El consejero de Educación catalán pide por carta a los directores que no cambien su proyecto lingüístico
Una sentencia firme obliga a los centros en Cataluña a impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano
El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir al menos el 25% de las materias en castellano. “Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora”, dice en la misiva. Gonzàlez-Cambray agradece la “dedicación” de los profesores e insiste en que el modelo de escuela catalana es el de la ley autonómica, avalada por la LOMLOE. El president P...
El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray, ha pedido este miércoles por carta a los directores de los centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir al menos el 25% de las materias en castellano. “Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora”, dice en la misiva. Gonzàlez-Cambray agradece la “dedicación” de los profesores e insiste en que el modelo de escuela catalana es el de la ley autonómica, avalada por la LOMLOE. El president Pere Aragonés ha asegurado que no delegarán la responsabilidad en las escuelas y ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a alinearse con la Generalitat porque no comparte el modelo de la sentencia y, por tanto, pide que “actúen en consecuencia”.
El Tribunal Supremo ha inadmitido este martes el recurso de casación que presentó el Gobierno de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, en la que obligaba a todas las escuelas públicas catalanas a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. El Govern considera clave el carácter vehicular del catalán (y sólo del catalán) en el sistema de inmersión lingüística que se aplica en Cataluña desde 1983, pese a que varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional se han pronunciado en su contra en las últimas tres décadas. El Ejecutivo catalán considera que con esta nueva decisión judicial “se tumba” el modelo educativo, y ya ha avisado de que no cumplirá la sentencia.
En la carta, el consejero afirma que la sentencia “es un grave ataque a los fundamentos del modelo de escuela catalana, realizado desde un tribunal alejado y desconocedor de la realidad sociolingüística de los centros educativos”. El consejero republicano comunica asimismo que “esto no va de porcentajes, va de pedagogía”, por lo que considera que el hecho de que sea “un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas necesarias para aprender una lengua es una anomalía y representa un desprecio a los profesionales de la educación”.
Tras conocerse la sentencia, Cambray mantuvo el martes una reunión con diversas entidades educativas en Cataluña en la que les avanzó que la Generalitat se mostraría firme en la defensa del sistema de la inmersión lingüística. En una entrevista a RAC-1, el consejero ha añadido que los centros “tendrán el amparo legal de la Generalitat”, que la consejería estará “al lado de los docentes” y que “pueden estar del todo tranquilos” para “seguir educando como lo han hecho siempre”. “Asumimos las responsabilidades que nos tocan”, ha dicho en una entrevista en RAC-1.
El modelo de inmersión cuenta con un amplio consenso en la sociedad catalana y los principales sindicatos, la USTEC -mayoritario entre los profesores de la escuela pública; CC OO, primera central de todo el sector educativo, y UGT han salido en defensa de la inmersión. Iolanda Segura, portavoz de USTEC, ha sostenido que el modelo lingüístico sufre desde hace años una “persecución ideológica” por parte de unas entidades minoritarias y “envalentonadas” y ha reclamado que no se aplique la sentencia. “Es indignante. El modelo no perjudica a nadie; al contrario, cohesiona”, afirma. Rosa Mari Villaró, de CC OO, ha corroborado señalando que es un modelo de “éxito” y que jamás no debería haberse “judicializado ni politizado”: “Esto no va de porcentajes. Debe aplicarse la LOMLOE”, ha dicho. UGT reafirmó su “compromiso” con la inmersión al sostener que es una herramienta de cohesión de primer orden”, reconocido “internacionalmente” y añade que no aceptará “ningún modelo impuesto” que pretenda la ruptura social del alumnado mediante la segregación”.
El camino jurídico tras la sentencia
Una vez que la sentencia es firme, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe comunicar el fallo a la Generalitat para que lleve a cabo las obligaciones que contiene. Se trata de una mera comunicación, que no contiene ninguna advertencia en caso de incumplimiento, han explicado fuentes judiciales, que recuerdan que en los procedimientos contencioso-administrativos (como es el asunto del catalán en las escuelas) no se actúa de oficio, sino que el impulso corresponde a las partes interesadas. La ley que regula esta jurisdicción (artículo 104) añade que, en caso de incumplimiento, una vez transcurridos dos meses desde que se notifica la sentencia “cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa”. Y ahí es donde el camino se hace más tortuoso.
