La Generalitat podrá cerrar un comedor escolar si no es viable económicamente

La Generalitat podrá optar por cerrar un comedor escolar si resulta inviable por falta de alumnos. Así lo recoge la nueva versión del decreto que regulará los comedores escolares, que actualmente se encuentra en una fase participativa, recibiendo las aportaciones del sector y que, si el proceso sigue su ritmo previsto, se podría aplicar en el curso 2023-24. Concretamente, aparte de la clausura de un centro, el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece otro motivo para cerrar el comedor: un “número i...

La Generalitat podrá optar por cerrar un comedor escolar si resulta inviable por falta de alumnos. Así lo recoge la nueva versión del decreto que regulará los comedores escolares, que actualmente se encuentra en una fase participativa, recibiendo las aportaciones del sector y que, si el proceso sigue su ritmo previsto, se podría aplicar en el curso 2023-24. Concretamente, aparte de la clausura de un centro, el texto al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece otro motivo para cerrar el comedor: un “número insuficiente de alumnado que no permita la viabilidad del servicio comedor”. El Departamento de Educación justifica que el borrador “no está cerrado” y que este punto “puede cambiar totalmente”.

Hace ya unos años que Educación trabaja en la actualización de la normativa que regula los comedores escolares y que sustituya a la vigente, del año 1996. Pero a finales de 2018, el entonces consejero del ramo, Josep Bargalló, se vio obligado a guardar en un cajón una anterior versión del proyecto de decreto por la gran polémica, y rechazo, que despertó; el motivo: preveía que el servicio de comedor se hiciera a través de un concurso público, impidiendo a las asociaciones de familias (AFA) gestionar los comedores, tal y como hacen actualmente en un tercio de los casos de un total de casi 2.000 comedores (el resto está en manos de alguna administración). Ahora, el punto sobre la posibilidad de cerrar un comedor si es inviable amaga con ser foco de nueva polémica, ya que, para algunas voces del sector, esto supone “una gran línea roja” a la hora de negociar la nueva normativa.

Educación no da por definitiva la redacción del texto. De momento, ya ha reescrito el borrador para corregir el punto que protagonizó el bloqueo la primera vez: quitar a las AFA el poder de gestión del servicio. En la nueva versión, las familias ganan cierta importancia, manteniendo la posibilidad de ejercer de gestoras de los comedores, ya sea de forma directa o contratando a una empresa. Además, tendrán un papel activo en el control del comedor y podrán opinar en los procesos de contratación y adjudicación del servicio.

Otra de las novedades, y una de las peticiones de la comunidad educativa, es que el comedor no se conciba como un ente separado, sino que sea visto también como un espacio educativo, de manera que su concepción y las actividades que se programen “deben ser coherentes” con el proyecto educativo del centro.

Además de las AFA, el servicio de comedor puede ser gestionado por las diferentes administraciones (ayuntamientos, consejos comarcales o Generalitat), que lo pueden sacar a concurso público. En este caso, y para evitar ofertas temerarias y mantener un nivel de calidad, el nuevo decreto fija que el criterio del precio “no puede superar el 40% del total” de la valoración.

El texto señala también que el personal debe disponer del título de monitor o equivalente, “complementada con una formación específica que fijará el Departamento”. Además, los trabajadores deberán acreditar el nivel C1 de catalán (que actualmente se logra con la ESO), así como una “competencia comunicativa suficiente” en castellano o en una tercera lengua si así lo requiere el centro. En cuanto a la ratio, válida para la escuela pública y la concertada, se establece un máximo de 15 alumnos por monitor en segundo ciclo de infantil, 25 en primaria y 30 en secundaria (actualmente es de 18 en infantil y 30 en primaria).

Apoyo educativo

El borrador también recoge una de las demandas más reiteradas por la comunidad educativa: la atención a los alumnos con necesidades especiales, es decir, con alguna discapacidad o alteración conductual. Concretamente, se especifica que la Administración debe encargarse de dar apoyo a este alumnado mediante vetlladors, es decir, personal de soporte educativo.

Desde el sector valoran de forma muy diferente la nueva versión del decreto. Algunas voces destacan, además del peso de las familias, que finalmente se clarifica el concepto y qué incluye el servicio. “Más que servicio comedor, hay que hablar de espacio de mediodía, porque no solo se da de comer a los alumnos, sino que se presta un servicio educativo”, defienden fuentes del sector.

No obstante, otras fuentes son más críticas y consideran que el comedor debería ser “un servicio totalmente integrado en el centro” y habría que tender hacia la internalización “para dejar de depender de las grandes empresas del sector”. Además, apuestan por reducir el coste recortando la duración del espacio del mediodía y que se apueste por, mientras no se logre la gratuidad, un sistema de tarificación social que sustituya al modelo de becas comedor. Asimismo, consideran que el nuevo texto es “demasiado general” y deja muchos aspectos sin determinar, como la atención a los alumnos con necesidades especiales.

Desde el Departamento inciden en que el texto ha recogido las aportaciones de las más de 300 personas que participaron en el proceso participativo que se abrió en su momento, y que es necesario actualizar “urgentemente” la normativa, con tres principios básicos: que el comedor se reconozca como espacio educativo, incorporado en el proyecto educativo del centro, que fomente una alimentación saludable y que sea un espacio inclusivo. “Ahora se inicia el recorrido de la normativa, que será modificada y adaptada a lo largo de los próximos meses con las aportaciones que se hagan desde los diferentes ámbitos”, zanja un portavoz de Educación.

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