El juez de Barcelona que investiga a Pegasus pide ahora a Torrent y Maragall que entreguen sus móviles
El magistrado acepta, un año y siete meses después, la petición del fiscal de someter los terminales a una prueba pericial informática para rastrear los ataques
El juez de Barcelona que investiga el presunto espionaje con el programa Pegasus al expresidente del Parlament Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall ha reactivado, aunque tímidamente, la causa. Un año y siete...
El juez de Barcelona que investiga el presunto espionaje con el programa Pegasus al expresidente del Parlament Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall ha reactivado, aunque tímidamente, la causa. Un año y siete meses después de que lo solicitara el fiscal, y cuando se avecinan decenas de querellas de afectados por el espionaje, el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, ha pedido a Torrent y a Maragall que entreguen los teléfonos móviles que fueron atacados. Según una resolución a la que ha accedido EL PAÍS, el juez pretende someterlos a una prueba pericial informática independiente para contrastar los datos con las conclusiones del instituto Citizen Lab —un organismo de ciberseguridad canadiense— que recoge la querella.
La diligencia del juez lleva fecha del lunes 2 de mayo, poco después de que saliera a la luz un nuevo informe de Citizen Lab que detallaba que más de 60 destacados líderes independentistas —incluidos los últimos cuatro expresidentes de la Generalitat— habían sufrido el hackeo de sus móviles con Pegasus. “Examinadas las presentes actuaciones”, dice el juez, sería oportuno que Torrent y Maragall entreguen los dispositivos móviles (dos Samsung Galaxy A5) que fueron objeto de los ataques en abril y mayo de 2019. Fuentes de la defensa de los dos políticos de Esquerra Republicana aseguran que primero deben comprobar si disponen aún de esos terminales y después valorarán si los entregan, dado que el escueto escrito del juez no detalla qué cuerpo policial dispondrá de esos teléfonos ni cómo se llevaría a cabo el análisis.
En octubre de 2020, el juez abrió una investigación por revelación de secretos tras la querella presentada por Torrent y Maragall. Ambos habían solicitado que se citara, como investigado, al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y también a la compañía israelí NSO Group, creadora de Pegasus, un programa informático que en teoría solo se vende a Gobiernos para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo pero que, en la práctica, ha servido para espiar a políticos, activistas, abogados y periodistas en numerosos países.
El fiscal se opuso a la imputación del exdirector del CNI con el argumento de que no había “indicio objetivo alguno” que vinculara el ataque informático con los servicios de inteligencia españoles. Las afirmaciones de Torrent y Maragall eran una pura “especulación”, ya que “cualquier otra autoría” era igualmente posible, dijo el fiscal, que se opuso de hecho a la mayoría de diligencias solicitadas por los afectados.
Comisiones rogatorias sin respuesta
El magistrado, finalmente, acordó una sola diligencia: envió comisiones rogatorias a Israel —sede de la empresa NSO— y a Irlanda, sede europea de WhatsApp, la compañía que alertó a los políticos del ataque causado por una vulnerabilidad de la aplicación. El juez quiere que Israel requiera a NSO Group para que explique si conserva “informaciones, datos o registros informáticos” sobre el funcionamiento del software en los teléfonos de Torrent y Maragall.
Ha pasado un año y siete meses y la respuesta internacional no llega. La causa, mientras tanto, dormía el sueño de los justos, sin la práctica de más diligencias y con sucesivas prórrogas que han permitido mantener viva la investigación. La petición de los móviles de Torrent y Maragall, solicitada ya entonces por el fiscal, supone un tímido avance, aunque fuentes judiciales al corriente de las investigaciones sostienen que sin más ímpetu investigador será difícil llegar a la respuesta que buscan los afectados: quién estuvo detrás de los ataques.
Tras las revelaciones de Citizen Lab, los abogados de los más de 60 afectados han anunciado (y presentado ya, en algunos casos) querellas para tratar de acreditar que el CNI está detrás del ataque informático. Su objetivo es que esas denuncias se acumulen en el juzgado de instrucción 32 que ya mantiene abierta la causa, de manera que sea al menos más ágil alcanzar algún tipo de respuesta. Está por ver si el juez acepta la competencia de esos otros casos o, por el contrario, los envía a repartir en alguno de los 33 juzgados de instrucción de Barcelona.
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