En la pugna judicial por el 25% del castellano en la educación, solo hay una parte que podría solicitar la ejecución: el Ministerio de Educación. Ninguna de las asociaciones que habitualmente defienden el castellano en Cataluña en los tribunales están personadas en el procedimiento. Pero eso no impide que, llegado el caso, puedan instar la ejecución forzosa de la sentencia, ya que la norma permite actuar a cualquier “persona afectada”, sea física o jurídica. El mecanismo no es automático. El TSJC deberá valorar en su caso si esa persona o entidad tiene un interés legítimo para hacerlo. JESÚS GARCÍA
Los portavoces sindicales esperan que el Govern asuma las responsabilidades y que la carta de Cambray, como ha apuntado Segura, “no sea solo una declaración de intenciones” y que les ampare. Villaró reveló que en la reunión del martes con el consejero quedó claro que la responsabilidad será del Govern y no de los directores de los centros. “Pedimos que fuera claro y diáfano”, ha puntualizado. En cualquier caso, los sindicatos entienden que les ampara la LOMLOE y no la LOMCE, aprobada bajo el Gobierno del PP y ahora ya derogada y sobre la que se basó el recurso.
González-Cambray ha asegurado que la ministra de Educación, Pilar Alegría le ha dado “garantías” de que no pedirá la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Fuentes del Ministerio de Educación han aclarado a este periódico que “no le corresponde” a este departamento pedir la ejecución de la sentencia ya que se trata de un asunto que “en estos momentos afecta solo a la Generalitat y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. Esas mismas fuentes del equipo de la ministra Pilar Alegría han señalado que el Gobierno “no tiene la menor duda de que las administraciones del Estado siempre cumplen con las sentencias judiciales”, y que, en caso de no hacerlo, “los responsables podrían ser imputados penalmente”, informa Ana Torres. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha abundado en esa línea, afirmando que “la sentencia se tiene que ejecutar porque es firme”, pero que no es al Ejecutivo sino al Supremo a quien corresponde exigir que se cumpla, informa Efe.
La inmersión lingüística cuenta con un amplio consenso en el Parlament y en el ámbito educativo catalán. La red Som Escola ha deplorado el fallo y ha llamado a la movilización. Fundaciones educativas y sindicatos también han expresado su rechazo a la decisión judicial. El modelo es defendido por las formaciones independentistas pero también, aunque con matices, por el PSC. De hecho, el Gobierno y ERC negociaron hace un año la llamada ley Celaá, que eliminó la referencia expresa al castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Es decir, dejó las cosas como estaban antes de 2013, año en el que el PP había introducido esa referencia expresa. Según ERC, la Ley Celaá fue el blindaje definitivo de la inmersión lingüística, aunque los jueces han establecido en numerosas ocasiones ―antes y después de 2013― que el castellano debe ser vehicular en Cataluña, junto al catalán.
El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha señalado este miércoles que no cree que dar una materia más en castellano ponga en “riesgo” el modelo de escuela catalana y el uso del catalán: “Que se imparta en castellano otra materia aparte no nos parece mal”, ha dicho en la Cadena SER. Los socialistas, de hecho, no han acudido a una reunión entre Cambray y todos los partidos independentistas y los comunes en el Parlament. En cambio, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sí considera un “error” convertir la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña en un problema y “politizarlo”, así como relacionarlo con el conflicto independentista. Colau ha defendido que en Cataluña la única lengua vehicular sea el catalán, y ha añadido: “Para opciones distintas existe la educación privada”.
El castellano y el catalán son ambas lenguas cooficiales en Cataluña. El castellano es la lengua materna de la mayoría de la población (el 52,7% frente al 31,5% que tiene como lengua materna el catalán), la mayoritaria también como lengua de identificación (las que los encuestados consideran como propia: el 46,6% frente al 36,3% del catalán) y la mayoritaria como lengua habitual (48,6% frente al 36,1%), según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, de 2019).