Ada Colau declara ante el juez por las subvenciones a entidades afines
Los abogados de la alcaldesa de Barcelona mantienen que no hay indicios de delito ni de irregularidades
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está citada a declarar este viernes en la Ciudad de la Justicia como investigada en la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). La asociación acusa a Colau de presuntas irregularidades en la ...
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está citada a declarar este viernes en la Ciudad de la Justicia como investigada en la querella presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD). La asociación acusa a Colau de presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones a entidades afines como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC, la Alianza contra la Pobreza Energética o Ingenieros sin Fronteras. La querella acusa a la primera edil de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
Colau declarará y previsiblemente responderá a las preguntas no solo de sus abogados (los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà), sino también de la fiscalía y de la acusación particular, que ejerce la ATCD, una entidad sin actividad conocida en Barcelona. La ATCD acusa a Colau de entregar una “lluvia de dinero público” a entidades ideológicamente afines y afirma que las subvenciones fueron concedidas “de forma arbitraria y discrecional” para “favorecer” a esas asociaciones. El texto incide en los pagos del consistorio para elaborar informes sobre la gestión del agua y sobre cooperación internacional.
Como ocurre siempre en la fase de instrucción, la declaración es a puerta cerrada y solo está permitida la presencia de la investigada y de las partes personadas en el proceso.
Desde que se conoció la imputación, Colau se ha mostrado dispuesta a colaborar con la justicia y ha asegurado en varias ocasiones que irá “muy tranquila a declarar” que no tiene “nada que esconder”, así como que la querella “quedará en nada”, porque por los mismos hechos la Fiscalía archivó en verano pasado otra denuncia. La alcaldesa también se refirió en su acto anual del Colegio de Periodistas a “poderes corporativos acostumbrados a grandes beneficios que no aceptan el poder democrático e intentan torpedear haciendo un mal uso de la justicia”. En otro momento se ha refirió a “la compañía privada Agbar y otras asociaciones fantasma como la denunciante que han puesto una batería de acciones archivadas” o a “una batalla judicial y de fake news” al plantear la gestión pública del agua. “No nos van a asustar”, ha zanjó.
Los abogados de Colau se adelantaron a la declaración de este viernes al dar la versión de la alcaldesa en un escrito, con hasta ocho informes, alegando que no intervino en las subvenciones y pidiendo el archivo del caso. La defensa criticaba la “falta de rigor” de la querella y recordaba que la Fiscalía descartó trato de favor. Con todo, el titular del Juzgado de Instrucción número 21 denegó la petición de archivo.
El abogado y concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha recordado este viernes que el juez tiene la misma documentación que la Fiscalía --”esta denuncia no es nueva, no es casualidad había una idéntica”, ha señalado-- y los ocho informes. Además ha asegurado que tras la querella “hay determinados lobbies con intereses especulativos, inmobiliarios o sobre la gestión de bienes comunes como el agua que abusan del sistema judicial” y ha recordado: “Llevamos once, todas archivadas”.
El abogado Àlex Solà, aseguró que “no hay indicio de delito, ni siquiera de irregularidad administrativa” en la concesión de las subvenciones. Y reveló que el abogado que representa a la asociación que se querella “es el mismo que firmó la ampliación de la denuncia de Fiscalía”. Solà también ha considerado “mala fe procesal” omitir en el texto de la querella que el ministerio fiscal ya archivó otra denuncia. Y que “la querella destila un gran posicionamiento ideológico y se podría enmarcar en lo que se conoce como law fare, que es batalla política a través de los juzgados, intento de judicializar la política desde una óptica ideológica”.