Cinco desahucios en Barcelona en una semana pese a la moratoria

Cinco desahucios. Cinco desalojos ejecutados esta semana solo en la ciudad de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona, Horta y dos en el Poblesec), según el recuento de las entidades, pese a que el Gobierno dictó esta semana la quinta prórroga de la moratoria de lanzamientos por la situación de pandemia, esta vez hasta el 28 de febrero. Como las anteriores, incluye a familias vulnerables con informe de servicios sociales, incluso si están o...

Cinco desahucios. Cinco desalojos ejecutados esta semana solo en la ciudad de Barcelona (Ciutat Meridiana, Vallbona, Horta y dos en el Poblesec), según el recuento de las entidades, pese a que el Gobierno dictó esta semana la quinta prórroga de la moratoria de lanzamientos por la situación de pandemia, esta vez hasta el 28 de febrero. Como las anteriores, incluye a familias vulnerables con informe de servicios sociales, incluso si están ocupando (si hay personas dependientes y la vivienda es de un gran propietario).

Pero las entidades en favor del derecho a la vivienda alertan de que sigue habiendo desahucios por supuestos que no entran en las condiciones de blindaje —por ejemplo, no estar empadronado o ser vulnerable, pero no tener a nadie a cargo— o si se da el caso de que los jueces interpretan que la vulnerabilidad no está acreditada.

“Que no presuman de moratoria, hay desahucios todas las semanas. No paramos de movilizarnos para frenarlos”. Habla Maribel Tejada, 51 años y tres fechas ya de desahucio: el primero en abril, entró en la moratoria; el segundo, en septiembre, no entró —”porque no tengo nadie a cargo, aunque tengo certificado de vulnerabilidad”, dice— y se paró con una protesta en la puerta; y ahora aguarda el tercer intento el próximo día 18. Todo después de hipotecarse en 2007 y, a partir de la crisis de 2008, ver cómo caían sus ingresos. Al dejar de pagar la hipoteca logró una dación en pago, alquiler social… pero ahora no llega para pagar: “Es injusto, compré el piso haciendo más horas que un reloj y no tengo la culpa de las sucesivas crisis, nunca he dejado de trabajar”, recalca. El piso es de un fondo de inversión.

No se salvaron del desahucio el pasado miércoles la familia de Mayory Nuñez y Pablo Abanto, ni sus tres hijos de dos, ocho y 15 años, originarios de Perú, a quien una conocida llevó a la escuela antes de que llegara la comitiva judicial. Un caso complejo del que la PAH tuvo conocimiento este mismo lunes en su asamblea semanal, con poco tiempo para hacer trámites e intentar frenar el lanzamiento. La pareja, que ocupaba una casa unifamiliar del barrio de Font d’en Fargas (en Horta-Guinardó) junto a otra familia y varias personas más, está en situación irregular, trabaja en negro, no estaba empadronada y no tiene certificado de vulnerabilidad (aunque sí lo tenía otra familia de la vivienda que el día del desahucio se marchó por su cuenta). La casa es propiedad de la Sareb, la entidad con mayoría de capital público que se quedó los activos tóxicos tras el rescate a la banca.

Al desahucio llegaron casi simultáneamente activistas de la PAH para intentar pararlo y cuatro furgones de los Mossos, que formaron un perímetro ante la casa que obligó a los concentrados a alejarse. En el interior de la casa, Mayory y Pablo tenían todo a punto: maletas envueltas con bolsas de plástico y las cajas llenas de juguetes revelaban su intuición. “Esto ya es normal”, lamentaba ella, que ya no recuerda el número de veces que la familia se ha mudado en los últimos dos años; llegaron a Barcelona dos semanas antes de que la pandemia lo parara todo.

La historia que cuentan es un cúmulo de dramas. Al llegar a Barcelona, un conocido de Pablo les prometió un piso en el Raval que pagaron gracias al préstamo con el que vinieron desde Perú. Dos días después se presentó la policía junto con personal del Ayuntamiento. Era un piso ocupado. Mayory asegura que no lo sabían y que la asustaron, que la amenazaron con que podían quitarle a sus hijos y expulsarla del país. Decidieron irse del piso. Un hijo arrastra desde entonces problemas por los que está siendo examinado. El pequeño ha dejado de hablar. Nunca volvieron a saber de la persona a la que Pablo le dio sus ahorros.

Fuentes de la Sareb mantienen que se acercaron a la casa unifamiliar una decena de veces durante tres meses para que los ocupantes acreditasen su vulnerabilidad y ofrecerles una alternativa habitacional: “En el último momento entregaron algunos documentos, pero no eran suficientes. Servicios Sociales nos dijo que no tenían seguimiento de estas familias. Nosotros hemos parado varios lanzamientos, pero en este caso no pudimos hacerlo”, dicen.

