Los retrasos del Gobierno catalán para proteger el delta del Llobregat lo exponen a una sanción de Bruselas

La paralización del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat el pasado año no ha acabado ni mucho menos con los quebraderos de cabeza de la Generalitat en el delta de Llobregat (Barcelona). Más de un año después, el Ejecutivo catalán todavía no ha presentado a Bruselas el plan para amplia...

La paralización del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat el pasado año no ha acabado ni mucho menos con los quebraderos de cabeza de la Generalitat en el delta de Llobregat (Barcelona). Más de un año después, el Ejecutivo catalán todavía no ha presentado a Bruselas el plan para ampliar la protección de aves al que se comprometió después de que la Comisión Europea (CE) abriera un procedimiento sancionador por el deterioro de especies en la zona. A pesar de que en octubre de 2021, el entonces director General de Políticas Ambientales, Antoni Ferran, aseguró a este diario que el proyecto estaría tramitado “antes de marzo de 2022″ para evitar sanciones comunitarias, fuentes de la actual consejería de Acció Climàtica explican ahora que el plan puede retrasarse todavía “algunos meses más”, y no concretan una fecha.

La fecha de marzo de 2022 como plazo límite para aprobar las nuevas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que reclama Bruselas, constaba también en los últimos textos técnicos que la Generalitat presentó a los ayuntamientos de la zona, representantes agrarios y organizaciones conservacionistas. El incumplimiento de este plazo ha llevado al hartazgo de consistorios como el del Prat de Llobregat, que denuncia dejadez, y también de Depana, la entidad naturalista que consiguió elevar el caso a Bruselas. La CE envió en febrero de 2021 una carta de emplazamiento al Gobierno central y al Govern, este último como competente en protección de especies, tras recibir un exhaustivo informe técnico de esta entidad conservacionista que demostraba la regresión de especies en la zona por culpa de la sobreurbanización urbanística.

La organización conservacionista está cansada de retrasos y, según ha podido saber este diario, ha comunicado ya verbalmente al Govern su intención de presentar otro informe a la Comisión para instarla a emitir ya un dictamen motivado, el paso previo el caso se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a que la mayoría de asuntos no llegan a este extremo, fuentes jurídicas recuerdan que en 2007 se vivió un precedente, cuando Bruselas sentenció que el proyecto de regadío de la zona del canal Segarra-Garrigues (Lleida) vulneraba la directiva europea de aves silvestres.

La declaración de las futuras ZEPA levanta ampollas en la zona porque supondrían limitar algunas prácticas agrícolas, como el uso de insecticidas, y otras actividades perjudiciales para aves. Fuentes de la Generalitat admiten los retrasos, pero los achacan a los reiterados cambios vividos en el organigrama de la consejería los últimos años. La realidad es que, desde que en febrero de 2021 Cataluña recibiera la adevertencia europea, por la consejería han pasado tres directores generales de Políticas Ambientales, el cargo responsable de solucionar el entuerto. Esto se suma a la reestructuración al completo que la consejería ha vivido después de que el president Pere Aragonès decidiera fusionar las competencias ambientales y agrícolas bajo una misma carpeta: la de Acció Climàtica, que ostenta Teresà Jordà (ERC). Pero también es cierto que la Generalitat lleva más de un año defendiendo que el plan conservacionista estaba prácticamente terminado, pero su promesa nunca termina de formalizarse.

Ya en mayo del año pasado, el entonces director de Políticas Ambientales, Ferran Miralles (Junts), respondió a Bruselas que la Generalitat contaba con “una propuesta científica muy avanzada” para proteger otras 1.100 hectáreas en el delta (en la actualidad son 935), según un escrito al que tuvo acceso la agencia Efe. Pocas semanas antes de ser sustituido (en junio de 2021), el propio Miralles confirmó a este diario que la propuesta “estaba prácticamente terminada” y que faltaba consensuarla con ayuntamientos y sector implicados, especialmente el agrícola.

Su sucesor, Antoni Ferran (ERC), también aseguró al inicio de su mandato que la propuesta estaba muy avanzada y apuntó directamente a febrero de 2022 como fecha final. Ferran fue sustituido, sin embargo, en enero. Su sucesor es el ambientólogo Marc Vilahur, que deberá ahora acelerar los deberes inacabados y convencer a los pageses, especialmente reticentes porque la ampliación de las zonas protegidas afectarían principalmente a terrenos de siembra en Viladecans, Gavà y el parque agrario de Sant Boi. El Govern evita confirmar oficialmente que la ampliación de áreas protegidas en la zona se verá aplazada ya irremediablemente a 2023. Una fuente que participa en las reuniones técnicas del Govern con los sectores implicados afirma, sin embargo, que la Generalitat ya les ha comunicado que el plan no estará listo “antes de final de año”.

AENA aprueba renaturalizar el parking ‘fantasma’

La carta de emplazamiento por la desprotección del delta de Llobregat de la CE también fue enviada al Gobierno central, como Administración competente en la ampliación del aeropuerto de 2008. Bruselas solicitó al Gobierno que justificara la compensación ambiental por el impacto ambiental de la obra. Entre otros, instaba a renaturalizar dos parking en desuso (un aparcamiento VIP y otro de taxis) que Aena había construido en zona protegida y nunca se usaron. La Fiscalía de Medio Ambiente ya había instado hasta en dos ocasiones al gestor aeroportuario a que ejecutara las obras. Finalmente, el gestor aeroportuario ya ha adjudicado el contrato de obras y la renaturalización del parking Vip, en Viladecans, se iniciará este verano, una vez terminado el periodo de nidificación. El otro parking, asegura Aena, sigue pendiente de un informe final de impacto ambiental de la obra.

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