El juez de Barcelona que investiga Pegasus espera la respuesta de Israel desde hace un año y medio

El juez de Barcelona que investiga el presunto espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall está a la espera de la respuesta de Israel e Irlanda. La causa judicial permanece abierta, pero inactiva, desde hace un año y medio, cuando el magistrado envió comisiones rogatorias a esos dos países para aclarar quién hackeó los teléfonos móviles de esos dos dirigentes destacados de Esquerra Republicana (ERC). ...

El juez de Barcelona que investiga el presunto espionaje al expresidente del Parlament Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall está a la espera de la respuesta de Israel e Irlanda. La causa judicial permanece abierta, pero inactiva, desde hace un año y medio, cuando el magistrado envió comisiones rogatorias a esos dos países para aclarar quién hackeó los teléfonos móviles de esos dos dirigentes destacados de Esquerra Republicana (ERC). NSO Group, la compañía que creó el software Pegasus —empleado para el espionaje— es israelí, mientras que WhatsApp —que alertó del ataque informático a Torrent y a Maragall— es propiedad de Facebook, con domicilio fiscal en Irlanda.

En julio de 2020, el director de políticas públicas de WhatsApp para Europa, Niamh Sweeney, escribió correos electrónicos a Torrent y a Maragall en los que alertaba de que sus números de teléfono podrían haber sido hackeados. Ambos presentaron de inmediato una querella en los juzgados de Barcelona tras saber que habían sido objeto de un ataque por un programa espía desarrollado por la compañía israelí NSO. La aplicación, llamada Pegasus, puede ser adquirida únicamente por gobiernos y cuerpos de seguridad y exclusivamente para la lucha contra el crimen organizado. Los independentistas denunciaron entonces que el Gobierno español estaba detrás del espionaje, una hipótesis que las recientes revelaciones sobre el espionaje masivo a líderes del secesionismo ha avivado.

El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz de Pablo, abrió diligencias de investigación en octubre de ese mismo año. No aceptó la mayoría de diligencias de investigación solicitadas en la querella de Torrent y Maragall; en concreto, que se citara a declarar al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán. Pero sí ordenó, tal como solicitaban los querellantes y la Fiscalía, el envío de comisiones rogatorias internacionales. Esa, pensó el juez, era la vía más fiable para tratar de “determinar la identidad” de los autores de un ataque que, en ese momento como ahora, son “desconocidos”, según el auto judicial al que ha accedido EL PAÍS.

En el auto, el juez solicita a las autoridades de Israel que requieran a la compañía NSO Group para que explique si conserva “informaciones, datos o registros informáticos” sobre el funcionamiento del software Pegasus en los teléfonos de Torrent y Maragall. El juez argumenta que esa aplicación está destinada a la “monitorización de comunicaciones y contenidos” de teléfonos “aprovechando vulnerabilidades de la aplicación WhatsApp”. A las autoridades de Irlanda le piden que WhatsApp remita los registros “que acrediten haberse producido el ataque” reportado en abril y mayo de 2019. También pide saber las “comunicaciones salientes” de los dos teléfonos, las “características técnicas de la vulnerabilidad” detectada en la aplicación de mensajería y “la identidad de los técnicos y trabajadores” que detectaron y analizaron el ataque.

Pegasus es la aplicación de software que sirvió para espiar a Torrent y a Maragall y, según ha trascendido estos días, a 60 destacados nombres del independentismo en Cataluña. Los soberanistas presuntamente afectados por el ataque han anunciado este martes los próximos pasos que van a dar. El presidente Pere Aragonès —una de las víctimas del espionaje con Pegasus— anunció que llegarán “hasta donde haga falta”. Es previsible, según fuentes judiciales, que los afectados presenten una o varias querellas, que podrían acabar acumulándose en la investigación del juzgado 32 de Barcelona. La investigación llevada a cabo por el organismo de ciberseguridad canadiense Citizen Lab puede aportar más material probatorio y dar un “empujón decisivo” a una causa que ahora permanece viva pero adormecida.

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