De la “persecución política” al aislamiento: así cayó Laura Borràs

Al examinar la declaración de una víctima o de un testigo, a los jueces les importa mucho que su relato sea sostenido en el tiempo, pues es un signo de credibilidad. No se les exige lo mismo a los acusados porque les asiste la presunción de inocencia, aunque algunos mantienen incólume su versión de los hechos. Como Laura Borràs, a quien no se le puede negar una virtud: la persistencia en negarlo todo. Desde que hace cuatro años nació la causa contra ella por ...

Al examinar la declaración de una víctima o de un testigo, a los jueces les importa mucho que su relato sea sostenido en el tiempo, pues es un signo de credibilidad. No se les exige lo mismo a los acusados porque les asiste la presunción de inocencia, aunque algunos mantienen incólume su versión de los hechos. Como Laura Borràs, a quien no se le puede negar una virtud: la persistencia en negarlo todo. Desde que hace cuatro años nació la causa contra ella por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) ha repetido los mismos argumentos, que en el fondo se reducen a dos: que no ha hecho nada malo y que es víctima de una “persecución política” del Estado por su condición de líder independentista.

La expresidenta del Parlament no ha abandonado esa casilla de salida, por más que los avances de la investigación le hayan sacado los colores o que la construcción de su defensa se asiente sobre premisas falsas. Por ejemplo, que una jueza de Barcelona “afín a Ciudadanos” abrió “una investigación prospectiva” contra ella, cuando lo cierto es que su nombre apareció de forma espontánea en una conversación telefónica intervenida a Isaías H., un antiguo colaborador de Borràs —beneficiario de las adjudicaciones a dedo bajo sospecha— que estaba siendo investigado por tráfico de drogas. O que la magistrada apartó a los Mossos porque no veían delito en la ILC, cuando lo cierto es que la decisión se tomó por una filtración y que la Guardia Civil se limitó a continuar la línea de investigación ya consolidada por la policía catalana.

Su inmovilismo la ha dejado cada vez más sola, sobre todo desde que las consecuencias judiciales por el referéndum del 1-O perdieron intensidad. Borràs ha tratado de presentar su caso como un capítulo más de la Operación Cataluña, la iniciativa orquestada por el Ministerio del Interior para socavar de forma ilegal al independentismo. “Hay unanimidad en considerar que es una persecución política”, insiste la dirigente de Junts. Pero es una verdad a medias. Solo su partido y sus seguidores más fieles (que no son pocos) la han arropado hasta el final. Hace unas semanas, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se negó a respaldar la línea victimista al afirmar que la causa no tiene que ver con el procés y que los delitos por los que se sentará en el banquillo “son los que son”.

Su resistencia numantina la ha mostrado siempre a la opinión pública, nunca a los jueces: Borràs se acogió a su derecho a no declarar ante el Tribunal Supremo (cuando era diputada en el Congreso) y no ha querido hacerlo tampoco ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que con la apertura de juicio oral ha provocado, de forma involuntaria, su suspensión como diputada del Parlament, algo que ha sido posible gracias a los votos independentistas de Esquerra y la CUP. Ha intentado evitar su caída hasta el último minuto, al pedir que no se le aplicara el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara —que obliga a apartar temporalmente a los diputados que van al banquillo por causas de corrupción— con mensajes que oscilan entre la seducción y la amenaza: “Espero, deseo y quiero creer que los miembros de la Mesa actuarán como diputados demócratas y respetuosos con los derechos fundamentales, no como jueces o inquisidores”.

Silencio incómodo ante los correos

Borràs ha defendido su inocencia, como ella misma ha dicho, “a capa y espada” en entrevistas con periodistas en las que, sin embargo, ha dejado ver su incomodidad. Respondía sobre la causa judicial con una sonrisa forzada que se convertía en un gesto de desagrado cuando salía a la palestra la principal prueba de cargo del caso: los correos electrónicos que intercambió con Isaías H. a partir de 2013, cuando fue puesta al frente de la ILC, un órgano de la Generalitat que promueve la literatura en catalán.

Los correos, que Borràs ha intentado poner en duda al afirmar, sin pruebas, que están “manipulados”, son muy explícitos. Demuestran que instruyó al informático para que presentara presupuestos ficticios, de forma que se aparentara la concurrencia de otros candidatos. Tal vez por la potencia de esos correos, nunca ha querido comentarlos. Si se saca el tema, se indigna y se presenta como víctima. Así ocurrió en una entrevista con EL PAÍS antes de las elecciones autonómicas de febrero de 2021, en las que fue la candidata de Junts: “No sabía que tenía que defenderme en una entrevista”. Lo mismo en el programa FAQS de TV3 hace unos días: “Pensaba que venía a una entrevista, no a un interrogatorio ni a un juicio previo”, dijo a la entrevistadora.

Un incidente ocurrido tras el programa de TV3 subrayó el malestar de Borràs y agudizó su creciente soledad en la cámara autónoma. Francesc de Dalmases, diputado y hombre de su total confianza, presuntamente sujetó de la muñeca, encerró en un despacho y abroncó a la periodista que había organizado la entrevista. En el incidente, que la televisión autonómica está analizando, estuvo presente la presidenta del Parlament, que según diversos testigos no intervino en ningún momento para frenar a De Dalmases.

Consciente de su aislamiento político, Borràs ha jugado la carta de la popularidad. Estos días ha retuiteado todos los mensajes de apoyo que ha recibido en Twitter. Este jueves, minutos antes de la votación de la mesa, cientos de personas se han concentrado frente al Parlament para reivindicar su inocencia: “Laura Borràs no está sola. No es justicia, es venganza”. Borràs ha visto la calle como su gran baza para mantenerse viva en la política, pero también ante la justicia: hasta tal punto cree que el pueblo la apoya y la absolverá, que su abogado, Gonzalo Boye, solicitó que fuera juzgada por un jurado popular, lo que fue desestimado de un plumazo porque el delito de prevaricación está expresamente excluido de la ley del jurado.

La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para la expresidenta por fraccionar, en pequeños contratos, un encargo sobre la web de la institución. De ese modo pudo adjudicárselo a dedo (en total cobró más de 300.000 euros) a Isaías H. Le atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, pero no otros dos delitos que se habían manejado durante la instrucción: malversación y fraude. Los trabajos se realizaron y nadie (tampoco ella) se llevó un euro de la institución. Sin perjuicio al erario público, ha insistido Borràs, no puede haber corrupción ni aplica el artículo 25.4. Se ha resistido a abandonar el cargo hasta el final, apelando a sus colegas de Mesa: “Podemos enviar el mensaje de que las cloacas no mandan en el Parlament”. No les ha convencido y, apartada e irritada, les atacó con virulencia llamándoles “cinco diputados vestidos de jueces hipócritas”.

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