El flamenco de Camarón y el fútbol de Sergio García para blanquear el dinero de la dinastía Jodorovich

Simón Montero Jodorovich es un líder de la comunidad gitana de Cataluña, un protector de sus vecinos del barrio de la Zona Franca de Barcelona y, según ha declarado en el juzgado, un hombre de negocios que vive de la compraventa de coches y de las rentas que percibe por alquileres. Carismático, inteligente, amante de la música flamenca, Simón se ha propuesto limpiar el apellid...

Simón Montero Jodorovich es un líder de la comunidad gitana de Cataluña, un protector de sus vecinos del barrio de la Zona Franca de Barcelona y, según ha declarado en el juzgado, un hombre de negocios que vive de la compraventa de coches y de las rentas que percibe por alquileres. Carismático, inteligente, amante de la música flamenca, Simón se ha propuesto limpiar el apellido de una vasta dinastía, los Jodorovich, históricamente ligada al crimen organizado. “Somos una familia gitana humilde y trabajadora. No te voy a negar que algunos miembros hayan sido más golfos de lo normal. Pero la prensa nos estigmatiza, ha creado una leyenda negra”, contó hace más de un año al digital Crónica Global Simón, que no rehúye los focos y ha comparecido incluso en el Parlamento catalán.

Para los Mossos d’Esquadra y la Fiscalía, no hay leyenda sino hechos. “Me recuerda a Michael Corleone en El Padrino, el que toma el relevo en la tercera generación y quiere legitimar a la familia, pero sigue metido en el negocio”, asegura una fuente judicial que ha participado en las investigaciones abiertas en la última década. Simón es, sospechan los investigadores, el joven patriarca de un clan que sigue manejando, aunque sea con la máxima cautela y sin mancharse las manos, parte del tráfico de drogas a través del puerto de Barcelona, un punto de entrada de cocaína a dos kilómetros en línea recta de los modestos pisos de la Zona Franca donde viven desde hace décadas y que han sido registrados hasta la saciedad, con éxito dispar.

Hace más de una década, la policía logró una victoria aplastante sobre los Jodorovich: Aquilino Montero, padre de Simón, fue condenado a 19 años de cárcel por tráfico de drogas y depósito de armas junto a varios de sus hijos. El triunfo fue efímero y la derrota posterior tuvo ecos que aún perduran: un error policial llevó al Tribunal Supremo a dictar, por una cuestión meramente formal, una absolución completa. La familia reordenó prioridades, se volvió más cuidadosa y Aquilino pasó presuntamente el testigo a Simón, que en aquella ocasión (el caso Fénix) había sido condenado pero solo por depósito de armas, nunca por narcotráfico, una acusación que sigue negando con vehemencia.

Con la misma vehemencia, los Mossos tratan de demostrar lo contrario una década después. Como no han hallado vínculos directos del presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (Fagic) con el narcotráfico, han seguido el rastro del dinero. La titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona, Míriam de Rosa, mantiene abierta desde hace cuatro años una investigación contra la familia por blanqueo de capitales que ha conducido a los investigadores a las entrañas de la supuesta lavadora de dinero de los Jodorovich.

Los agentes han desempolvado viejos papeles. Para existir, el blanqueo de capitales precisa de un delito antecedente: se lava lo que está sucio; en este caso, presuntamente, dinero de la droga. Sin poder emplear las conclusiones del caso Fénix (el Supremo anuló las intervenciones telefónicas y los registros), los Mossos han consultado personalmente la causa judicial que dio origen a todo aquello, en un juzgado de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y que “no está afectada” por la nulidad. En esos papeles, el protagonismo casi absoluto es del patriarca Aquilino, que cuenta con el apoyo de sus hijos, entre ellos Antonio y Simón. Los Mossos añaden a su informe otros dos datos que, a su juicio, corroboran la “vinculación” del líder gitano con la droga: Antonio, su hermano, está investigado en una causa por tráfico de drogas (estuvo unos meses en prisión provisional) y los contactos de Simón con personas con antecedentes por el mismo delito; el más destacado, David Barba, que en 2005 fue detenido por el robo de un contenedor con 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.