La familia ha sido realojada provisionalmente por los servicios sociales en una residencia de estudiantes en Vall d’Hebron. Dos habitaciones y cinco camas. Santi Mas de Xaxàs, portavoz de la PAH Barcelona, denuncia: “Casos como el de esta familia son ejemplos de que la moratoria no funciona y, lo que es peor, el Gobierno lo sabe, el llamado escudo social no funciona, están dejando en la estacada a los vulnerables”. El portavoz de la PAH Barcelona critica, además, “la interpretación de los jueces” en algunas ocasiones. Se sulfura con los lanzamientos donde el propietario de los inmuebles es la Sareb, sociedad conocida también como banco malo.

Mas de Xaxàs condujo el lunes la asamblea semanal de recepción de nuevos casos de la PAH. Un goteo que no para de familias que acuden a exponer sus casos y pedir ayuda. Tres horas, de cinco a ocho de la tarde, de intervenciones de afectados que atraviesan diferentes momentos del proceso. Con participantes en el local de la calle de Leiva y otros conectados en línea.

Xavier Mas de Xaxàs (PAH)e sulfura con los lanzamientos donde el propietario de los inmuebles es la Sareb, sociedad conocida también como banco malo.

Además de la PAH también los barrios se organizan para evitar desahucios. Ciutat Vella, Poblesec o Ciutat Meridiana son tres casos. En el tercero, suele haber tantos lanzamientos programados, que los juzgados los agrupan: “Las comitivas judiciales suben cada cuatro días hábiles. El miércoles subieron tres comitivas. Primero teníamos contabilizados tres desahucios, pero acabaron siendo 11 los señalados, de los que se ejecutaron dos, uno en el barrio y el otro en Vallbona [al otro lado de la Meridiana]”, explica el presidente de la Asociación de Vecinos, Fili Bravo.

“Lo de la moratoria es un cachondeo del Gobierno para salir en la tele, pero los jueces hacen lo que quieren y abusan: no comprendemos cómo se puede echar a una persona con dos niños, monoparental, empadronada y sin papeles”, lamenta Bravo refiriéndose a uno de los casos de la semana. Meses atrás, también en el barrio hubo una fuerte presencia policial en los lanzamientos. Ahora es más discreta, dice Bravo. “Lo de esta semana en Ciutat Meridiana ha sido una bacanal”, califica una fuente municipal, que se cuestiona la presencia de los Mossos.

La defensa de la moratoria

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defienden el establecimiento de la moratoria de desahucios por parte del Gobierno (ampliada en la primera prórroga a personas sin contrato de alquiler) “para proteger a personas y familias vulnerables”. Recuerdan que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas y ponen en valor el “esfuerzo de regulación normativa realizado para implicar a organismos, judiciales y servicios sociales autonómicos y municipales”.

Las mismas fuentes indican que la moratoria fija las condiciones para frenar los lanzamientos con “rigor y seguridad jurídica” durante la pandemia, en línea con el “escudo social que han supuesto los expedientes temporales de regulación de empleo”. Sobre los supuestos de exclusión, apelan a la seguridad jurídica citada y, a propósito de las críticas a las interpretaciones de los jueces, responden que el ministerio no puede entrar en sus competencias.

Los casos de desahucios que no entran en la moratoria llegan también, aunque en menor número, a las asambleas del Sindicato de Inquilinos. A la de hace dos viernes acudió Mimi Oset, desahuciada de su piso de Sants tras cuatro intentos. Con 45 años y una discapacidad del 87% vivía allí, ocupando, desde 2019 con su compañero y sus dos hijas, las dos con discapacidad (y una de ellas menor).

Explicó su nueva vida realojada en un piso turístico en el barrio de Sarrià, mientras que las niñas siguen escolarizadas en Sants. Admitió que el piso “está muy bien”, pero que, al no poderse desplazar sola hasta su nuevo barrio, van y vienen cuando lo hace su pareja, a primera hora de la mañana y por la tarde: “En el trabajo de mi marido, que tiene la nómina embargada, me han habilitado un espacio para que pase el día y descanse. También es aquí donde me visitan para hacer tratamientos médicos, porque tenemos prohibido recibir visitas en el piso”, explica. Oset, con quien su barrio se ha volcado, lamenta no haber entrado en la moratoria. Ni ella ni su entorno de apoyo entienden qué ha pasado. “Posiblemente la juez no contempla la vulnerabilidad del caso porque no ha sido causada por la covid”, apuntan fuentes del Sindicato de Inquilinos.