La Generalitat acusa a Aena de imponer exigencias “draconianas” para ampliar el aeropuerto
El consejero de Empresa niega que la posible inversión de 1.700 millones de euros divida al Govern
La Generalitat responde con reproches a las advertencias de apremio que hace Aena para aclarar cuál debe ser el futuro del aeropuerto de Barcelona. El consejero de Empresa, Roger Torrent, ha acusado al operador aeroportuario de plantear su proyecto de manera “draconiana”. Un proceder “inaceptable”, según ha manifestado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Torrent alega que el Govern no ha tenido tiempo para valorar la conveniencia de ...
La Generalitat responde con reproches a las advertencias de apremio que hace Aena para aclarar cuál debe ser el futuro del aeropuerto de Barcelona. El consejero de Empresa, Roger Torrent, ha acusado al operador aeroportuario de plantear su proyecto de manera “draconiana”. Un proceder “inaceptable”, según ha manifestado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Torrent alega que el Govern no ha tenido tiempo para valorar la conveniencia de un plan que es “una cuestión estratégica para el conjunto del país” porque repercute directamente en su “modelo productivo”.
Uno de los argumentos principales para hacer crecer las instalaciones de El Prat refiere un interés por consolidarlo como hub internacional. Torrent replica que “los hubs no lo son solo porque la infraestructura tiene capacidad para absorber el tráfico”, y emplaza a Aena a definir qué modelo de aeropuerto pretende y a concretar qué estrategias va a emplear con las aerolíneas que operan vuelos internacionales.
Aena ha avisado reiteradamente que se ha entrado en tiempo de descuento para que la Generalitat decida si avala o no el plan para alargar 500 metros la pista de mar del aeródromo de El Prat. Una obra que afectaría la zona natural de La Ricarda, pero que condiciona una inversión de 1.700 millones de euros y la creación de 80.000 puestos de trabajo. Ese es el montante calculado para construir una nueva terminal satélite en la T1 y para ejecutar un ramillete de actuaciones que han de permitir elevar el techo de capacidad por encima de los 70 millones de usuarios anuales. Actualmente, el tope está fijado en los 55 millones, y en 2019, último ejercicio antes de la pandemia, se bordearon los 53 millones de pasajeros. “Aena ha planteado unos plazos y una lógica de trabajo que no se adecúan al proceso de reflexión que tenemos que hacer”, ha insistido Torrent. Aena, empresa cotizada participada por el Estado, pone de relieve que la exigencia de calendario no es un capricho, sino que responde a la necesidad de tener que presentar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) al consejo de ministros antes del mes de septiembre.
La decisión sobre ampliar o no el aeropuerto “necesita unos tempos y unos ritmos”, justifica el responsable de Empresa. El asunto se ha convertido en una patata caliente para el Govern, que trata de hacer equilibrios ante aquellos que rechazan frontalmente el agrandamiento del aeropuerto, básicamente los municipios más cercanos a las pistas y algunos colectivos ecologistas, y las voces que exigen compromiso para no dejar pasar una oportunidad que implicaría prosperidad económica. Fomento del Trabajo lidera a un grupo de más de 200 entidades empresariales y económicas que se han posicionado a favor de la obra. También el Gremio de Hoteles de Barcelona reclamó recientemente a la Generalitat que dé un paso al frente.
En este sentido, Roger Torrent ha negado que el tema tenga dividido al Ejecutivo. “El Govern concilia todas las visiones del país”, ha justificado. El debate sobre la conveniencia de aceptar o no la propuesta de Aena ha visibilizado las discrepancias entre Junts y Esquerra. El vicepresident Jordi Puigneró afirmó que la Generalitat “no bloqueará” la inversión. Mientras, la consejera de Acción Climática, la republicana Teresa Jordà, tuvo la semana pasada una reunión con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras la cual manifestaron su oposición a la idea de estirar la pista: “Cualquier propuesta de ampliación del aeropuerto tiene que garantizar la protección de La Ricarda”, fue la conclusión que revelaron tras la reunión.