Los informes policiales remitidos a la jueza de Barcelona, a los que ha accedido EL PAÍS, concluyen que los Jodorovich ejercen un “poder social en Cataluña” y un “control sobre la Zona Franca”. Citan como ejemplo la agresión sufrida por un equipo de periodistas de La Sexta que investigaba las actividades del clan en el barrio. “Esto es lo que pasa por meterse con la familia, así aprenderéis”, dijeron los agresores, según la denuncia. Los Jodorovich han guardado silencio sobre esa agresión y sobre la causa por blanqueo, que ha seguido su curso. En su último atestado, tal vez la mayor investigación sobre el patrimonio familiar (abarca la etapa de 2011 a 2019), la policía concluye que Simón lavó al menos 1,2 millones a través de negocios dispares, incluidos proyectos sobre fútbol y flamenco.

Vínculos con artistas

Simón se sumó al proyecto de dos amigos de abrir un restaurante y sala de espectáculos en Barcelona en homenaje al fallecido Camarón de la Isla. Se llamaría Casa Camarón. Como “conocía a la viuda y a la familia del músico”, logró el contrato para explotar el nombre del artista y se encargó de la dirección musical por sus “conocimientos y contactos dentro del mundo del flamenco”. Llevó al escenario a artistas como Diego el Cigala, Farruquito o María Toledo, subrayan los Mossos. En su declaración, Simón se desvinculó de la gestión económica. Pero la policía cree que invirtió “un mínimo de 200.000 euros” entre la compra de la cesión de derechos del artista y las obras de reforma del local. En una conversación con Anna Marie E., una de las socias con la que acabó teniendo problemas, Simón reconoce haber invertido unos 200.000 euros y quiere “recuperarlo a cualquier precio”, concluye el atestado.

Tras el fiasco de Casa Camarón, uno de esos amigos le propuso adentrarse en el mundo del fútbol. El objetivo era crear un campus de tecnificación para niños durante el verano, en las instalaciones del CF Cerdanyola, un equipo del área metropolitana de Barcelona que milita en Tercera División. Para promocionarlo, había que buscar el nombre de un jugador famoso. Pensaron en Sergio García, exdelantero del Espanyol, por los “vínculos familiares” de su esposa con los Montero Jodorovich. Los socios trataron de ganarse la confianza del club explotando dos bares, la Bóbila y las Fontetes, cuyas instalaciones estaban en muy mal estado. Las obras de reforma las pagó, según los Mossos, Simón, que “fingió su salida del negocio” pero llevaba de manera oculta (sigue haciéndolo hoy, dicen) las riendas del negocio.

En mayo de 2021, Simón declaró como investigado por blanqueo. Explicó, entre otras cosas, cómo se ha ganado la vida en la última década. Dijo que se dedica a la compraventa de coches y que recibe unos 4.500 euros por alquileres, la mayor parte procedentes de una casa en Seva (Barcelona). Los Mossos no le creen. Replican que, hasta 2017, no empezó a “recibir ingresos de manera más estable por la venta de vehículos”, que ven de hecho como otra vía para “introducir dinero ganado con su actividad delictiva”. Sobre los alquileres, el atestado recuerda que hasta 2019 la casa de Seva no estuvo alquilada. Y concluyen que “ha de tener una fuente de ingresos paralela no declarada que financie su ritmo de vida y sus inversiones y proyectos empresariales, porque el dinero percibido de forma legal no cubre todos los gastos”.

La investigación de cuatro años ha puesto al descubierto la supuesta lavadora de los Jodorovich, que incluye operaciones inmobiliarias, la cría de caballos o la compra de décimos de lotería. Simón compró la casa de Seva a un cónsul honorario de Barcelona -más de 10.000 metros cuadrados con piscina y pista de tenis- “a un precio muy inferior al de mercado”, según los Mossos. También tejió lazos con el cónsul de Mali, con el que puso en marcha un supuesto negocio para cultivar plantas de cannabis en el país africano. La policía cree que, con el pago de una máquina y de las instalaciones en ese país blanqueó 700.000 euros mediante pagos “en efectivo” o a través de testaferros. Tres cónsules de Barcelona percibieron “más de 20.000 euros” a cambio de favores (que no se concretan) para ayudar a Simón a “acceder a negocios o contactos preferentes en la administración pública”.

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