hijo de la Transición, y siempre había entendido que, sin violencia, se podía hablar de todo”, cuenta este experto en diplomacia internacional desde Bruselas, donde reside. En 2017, Royo dirigía el ...

Albert Royo nunca imaginó que acabaría siendo beneficiario de una ley de amnistía. “Es más, nunca anticipé que se me pudiera perseguir penalmente por mi participación política. Soy hijo de la Transición, y siempre había entendido que, sin violencia, se podía hablar de todo”, cuenta este experto en diplomacia internacional desde Bruselas, donde reside. En 2017, Royo dirigía el Diplocat, un consorcio creado por la Generalitat para dar a conocer Cataluña al mundo y que, según las investigaciones judiciales, sirvió para impulsar el proceso independentista. Royo está investigado en la causa sobre los gastos del 1-O y, también, en el procedimiento contable abierto por el Tribunal de Cuentas por el mismo motivo. Hasta hace dos días, su horizonte vital pasaba por la posibilidad de acabar entre rejas y/o arruinado. Ahora, con la amnistía, de la que presumiblemente será uno de los 309 independentistas beneficiados —según los cálculos del Gobierno—, las cosas parecen más llevaderas.

Royo, de 46 años, es prudente. Su alegría es aún contenida. “Llevo seis años en esta situación, con una mochila que nunca puedo quitarme de encima. Estoy contento, pero aún no tengo una sensación de alivio. Cuando lo vea negro sobre blanco, tal vez el cuerpo se deje ir un poco”, explica en conversación telefónica con este diario. En febrero de 2017, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona abrió una investigación por unas declaraciones públicas del exmagistrado catalán Santiago Vidal en las que, en plena oleada secesionista, explicaba los supuestos planes del Govern catalán para alcanzar la independencia. Las pruebas acumuladas en esa causa sirvieron de base para juzgar y condenar a los líderes del 1-O (Oriol Junqueras y los consejeros del Ejecutivo) pero, curiosamente, la causa contra la treintena de ex altos cargos y empresarios entre los que se cuenta Royo aún no ha llegado a juicio. “Es una causa totalmente prospectiva”, denuncia.

Hasta que la amnistía tenga efectos prácticos, Royo seguirá con “la espada de Damocles” sobre la cabeza. Llegó a estar investigado hasta en cuatro procedimientos distintos, ya que se abrió una nueva vía (penal y contable) para indagar los gastos específicamente relacionados con la acción exterior del Govern. Finalmente, los dos procedimientos se unificaron. En la causa del Juzgado de Instrucción número 13, Royo está investigado por malversación, un delito que, por las cifras que se manejan, conlleva elevadas penas de prisión. “Al final, la lentitud de la justicia nos ha beneficiado en este caso”, bromea: seis años después, con los líderes del 1-O condenados por el Tribunal Supremo e indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, el juzgado de Barcelona ni siquiera ha dictado aún el auto que ponga fin a la instrucción.

Sin carné de partido, Royo se ha sentido, en muchos momentos, desamparado. Sobre todo, cuando el Tribunal de Cuentas le reclamó sumas millonarias por la financiación, con dinero público, del 1-O. “Es un tribunal que busca castigar también a tu entorno y a tu familia”, lamenta. Inicialmente, a Royo y a una treintena de personas más se les impuso una fianza de nueve millones de euros que, tras una intensa batalla política, fue avalada por la Generalitat. Más tarde, la cifra fue rebajada a 3,5 millones. El aval, recuerda Royo, se mantiene solo hasta que haya sentencia firme. Después, son los investigados quienes tienen que responder con su patrimonio, lo que puede suponer un problema para familias que, sin las conexiones políticas adecuadas, no pueden optar a cargos de confianza en la Administración pública. Ese riesgo también queda ahora atenuado por la posibilidad cierta de la amnistía, que incluye también los procedimientos contables, como los abiertos por el Tribunal de Cuentas a raíz del 9-N y el 1-O.

El riesgo de la política

Royo es uno de los beneficiados por la amnistía que se encuentra en una situación intermedia, entre los dirigentes de Junts y Esquerra que lideraron el 1-O y los activistas y manifestantes que salieron a la calle para protestar. Trabajador de la Comisión Europea hasta que fue nombrado para dirigir el Diplocat en 2013, reflexiona sobre otra de las consecuencias de verse inmerso, de forma colateral, en procedimientos en los que hay tanto en juego: “Esta causa me ha hecho pensar que puedo acabar en prisión y ha afectado a mi entorno. Pero además, tiene otro efecto, y es que disuade a la gente de querer participar en la política, porque supone meterse en problemas. Si tenías responsabilidades en Cataluña en 2017, estabas en situación de riesgo”.

El experto en diplomacia ha leído con atención las 23 páginas de la amnistía registrada por el PSOE este lunes en el Congreso. Más allá de su situación personal, le parece una buena herramienta colectiva. “Es una buena noticia porque devuelve las cosas a la política, de donde no deberían haber salido”. Royo reivindica que su objetivo al frente del órgano diplomático de la Generalitat fue siempre “llegar a algún tipo de acuerdo con el Estado”, pero considera que fueron “expulsados de esas vías”, lo que supuso “un fracaso de la joven democracia española. “Ahora volvemos al terreno de juego institucional. Parece que la cosa se reconduce”.

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