La huelga de médicos, maestros y taxistas en Cataluña traslada a la calle el bloqueo político

Los servicios públicos han salido este miércoles a la calle en Cataluña para reclamar mejoras laborales y salariales a la Generalitat, en uno de los días que mayor presión sociolaboral ha tenido que afrontar Pere Aragonès desde que es president del Govern. La escena se ha repetido en diferentes calles de Barcelona, convertida en epicentro de las reclamaciones de...

Los servicios públicos han salido este miércoles a la calle en Cataluña para reclamar mejoras laborales y salariales a la Generalitat, en uno de los días que mayor presión sociolaboral ha tenido que afrontar Pere Aragonès desde que es president del Govern. La escena se ha repetido en diferentes calles de Barcelona, convertida en epicentro de las reclamaciones del territorio: médicos, maestros y taxistas han mostrado su incomodad por el contexto económico y la falta de acuerdos transversales. Las manifestaciones han sido desequilibradas en sus diferentes convocatorias y no se ha generado un colapso circulatorio en la capital catalana como en otras ocasiones. El impacto para los usuarios ha sido más plausible en el sector sanitario que en el resto de colectivos. Unas 17.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, han salido a la calle: 10.000 médicos; unos 5.600 maestros y el resto de personal sanitario, que marcharon de la mano; y 900 taxis.

El pulso, especialmente el del personal sanitario, cuestiona el músculo de un Govern que sigue sin pactar los Presupuestos autonómicos tras semanas de negociaciones y que paga la minoría parlamentaria tras la salida de Junts del Ejecutivo. Las reivindicaciones sociales han llegado hasta el Parlament, donde había sesión por la mañana. Aragonès ha defendido que las nuevas cuentas permitirán “mejorar los servicios públicos” y que “una parte de las respuestas” a las reivindicaciones que se demandaban en la calle están en el proyecto de finanzas públicas para 2023. El líder de la oposición, Salvador Illa, con quien el presidente negocia el proyecto, sigue manteniendo que Aragonès debe decidir si acepta la propuesta socialista “de mínimos” o busca otros apoyos.

La posibilidad de que el Gobierno catalán tenga que prorrogar las cuentas no solo inquieta a los partidos políticos, sino también a los colectivos laborales. “Sería un problema porque las mejoras que necesitamos no llegarían”, admitió el martes el sindicato Metges de Catalunya a través de su secretario general, Xavier Lleonart.

El sindicato ha liderado este miércoles las reivindicaciones sanitarias, separadas entre los facultativos y el resto de profesionales. Unos 10.000 médicos se han manifestado desde el Departamento de Salud hasta la estación de Sants con la idea de ilustrar el éxodo de profesionales. Pocas pancartas ilustraban mejor el sentir colectivo: “Somos Rolex a precio de Casio”. El sindicato ha denunciado a las puertas de la consejería el “maltrato” de la Generalitat, a quien acusa de considerar que “el mejor profesional no es aquel que atiende mejor a sus pacientes, sino aquel que hace más visitas en menos tiempo”. La huelga ha tenido un seguimiento del 28% en el primer turno de este miércoles, según el Govern, mientras que Metges cifró el paro en un 75%. El sindicato fue el único que no firmó el nuevo convenio de la sanidad concertada, aprobado por el resto de los grandes sindicatos, para evitar diluir sus reivindicaciones en las mejoras generales.

El resto de personal sanitario, la mayoría auxiliares y enfermeras, se han unido a los maestros en una marcha formada por unas 5.300 personas que ha unido plaza de Sant Jaume y el Parlament. Las enfermeras ya iniciaron las protestas el martes, aunque la huelga tuvo escaso seguimiento, y han vuelto a reivindicar el exceso de tareas profesionales por la falta de médicos. Precisamente Metges de Catalunya ha marcado perfil propio durante su discurso: “Quienes dicen que somos la aristocracia del sector sanitario, es más que probable que no haya dedicado 11 años de su vida a prepararse, que el reciclaje y la formación no sea para él una obligación, que no haya trabajado nunca 60, 80 y 90 horas semanales y, lo más importante, que no haya tenido nunca en sus manos la vida de una persona”.

El paro de docentes ha tenido una afectación débil en las escuelas, con un seguimiento del 7,7%. La portavoz del sindicato mayoritario Unió Sindical dels Treballadors d’Ensenyament de Catalunya (USTEC), Iolanda Segura, reclama blindar el mes de julio en el calendario escolar para la formación del personal o recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido desde hace una década.

Los taxistas, por su parte, no han conseguido la imagen de unidad de otras ocasiones, y han decidido dar una tregua al Govern al suspender la huelga prevista para la próxima semana, coincidiendo con la celebración del Integrates Systems Europe (ISE). Mantiene, eso sí, el paro de finales de febrero coincidiendo con el Mobile World Congress.

Tito Álvarez, líder de Élite Taxi, ha mantenido que la “tregua” que ha firmado el sector del taxi responde a varios acuerdos alcanzados con las administraciones. “Antes del MWC tenemos que comprobar que la policía actúa contra las VTC y hacen cumplir el decreto que se firmó el año pasado”, este ha sido el ultimátum de Álvarez a cambio de garantizar la paz social durante el congreso de telefonía. El líder de los taxistas ha anunciado: “Tenemos una propuesta en firme con la Generalitat mediante la cual se va a blindar la tarifa del taxi y ninguna aplicación podrá subir o bajar precio como está haciendo Freenow”. La propuesta se va a añadir en la ley de acompañamiento a los presupuestos y pretende además que estas aplicaciones solo puedan operar con el 15% de la totalidad de los taxis del Área Metropolitana de Barcelona (en la actualidad hay 10.521 licencias). “También hemos conseguido endurecer el régimen sancionador para los taxistas que actúan como ladrones con turistas y otros clientes. Hemos conseguido sanciones de hasta 6.000 euros y revocación de licencia”, ha mantenido Álvarez. Según el líder de los taxistas, a medio plazo se va a crear la figura del operador de transportes, es decir, que todas las empresas que quieran operar con taxi tendrán que operar “y tributar” dentro de España y no podrán variar las tarifas.

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