El Parlament se prepara para el inminente relevo de Borràs por la pérdida de su escaño

El Parlament de Cataluña está a punto de cerrar el capítulo de Laura Borràs, la presidenta de la Cámara, suspendida y condenada a cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación por dos delitos vinculados por la corrupción. La Junta Electoral Central (JEC) inició hace dos semanas el mecanismo para retirarle el escaño a la también presidenta de Junts, tras una petición de PP y Ciudadanos. Los letrados de la Cámara han agotado el plazo y han presentado este viernes alegaciones ante la aut...

El Parlament de Cataluña está a punto de cerrar el capítulo de Laura Borràs, la presidenta de la Cámara, suspendida y condenada a cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación por dos delitos vinculados por la corrupción. La Junta Electoral Central (JEC) inició hace dos semanas el mecanismo para retirarle el escaño a la también presidenta de Junts, tras una petición de PP y Ciudadanos. Los letrados de la Cámara han agotado el plazo y han presentado este viernes alegaciones ante la autoridad electoral en defensa de su competencia sobre las incompatibilidades de los diputados y del reglamento de la institución, que sostiene que solo se puede quitar un escaño si la sentencia es firme. La JEC tiene previsto reunirse el próximo miércoles y es probable que tome la decisión definitiva sobre Borràs coincidiendo con la celebración del Pleno del Parlament. La alcaldesa de la localidad barcelonesa de Vic (Anna Erra) o la de Girona (Marta Madrenas) suenan como posibles sustitutas, un debate que Junts desea postergar hasta después de las elecciones del 28-M.

Los letrados consideran en sus alegaciones que la retirada del escaño es “desproporcionada” y reiteran los mismos principios que ya emplearon en los casos del president Quim Torra o del diputado de la CUP Pau Juvillà, condenados ambos por desobediencia. Insisten en que solo el Parlament es competente para retirar el acta y además defienden en que el reglamento contempla la pérdida del acta solo en el caso de que la sentencia sea firme. La JEC cree que Borràs ha perdido ya la suya, pues la ley electoral determina que una sentencia por un delito que implique inhabilitación, así no sea firme, es motivo de “ineligibilidad sobrevenida”. El texto remitido a la Junta señala que “la privación definitiva, de forma anticipada, antes de una sentencia firme, supondría una medida desproporcionada que incidiría en el derecho fundamental de participación política″.

El informe tilda, además, de “innecesaria” una eventual retirada del acta porque Borràs ya fue suspendida de sus derechos y deberes en julio del año pasado. Esa decisión se produjo en aplicación del reglamento de la Cámara, que fija que debe procederse así cuando a un parlamentario se le abre juicio oral. Tras sostener que la situación de Borràs no responde a una cuestión de “inelegibilidad sobrevenida” sino de “incompatibilidad”, el documento recuerda que la ley electoral se reformó en 2011, según su preámbulo, para evitar que partidos ilegales o quienes justifican la violencia concurran fraudulentamente a las elecciones. “No concurren esas circunstancias excepcionales en este caso porque la condena”, aducen los juristas, “no está relacionada con un delito con la violencia terrorista ni reviste la gravedad de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma del Tribunal Popular Internacional”.

La defensa de Borràs también ha presentado alegaciones ante la JEC. Insiste en su inocencia, y en que la autoridad electoral es “manifiestamente” incompetente para juzgar las eventuales incompatibilidades en el Parlament. “La persecución política se aprovecha de un marco normativo que hace compatible legalidad e injusticia. En ningún otro país europeo es posible retirar actas de diputados sin una sentencia firme”, ha afirmado Borràs en la red. La Junta Electoral ya retiró los escaños a Torra y a Juvillà y nadie duda, en cualquier caso, de que actuará de la misma forma con la líder de Junts. De hecho, ya insinúo en su primer escrito el escaso margen de maniobra del caso. La gran duda es si tomará la decisión este miércoles, coincidiendo en medio del Pleno, o si la demorará situándola a las puertas del inicio de la campaña electoral.

Todos los partidos, salvo Junts, exigen desde hace meses a Borràs que renuncie al acta y se acaba ya con la situación de interinidad del Parlament, dirigido ahora de forma provisional por la vicepresidenta Alba Vergés (ERC) acompañada por la vicepresidenta segunda, Assumpta Escarp (PSC). Oficialmente, Junts continúa defendiendo a Borràs, pero buena parte del partido aspira a retener la presidencia apostando por la diputada y alcaldesa de Vic, Anna Erra, o bien por Marta Madrenas, regidora de Girona. Ninguna de las dos busca revalidar esos cargos. La secretaria del Parlament, Aurora Madaula, muy cercana a Borràs, se ha desmarcado como posible sucesora aunque ha abogado públicamente o bien por dejar el escaño vacío o darle a líder de su partido la potestad de elegir quién ha de sucederle en el cargo.

La situación de Borràs está alimentando la división de Junts entre la familia más próxima a la antigua Convergència y a la que se declarara abiertamente borrasista. Bajo el lema Quien quiere de verdad a Laura, los afines a Borràs organizaron un acto de reivindicación en Manresa al que acudieron 500 personas. No fue nadie de la sensibilidad más convergente de la dirección alegando actos de precampaña. Sí asistió Antoni Castella, el siguiente en la lista electoral de Junts y que recibirá el acta después de la más que segura decisión de la JEC. El secretario general, Jordi Turull, ha dado la orden de contener el debate sobre la sucesión hasta después de las urnas, pero la presión no cesa. Sin ir más lejos, Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha hurgado este viernes en la división de Junts. “Tienen que resolver sus conflictos, sus problemas y peleas internas y propongan un candidato”, ha asegurado en una entrevista en Efe. Y añade: “ERC está convencida de que fraccionar contratos no beneficia en nada al independentismo”.

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