Penélope y el drama de la vivienda

Se acaba de aprobar la primera ley estatal de vivienda de la democracia y las fuerzas de izquierda respiran aliviadas, porque hubiera sido imperdonable que un gobierno progresista no abordara uno de los problemas sociales más graves y enquistados. La ley permitirá establecer mecanismos, ...

Se acaba de aprobar la primera ley estatal de vivienda de la democracia y las fuerzas de izquierda respiran aliviadas, porque hubiera sido imperdonable que un gobierno progresista no abordara uno de los problemas sociales más graves y enquistados. La ley permitirá establecer mecanismos, como la limitación de la subida del alquiler, para neutralizar la presión especulativa que dispara los precios al alza y que en el caso de Barcelona los ha llevado a máximos históricos que lastran el bienestar de la ciudadanía. La capital catalana, donde el 40% de la población vive de alquiler, ha cerrado el año con un precio medio de 1.077 euros mensuales, cuando el salario mínimo está en 1.080. El aumento de precios, tanto de compra como de alquiler, explica que el 43% de los habitantes de Barcelona y el 42% del área metropolitana dediquen más del 40% de sus ingresos a la vivienda.

Vivir de alquiler se ha convertido en un nuevo factor de vulnerabilidad e incertidumbre. Una encuesta a más de 2.000 inquilinos realizada por la cooperativa Hidra, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB revela que el rasgo más definitorio de la actual situación es el estado de angustia permanente en la que viven los inquilinos. La media de edad de los inquilinos es de 38 años, lo que demuestra el cambio de tendencia en el acceso a la vivienda. El 65% ha cambiado de piso una o más veces entre 2014 y 2019, y más de la mitad ocupa su actual vivienda desde hace menos de tres años. La inseguridad residencial y el nomadismo forzado se han convertido en una de las principales fuentes de malestar y frustración.

La solución a largo plazo es crear un parque público de vivienda social lo más amplio posible. Pero además de grandes inversiones, esta solución requiere tiempo. Mientras tanto, sería bueno tomar medidas para que no se pierdan las viviendas protegidas que ya existen. Quienes rechazan por intervencionista la nueva ley de vivienda callan ante uno de los mayores escándalos de la actual coyuntura: la evaporación de la vivienda de protección oficial construida en las últimas décadas con ayudas públicas. La normativa permite que, transcurrido cierto tiempo, estas viviendas puedan ser vendidas a precio de mercado.

Una ley del Parlament de 2019 puso fin a este atropello, pero solo para las viviendas de nueva construcción. El resultado es que ahora mismo se pierde mucha más vivienda de protección oficial de la que, con mucho esfuerzo, se construye, en una dinámica aberrante del mito de Penélope, que deshacía de noche lo que tejía de día. Un informe del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y del Observatorio Desc revela que la mitad de las 75.501 viviendas que en diciembre de 2021 estaban calificadas como de protección oficial en la provincia de Barcelona pasarán al mercado libre antes de 2030. Y que en 2040 serán 53.671, es decir, el 74%, las que habrán perdido la protección oficial. En 2022 se construyeron, según la Generalitat, 1.642 viviendas protegidas en la provincia de Barcelona, mientras que 2.520 de las ya existentes perdían la calificación.

Lo lógico sería que, si se beneficiaron de ayudas públicas, si estas viviendas se venden, sea también a precio tasado y asequible. Pero no será así, a menos que en la tramitación de la ley de vivienda que acaba de acordarse se establezca algún mecanismo para que sigan siendo de protección oficial.

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